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Aguirre dice que los pacientes en espera rechazan la sanidad privada

lunes 21 de enero de 2008, 10:41h
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó este lunes que todo aquel que lleva más de 30 días en lista de espera es porque ha rechazado la opción de operarse en la sanidad privada. "Los que esperan más de 30 días para operarse en Madrid es porque no quieren aceptar irse a operar en un hospital privado", dijo Aguirre.
Una decisión que, según Aguirre, es muy loable. "Que me encuentren uno que diga que tiene que ser operado y no le hayan ofrecido un hospital privado", dijo, al tiempo que subrayó que su compromiso electoral en este tema era no superar los 30 días en las operaciones no graves.

En este sentido, subrayó lo acertado de su decisión de abrir ocho nuevos hospitales en la región a la luz del incremento de la población madrileña, en contra de lo que afirmó el PSOE en su momento de que eran "absolutamente innecesarios". De hecho, reconoció que, cuando hay problemas de epidemia de gripe, aún se colapsan las Urgencias.

Por otra parte, respondió a las críticas del ministro de Sanidad, Bernat Soria, en las que la acusó de "hacer negocio con la salud". "El señor Bernat Soria tendrá que convencerse de que en los servicios de titularidad pública, las administraciones estamos para garantizar esos servicios, su calidad, su gratuidad, y su extensión a toda la población, pero que la prestación de un servicio público por una empresa privada es más ética en muchísimas ocasiones y en muchísimos sectores", añadió.

Así, recordó el caso de la privatización del servicio de recogidas de basuras, que "hace 30 años prestaban los ayuntamientos y aquello fue una guerra contra esa privatización".

Entre los nuevos centros que el Gobierno regional inaugurará previsiblemente en febrero, el de Valdemoro, ya abierto, será "de gestión privada", pero en cuanto al resto "muchos de ellos tendrán una sección privada" que se encargará de cuestiones como el catering o la lavandería, pero "la medicina" correrá a cargo exclusivamente de "personal de la Comunidad de Madrid", estatutario o contratado. En estos centros hospitalarios la "titularidad" y la "inspección" seguirá siendo pública, insistió.

A su juicio, el principal problema para Madrid en materia sanitaria será también el que se plantea en España de falta de personal sanitario. "Se lo he dicho a los dos ministros socialistas: en España no hay suficientes médicos y desgraciadamente se mantienen los números clausus", que siguen desde hace 30 años y que establecen un número limitado para los estudiantes de medicina.

"Con 44 millones de ciudadanos, con el crecimiento de la esperanza de vida, el aumento de la prevención, la extensión de la Seguridad Social o de la garantía sanitaria, no hay médicos, no tenemos pediatras, anestesistas y hay especializaciones médicas en las que hasta dentro de 10 años no habrá un español", recalcó.

Por esa razón, dijo, su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, está pensando en cómo hacer posible centros de investigación que ofrezcan formación en otras universidades, con el fin de que se amplíe el número de médicos existentes.

Menor efecto de la crisis inmobiliaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó este lunes que los efectos de la crisis inmobiliaria tendrán "mucha menos afección" en la región que en el resto de España, por las 45.000 viviendas públicas para el alquiler que el Ejecutivo autonómico va a construir en suelos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y porque el Gobierno regional "se encargará de incentivar y de estimular a los constructores".

"De momento en la Comunidad de Madrid estamos teniendo muchísima menos afectación de la crisis inmobiliaria y de la construcción que en el resto porque estamos impulsando las 45.000 viviendas de alquiler en los suelos del IVIMA y porque a nuestro Gobierno jamás se le ha ocurrido criticar a los del ladrillo", indicó Aguirre esta mañana.

Preguntada por los efectos de la crisis inmobiliaria en la región, Aguirre apuntó que el Ejecutivo autonómico "cree que la construcción es un sector importantísimo para la economía española y lo estimula", y añadió que las consecuencias de ese "parón por las incertidumbres que al parecer están en el horizonte" serán menores en la Comunidad de Madrid, porque "el Gobierno regional se encargará de incentivar y de estimular a los constructores, que son generadores de riqueza empleo y prosperidad".

Asimismo, la presidenta apuntó que el sector de la construcción tiene un peso en el Producto Interior Bruto (PIB) regional de un 9 por ciento y que en Andalucía es del 13,5 por ciento.

"No tiene la culpa" de la inseguridad
En otro orden, Esperanza Aguirre, afirmó que el Gobierno regional "no tiene la culpa" del aumento de los índices de delincuencia registrados en la región y recordó que a pesar de que la seguridad no entra dentro de las competencias autonómicas, su equipo ha puesto en servicio 2.500 policías en la región para que velen "exclusivamente por la seguridad".

"No es sólo que no tenga la culpa la Comunidad Autónoma, sino que hemos puesto 2.500 policías municipales dedicados única y exclusivamente a la seguridad con un presupuesto de 8.000 millones de euros a lo largo de la vigencia de los convenios que hemos firmado con los ayuntamientos", señaló la presidenta en relación a la creación de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad (BESCAM).

La líder del PP de Madrid afirmó que lleva cuatro años y medios preocupándose por la seguridad en la región e indicó que las competencias en esta materia dependen del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "que manda a la Policía y a la Guardia Civil". "En vez de meterse en los asuntos internos del PP debería garantizar la seguridad ciudadana en Madrid", apostilló.

En este sentido, aseguró que es una "vergüenza" que "las plantillas de la Guardia Civil no estén cubiertas, que los ciudadanos están desprotegidos y que las mafias internacionales estén haciendo que poblaciones enteras estén atemorizadas". Además, destacó que el caso de José Luis Moreno "está ocurriendo todos los días".

"La obligación fundamental y prioritaria de la que no se puede nadie librar, porque la tienen que hacer los poderes públicos, es garantizar la seguridad ciudadana y jurídica", concluyó.

El eje Prado-Recoletos pendiente de un informe
Además, la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, afirmó este lunes que la reforma del Eje Recoletos-Prado está a la espera de que el Ayuntamiento de la capital envíe a la Comunidad un estudio de circulación que garantice que la reforma no suponga problemas de tráfico para la zona.

"Confiamos en que el Ayuntamiento envíe un estudio de circulación que garantice que pasar de siete carriles por sentido a dos en el eje más importante norte-sur de Madrid no va a colapsar el tráfico a los ciudadanos", señaló Aguirre.

Asimismo, la presidenta esperó que el posible desvío por la calle Alfonso XII "no vaya a tener peores consecuencias que el actual" y  recordó que la Comunidad propuso una "solución en forma de túnel" para llevar a cabo la reforma del Eje.

   "Dijimos que si se quiere cortar el tráfico, que es una decisión propia del alcalde, a lo mejor habría que dar un solución en forma de túnel", indicó Aguirre. Por último, la presidenta regional recordó que hace unos meses el Gobierno autonómico recibió un proyecto que significaba la tala de 700 árboles con un informe ambiental "negativo" y que el actual respeta los árboles, pero que "tiene consecuencias para el tráfico".
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