Libertad vigilada para las mujeres

El aborto, o interrupción voluntaria del embarazo, está en España despenalizado en tres supuestos:violación, malformación del feto y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Es así desde hace más de 20 años, después de superarse parcialmente una situación, la de la mujer, en la que las que decidían cortar -con su correspondiente trauma- su embarazo –no siempre deseado- se encontraban no sólo con problemas legales sino también con peligros para su salud.

En aquellos años, las que abortaban no sólo debían gastar un dinero que no siempre tenían y arriesgarse, tomando una decisión muy personal,  a ser insultadas, mal vistas y, si se daba el caso, castigadas. También eran delincuentes los médicos que realizaban esta práctica clínica y los que colaboraban en lo que muchos consideraban un crimen. El aborto en condiciones más o menos decentes tenía mucho con ver con la posición social de la mujer. Las ricas, evidentemente creyentes convencidas y críticas con las posiciones de las mujeres que reclamaban su derecho a decidir, también sobre su cuerpo, si se embarazaban en el momento menos oportuno, siempre tenían a mano deshacer lo hecho en el extranjero: con sigilo, buenos contactos y mejor cartera de valores económicos.

Eso se decía entonces. Costó tener lo que se tiene, pero los nuevos problemas requieren viejas/nuevas soluciones. El aborto libre y gratuito que se pedía en los años 80 del siglo XX no termina de llegar. Una ley de plazos, similar a la que existe en Francia o en otros países europeos, permitiría avanzar en el derecho a decidir de las mujeres, que tienen autoridad para hacerlo sin la vigilancia de los hombres moralistas que se creen iluminados y con capacidad de decidir qué es bueno y malo para los demás.

La mujer tiene, en primer lugar, que ser consecuente con su conciencia individual y actuar conforme a sus principios. Si considera que sus relaciones sexuales tienen que ser de una manera determinada, lo más lógico es que actúe en consecuencia. Y si además cree firmemente que no interrumpirá nunca sus embarazos, pues nada, a tomar ese camino, dentro de su libertad de decisión, y a exigir respeto para sus determinaciones. Pero si la decisión libremente tomada es la de interrumpir su embarazo, después de muchas reflexiones y dudas, ¿por qué tiene que depender su opción del que vigila su libertad de decisión? La derecha, que cuando ha gobernado no ha tocado la citada ley y cuando ha necesitado abortar lo ha hecho, permanece en silencio y calla ante los ataques de los antiabortistas contra las clínicas -privadas en su mayoría porque la Sanidad Pública mira hacia otro lado y no al de la mujer- que actúan conforme a la legislación.

La izquierda gobernante, prudente ante la cercanía de las elecciones de marzo, ofrece tímidas promesas y dice  que reflexionará sobre los derechos de la mujer, aunque sin atreverse a asegurar que cumplirá su compromiso de siempre de impulsar una ley de plazos. Todos las vigilan para que no hagan lo que no deben, siempre por su bien, pero ha llegado el momento de dejarlas  decidir plenamente, en consonancia con la necesaria igualdad entre hombres y mujeres. Seguro que nos llevamos un chasco al comprobar que no hay defensoras del aborto sino personas que deciden libremente lo que en cada momento creen mas conveniente, siempre dentro de la legalidad, que parece necesitar  un cambio urgente.