Esquivo respaldo a Provoste

La Tercera señala que la Presidenta se refirió el lunes por primera vez a las irregularidades en la entrega de subvenciones escolares, escándalo que escaló mientras la mandataria se encontraba de vacaciones, en la Novena Región.

Pese a ser consultada en tres oportunidades respecto del rol de la ministra Yasna Provoste en el polémico caso, la Jefa de Estado no manifestó explícitamente su apoyo a la gestión de la titular de Mineduc, a diferencia de lo expresado durante la semana pasada por los ministros José Antonio Viera-Gallo (Segpres) y Francisco Vidal (Segegob).

Sin embargo, la Mandataria pidió "moderación" a los actores políticos, al tiempo de recalcar que "el gobierno ha seguido todos los procedimientos necesarios y ha prestado la colaboración necesaria en esta investigación".

"Quienes atentan contra los intereses del Estado, especialmente cuando estamos hablando de recursos para la educación, merecen recibir todo el castigo y el rigor que contempla la ley, y esto que estoy diciendo no es patrimonio de ningún sector político, no es ni patrimonio de la Alianza ni de la Concertación ni de ningún bloque político en particular, es un concepto que está en el pensamiento de la mayoría de los chilenos", sostuvo Bachelet.

"Con el dinero de los chilenos no se juega y la verdad (es que)  desde el primer día que asumí como Presidenta yo he sido muy clara en este respecto", agregó. La Presidenta revisó el lunes el avance de las obras de extensión de la Línea 5 del Metro en Quinta Normal.

Por su parte, El Mercurio también destaca en su portada que Bachelet “elude brindar apoyo directo a Provoste”. El matutino releva la frase presidencial de que “con el dinero de los chilenos no se juega”.

Sin embargo, el matutino dedica su principal titular a una nueva denuncia de falta de probidad en el Gobierno. Según el diario, un informe de la Contraloría revela irregularidades en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El sumario concluye que la SEC hizo mal uso de recursos, destinándolos a planes que nunca se ejecutaron.

También objeta pagos a cargos que no existían y despidos a quienes denunciaban estas prácticas. Los montos cuestionados por la Contraloría llegarían, según El Mercurio, a 90 millones de pesos, suma equivalente a unos 130 mil euros.