La Comunidad de Madrid defiende su actuación en las residencias de mayores después de los casos registrados en los centros 'Manoteras' y 'Goya'. Ignacio González, vicepresidente primero y portavoz del gobierno autonómico, salió este jueves al paso de las acusaciones de dejadez y aseguró que "no hemos dejado de ejercer nuestro deber de vigilancia".
González contesto así después de que la Comunidad haya cesado al director de la residencia 'Manoteras' por pretender ahorrar presupuesto a costa de recortar la calidad y la cantidad de la comida a los ancianos. En el caso del centro 'Goya', los libros de enfermería revelan que en enero de 2007 existían graves problemas de atención a los ancianos, que todas las mañanas sufrían malas condiciones higiénicas por falta de cuidados a nivel personal.
Dentro de esta defensa, el Comité de Empresa de la residencia 'Goya' aseguró este jueves que la "alarma" que se pretende transmitir respecto a lo ocurrido en su centro es "desmedida e injustificada", y que los incidentes se debieron al proceso de "normalización" del servicio desde su reapertura como centro para ancianos asistidos.
"Aunque a veces se den circunstancias no queridas por nadie, los servicios sociales que tenemos y los que estamos poniendo en funcionamiento son bastante buenos, aunque todo es mejorable", recalcó González, que recordó que la Comunidad dedica este año 780 millones de euros a la atención a personas dependientes y que está ampliando tanto las plazas como las plantillas de trabajadores.
Planes de inspecciones
Respeto al control del servicio en las residencias públicas o subvencionadas, González añadió que la Comunidad considera un "objetivo prioritario" la atención a los mayores. Prueba de ello, según el vicepresidente, es que se han realizado inspecciones en otros centros "y se han cerrado al encontrar deficiencias". "La residencia 'Goya' fue inspeccionada tres veces desde enero, y se verificó que esas circunstancias no volvieron a producirse", apuntó.
La llamada a la tranquilidad del portavoz del gobierno no convence a IU ni a UGT, que han pedido más recursos para tareas de vigilancia, así como que se abra una investigación sobre la realidad de la asistencia en las residencias de la Comunidad.
Que la consejera dimita
Más rotundo fue el PSOE, que a través de su portavoz de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea, la diputada Pilar Sánchez Acera, que reclamó la dimisión de la consejera Gádor Ongil como máxima responsable de lo que ocurre en las residencias.
La diputada anunció además que "tenemos más denuncias". “Próximamente en la Asamblea vamos a hablar sobre la residencia Reina Sofía de esclerosis múltiple. También sobre una residencia concertada en Leganés, y de la residencia de mayores Jesús de Medinacelli”, apuntó.
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