Ojo con los ‘Falsimedias’

El ataque armado perpetrado por Colombia en territorio ecuatoriano a las 0.25 horas del 1 de marzo contra un campamento de las FARC, nuevamente dejó como víctima esencial a la verdad. Aparte de la joven estudiante mexicana Lucía Morett, lo único que interesadamente sobrevive son los 18 mil supuestos textos incautados por agentes de inteligencia colombianos de dos computadoras que habrían pertenecido al asesinado comandante Raúl Reyes. La manipulación de sus supuestos contenidos es la munición que entretiene hasta hoy a la mayoría de los medios  de comunicación. Pero ocultan que este jefe guerrillero era quien mantenía los contactos internacionales para resolver la libertad de Ingrid Betancourt y de otros cautivos.

Las justificaciones de la masacre ocurrida a orillas del río Putumayo, tal como ocurrió con los “argumentos” de Bush para desatar su invasión a Irak, han servido a los consumidores de noticias para constatar, una vez más, que la fábrica ideológica del poder hegemónico ya domesticó el “sentido común”. Todo aquello que no está en los cánones de la “guerra global contra el terrorismo” son verdades desechables.

Este lunes 17 se reúne la asamblea de la OEA en Washington para tratar de resolver su incordio –más bien la aporía, diría un castizo bien hablado- de su acuerdo que dice “rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador”, pero que evadió condenar al gobierno de Bogotá. De acuerdo a la legalidad imperial, que hoy se aplica a rajatabla,  los 25 muertos ya no cuentan. Se trataba de guerrilleros o simpatizantes intrusos. No eran personas, simplemente “bajas colaterales” de una operación de seguridad.

¿La soberanía ultrajada de Ecuador?  “No me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo”. Fue la respuesta de Álvaro Uribe, que pretendió justificar su acción de terrorismo de Estado ante su colega ecuatoriano, Rafael Correa,  y los mandatarios del Grupo de Río. Repitiendo en castellano las recetas de George Bush, sostuvo que hoy la soberanía ya no es un valor absoluto, pues ella debe equipararse al derecho a la seguridad. Pinochet argumentó en términos idénticos en su tiempo. Con las guerras preventivas imperiales ya no tienen vigencia el derecho internacional, los valores esenciales de los pueblos y de las personas. En esas mismas horas Bush retrataba en Washington su estatura moral al dar validez legal a la tortura.

Han transcurrido quince días y el gobierno azteca sigue guardando un silencio cómplice sobre los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por el bombardeo y los rangers colombianos. Padres atribulados, entre visitas a la morgue de Quito y entrevistas con autoridades ecuatorianas, son los únicos que denuncian: “acusaremos a Uribe por este crimen de Estado”. La cancillería azteca, por su parte, aclara: “esperamos los resultados de las investigaciones”. Mientras, agentes de inteligencia colombianos pululan en las Universidades Autónoma de México y de Chapingo -trajinando instalaciones y asediando alumnos- donde estudiaban los jóvenes asesinados o sus padres son docentes. Ante las protestas por estas acciones de ingerencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana expresó oficialmente: “entre las autoridades competentes de México y Colombia existe una estrecha cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado en todas sus manifestaciones”.

El eufemismo “crimen organizado” se asigna en México al narcotráfico. Ya está claro. La juventud que tiene posiciones progresistas, que se identifica con movimientos liberadores, ahora es anticipadamente criminalizada como expresión de “las manifestaciones” del narcotráfico o del narcoterrorismo. Un sector cada vez más amplio de estudiantes y académicos se ha erguido en defensa de la universidad pública, pluralista, democrática y crítica que hoy es atacada por los conocidos de siempre. La acusan de ser semillero de terroristas. La directora de una escuela preuniversitaria donde estudió uno de los muertos, expresó hace pocos días que querría tener más alumnos como esos jóvenes “guerrilleros de la palabra y de las ideas de antes” en lugar de “una juventud adocenada, muda y sin valores solidarios que ahora es formada por el sistema educacional y los medios de comunicación”.

Estas voces que exigen que México diga algo, oficialmente, respecto de esos jóvenes asesinados ocupan poco espacio en los medios. Dan mayor despliegue a las declaraciones de Washington que seguirá bregando por incluir a Venezuela entre “los estados canallas”, que califica de terroristas. Y como en Chile y en México también se cuecen las mismas habas, es ilustrativo señalar algunas realidades.

En México existen dos consorcios televisivos con siete canales nacionales, que se prorratean cerca de 588 repetidoras, locales y estatales; 1 332 radioemisoras; 400 diarios, 192 revistas y 59 agencias noticiosas. Pero cantidad no significa diversidad. La concentración de la propiedad de los medios es parecida a la de Chile. La súper o ultra propietaria es Televisa, la más poderosa empresa de comunicación y entretenimiento de América Latina. Tras una silenciosa operación por 70 millones de dólares que se inició en el 2001, Televisa vendió la mitad de su división radiofónica –más de un centenar de emisoras- al grupo español Prisa. Y no sólo fue una cuestión de dólares. Prisa pasó a ser “la responsable de los contenidos de esas emisoras”. La ley mexicana vigente entonces, establecía que las empresas de radiodifusión solamente pueden ser propiedad de mexicanos. Que los extranjeros, basándose en una disposición “de inversión neutra”, sólo tienen derecho a recibir utilidades, pero no participar en las decisiones de las empresas. Como la operación contó con la bendición del anterior presidente, Vicente Fox, esas medidas precautorias fueron obviadas.

Los mexicanos recién vinieron a enterarse en enero de este año que los intereses neoimperiales españoles ahora pueden formar o deformar su mentalidad, con aval de su gobierno. Fue cuando los mentores de Prisa despidieron a la mejor periodista de este país, Carmen Aristegui, animadora por cinco años de un programa informativo en Radio XEW, más conocida como “Doble U”. Con anterioridad le ocurrió lo mismo a Javier Solórzano. Gracias a la pluralidad y objetividad de esos comunicadores la XEW alcanzó y mantuvo los más altos rating de audiencia y credibilidad. Pero Prisa no es sólo una empresa de comunicaciones. Al menos en México, también cuida los negocios de su editorial Santillana. Ésta, bajo los gobiernos del Partido de Acción Nacional, se constituyó en la principal proveedora de “textos gratuitos”, que el Estado proporciona a los alumnos de educación primaria y media. Es un apetecible mercado de unos cien millones de textos cada año. Y no es casual que el alto ejecutivo de Santillana y del grupo Prisa sea Juan Ignacio Zavala, cuñado del Presidente Felipe Calderón, como lo han señalado diversos medios. El único periodista sobreviviente en la XEW es Carlos Loret de Mola, quien mantiene una cada vez más decaída audiencia. Esto, porque se adaptó al “formato de Prisa”. De haber sido un comunicador versátil y bien informado, sus espacios en el canal 2 de Televisa y en la emisora, han derivado en un tratamiento informativo de las noticias como si se tratara de un espectáculo festivo, chacotero. Anoto esto último pues leí en la versión electrónica de La Nación que el “hombre ancla” de la radio ADN (¿Ácido Desoxirribono Nucleico?), cabeza de playa de esta invasión mediática, es ahora el buen profesional Alejandro Guillier. También anoté sus ensoñaciones. Ojala se le cumplan.

Por hechos como los reseñados, en algunos sitios web se ha consagrado una nueva calificación de los medios de comunicación: los falsimedias y los verazmedias. La presentación y énfasis de los impactantes hechos de estos últimos días, al menos en México y en Chile, otorga mayor vigencia a esa definición. En este maniqueísmo impreso, radial y televisivo se hace difícil pillarle la cola a la verdad. Es más posible encontrarla ahora en los medios electrónicos alternativos de la web.

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Guillermo Ravest
Periodista