La reforma energética posible

La reforma energética posible

Por: Juan José Huerta

Viernes 5 de septiembre de 2008 Este mes de septiembre será definitorio para la reforma a Petróleos Mexicanos y parecieran acomodarse las condiciones políticas para su aprobación mediante un acuerdo negociado entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. El líder moral de este último, Cuauhtémoc Cárdenas, confía así en que será aprobada una buena reforma energética.

Será un acuerdo “a la mexicana”, es decir, mediante un cuidadoso compromiso entre sus diferentes posiciones, incluso con algunas medidas propuestas por el grupo de expertos del Frente Amplio Progresista, pero siempre tendente hacia el centro político. El PRD tendrá una responsabilidad particular, pues deberá maniobrar para neutralizar las movilizaciones y las “sorpresas” que plantea el FAP de Andrés Manuel López Obrador, y quitarle a éste la bandera principal con la cual pretende seguir vivo políticamente, lo cual sólo podrá ser posible si a su vez el PAN deja de insistir en posiciones extremas de participación privada en la industria petrolera y el PRI acepta alguna disminución del poder de la cúpula sindical de Pemex, lo que no necesariamente significa afectar las legítimas prestaciones de los trabajadores de la paraestatal.

En cuanto a la “privatización”, el tema polémico, las propuestas estarían más cerca de lo que parece. La del presidente Calderón y la del PRI aceptan que Pemex contrate con particulares los servicios de refinación, ductos, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. La propuesta del FAP no está muy alejada, pues “prevé, naturalmente, que Pemex acuda a la contratación de obras y servicios con particulares”, aunque “establece, desde la Ley Reglamentaria misma, un requisito que tornará imposible comprometer a trasmano participaciones en la propiedad del recurso o en la renta derivada de su extracción”, y también fija que “ningún contrato podrá otorgar porcentajes en los productos y participación en los resultados de las explotaciones... tampoco podrá convenirse el pago en efectivo del equivalente a esos porcentajes o participaciones” (Jorge Eduardo Navarrete, La Jornada, 28 de agosto).

Creo que un acuerdo sería posible con estos elementos y algunas afinaciones adicionales, como que se pueda contratar la refinación por particulares y no así el servicio de transporte de petrolíferos por ductos o su almacenamiento, dadas las implicaciones estratégicas de derecho de vía a través de varios estados y la protección de ductos e instalaciones.

Otro punto clave es la “autonomía de gestión” o presupuestaria de Pemex. El grave problema que se ha creado a través de los años es que una empresa tan grande y compleja enfrenta muchas dificultades y rigidez de operación, establecidas como candados para evitar la corrupción, pero que se han desvirtuado y burocratizado, como pasa en muchas áreas de la administración pública. Ahora bien, la gestión es una función ejecutiva y se introducirían riesgos de falta de dirección y anarquía si se involucrara en ello al Congreso. La rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades es el arma para controlar la gestión del Ejecutivo.

Dado que “autonomía de gestión” no debe significar separar a Pemex del cumplimiento de objetivos nacionales, me parece que será posible llegar a un buen compromiso con esa meta entre las varias propuestas, para garantizar una administración mucho más eficiente y transparente y, sobre todo, para erradicar en definitiva la posibilidad de malos manejos por parte de sus administradores o trabajadores.

Sí, porque la corrupción, el “contratismo”, el tráfico de influencias, el peculado, son de las fallas más graves en nuestra industria petrolera nacionalizada, y de los más importantes canales por donde se fuga la renta petrolera; hasta el “robo hormiga” en los ductos de Pemex asume proporciones elefantiásicas. Mención aparte merece la indeseable relación de favores metalegales que a través de los años se ha desarrollado entre Pemex y la cúpula del sindicato de sus trabajadores.

Pero se impone una salvedad muy importante: para llegar a ese acuerdo básico, que destrabaría la reforma petrolera, los partidos involucrados en la negociación y la opinión pública en general, deberán tener muy claro que eso será sólo el principio de la solución del complejo problema de dependencia petrolera en el que cayó nuestro país.

En efecto, México contaba con todo para hacer del petróleo una verdadera palanca del desarrollo: abundantes reservas, una compañía estatal fuerte e integrada, un mercado interno y una planta industrial en crecimiento y amplias posibilidades de exportación al mayor mercado del mundo. Sin embargo, Pemex dejó crecer vicios de estrategia y operación y ha fallado decididamente en la administración del recurso petrolero, afectando muy sensiblemente su eficiencia y sus resultados, lo que junto a la corrupción sin límites ha puesto a esa industria en la actual postración, sólo atenuada o disfrazada por los altos precios del petróleo en el mercado mundial.

A nivel de la política petrolera, la lista particular de errores es muy amplia. Para empezar, el gobierno ha usado a Pemex persistentemente a través de los años como fuente de obtención de cuantiosísimos recursos financieros para integrar el presupuesto del gobierno federal, y también de los estados, con lo que bajan a niveles mínimos los fondos que le quedan a la empresa para inversiones en exploración petrolera, en el desarrollo de su estructura industrial y en el mantenimiento de la misma, así como en investigación tecnológica. Como resultado, cerca del 90 por ciento de lo invertido en la industria petrolera se hace bajo la modalidad de contratos de endeudamiento con particulares mediante la figura de proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto (Pidiregas).

Así, para darnos una idea del inmenso hoyo impositivo que tiene que llenar Pemex, de enero a julio de 2008, el país obtuvo ingresos del petróleo por 544.7 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno federal (y de los estados) se quedó con 328.8 mil millones y Pemex únicamente con 215.9 mil millones de pesos. Por lo tanto, cualquier reforma petrolera exitosa tiene que resolver primero que nada quién va a pagar, y cómo y en qué plazo, los impuestos necesarios para cubrir el 34 por ciento del presupuesto gubernamental.

Otro problema grave de política ha sido el descuido al “valor agregado” nacional; miles de millones de pesos del presupuesto de adquisiciones de Pemex van a engrosar las importaciones y no a alimentar la planta industrial del país, no a la creación directa de empleo en México, no a la investigación tecnológica nacional. El caso más emblemático es la patente negligencia en la administración de Pemex en la construcción de refinerías en México, que obliga actualmente a la importación del 40 por ciento del consumo de gasolinas. Mauricio de María y Campos ha abordado in extenso este tema recientemente en El Financiero, y aboga por que la reforma petrolera incluya imperativamente “la definición de una estrategia de desarrollo de proveedores industriales, de servicios y de tecnologías nacionales, como hacen todas las empresas petroleras exitosas del mundo. En ese contexto —dice también— la utilización y el desarrollo de proveedores nacionales deben estar claramente presentes, sujetos a mecanismos eficaces de transparencia, control y supervisión”.

Pero la reforma petrolera no será una verdadera reforma energética sin un programa nacional de ahorro de energía, que incluya tanto la promoción de las energías sustentables como la eficiencia en el uso de la energía. Dos iniciativas de ley recientes ya contemplan este aspecto en lo particular. Para lo primero, el Partido Verde Ecologista de México ha anunciado que se sumará al compromiso político si se contemplan en éste sus propuestas presentadas en su iniciativa del 13 de agosto sobre una Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables. La laguna de la eficiencia energética ha sido cubierta por el PAN con su iniciativa del 2 de septiembre para crear una Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Esta es la reforma energética posible y es urgente que en este mes de septiembre el Congreso llegue a un compromiso político para llevarla adelante, de forma tal que se dé vuelta a la página petrolera y el debate nacional se pueda concentrar en otros temas, la seguridad, el inmediato, pero más trascendente, la reactivación económica y la creación de empleo que son los que pueden colocar al país en la ruta correcta del progreso y de la reconciliación nacional. Así sea.

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