Las prefecturas y comités cívicos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija dispusieron de 35,5 millones de bolivianos en la temporada preelectoral, mientras que el Gobierno, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las organizaciones afines al partido oficialista desembolsarán 10,5 millones de bolivianos. Estos recursos sólo forman parte del “colchón económico oficial” de las propuestas, pero la tarea “pesada” de las campañas fue asignada a operadores políticos, como dirigentes de movimientos sociales, diputados, jefes de campaña, cívicos y, en las regiones que persiguen la autonomía, brigadas juveniles.
El Poder Ejecutivo tiene previsto desembolsar unos 10 millones de bolivianos para la “socialización” de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) entre los sectores sociales y la sociedad civil. Estos recursos están inscritos en una partida del Presupuesto Operativo Anual 2008.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Sacha Llorenti, explicó que este monto servirá para la impresión de los textos constitucionales y para la organización de seminarios dirigidos a los representantes y delegaciones que ya solicitaron cursos de capacitación. Este matutino también conoció que una entidad llamada Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam), formada por organizaciones sociales afines al MAS, y partidos aliados, como el Movimiento Sin Miedo (MSM), participarán en la difusión del texto constitucional. Además, el partido oficialista lanzará dentro de poco tiempo una campaña por el Sí al texto constitucional con su propio sello.
Empero, el trabajo de “socialización” de la nueva Carta Magna fue encomendado a la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (Repac), que funciona con un presupuesto de 10 millones de bolivianos asignado en 2006, aunque en algunas ocasiones también recibió el apoyo de organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los spots y jingles que emiten actualmente los canales de televisión y las radios fueron elaborados por la Repac, que tiene un equipo de 60 capacitadores que dictan seminarios sobre la nueva CPE a sectores sociales y a los líderes de estas organizaciones en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Oruro.
En diálogo con La Prensa, el responsable de esta organización, Juan Carlos Pinto, reconoció que la campaña no sólo busca “difundir” el texto constitucional, sino también inclinar el voto a favor del Sí, como muestran los avisos televisivos y cuñas radiales. Aunque Pinto aclara que “no es una campaña electoral”, sino un “proceso de educación ciudadana”.
Los jingles radiales de la Repac son elaborados por la productora Cepra, que tiene su sede en la ciudad de Cochabamba, y los spots son realizados por un estudio de producción de videos que funciona en la ciudad de La Paz.
Los mensajes de estos productos audiovisuales son delineados por un equipo de asesores bolivianos, entre ellos Silvia Mejía, Idon Chivi y Adolfo Mendoza, y ocasionalmente participaron el sociólogo Raúl Barrios y el antropólogo Xavier Albó. La primera fase de este trabajo apunta a “desnudar” los miedos de la población, como la propiedad privada, educación o la libertad de culto.
La segunda fase estará orientada a los empresarios privados y sectores productivos. La producción y la difusión de los mensajes son financiadas con los recursos propios de la Repac que le fueron asignados en 2006, según Pinto. El responsable de esta institución dijo que ya tienen pocos recursos y buscarán apoyo de organizaciones internacionales, como la GTZ alemana.
La estrategia masista
Para el partido oficialista, la campaña apenas comienza, pues existe una estrategia denominada de Educación Cívica y Divulgación Política del proyecto de Constitución, que tiene como objetivo que el nuevo texto sea “apropiado” por los sectores sociales. La Cámara de Diputados también comenzó a entregar copias del documento de 411 artículos y publica boletines informativos diarios.
Una primera fase del proyecto es la divulgación de los derechos “fundamentales y fundamentalísimos” de las personas, según el jefe de bancada de los diputados del oficialismo, César Navarro. “Ni siquiera la oposición puede cuestionar estos principios que contiene únicamente la Constitución boliviana”.
Esta campaña será financiada con “aportes voluntarios” de diputados, senadores y funcionarios que trabajan en las dependencias del Poder Ejecutivo. Estos recursos, según conoció La Prensa, alcanzan a cinco millones de bolivianos, aunque los gastos serán mayores porque la campaña no tiene un límite.
El diputado Gustavo Torrico adelanta: “Nuestra campaña será al estilo del MAS”. Por ello, los mensajes radiales, boletines informativos, seminarios con organizaciones sociales, reuniones callejeras y la comunicación interpersonal forman parte de las técnicas de este partido.
Torrico dice que esta estrategia será ejecutada por los diputados uninominales, brigadas parlamentarias departamentales, asambleístas, jefaturas departamentales y provinciales del MAS y los gobiernos municipales copados por este partido político. Los principales operadores políticos del partido oficialista durante la época preelectoral serán los jefes de bancada César Navarro, de Diputados, y Félix Rojas, de Senadores.
A esta estrategia se suman la Televisión Boliviana (TVBN), la Agencia Boliviana de Información (ABI), la radio Patria Nueva y las más de 30 radios de la red de emisoras de los pueblos originarios abiertas por el Gobierno con el apoyo de Venezuela.
Los actos a los que asiste el presidente Evo Morales también son aprovechados para entregar los textos oficiales. La agencia ABI redacta a diario notas referidas a la nueva CPE y en su página web (www.abi.bo) se puede encontrar un vínculo a los artículos del documento constitucional.
El partido oficialista, según el diputado masista Gustavo Torrico, no contratará asesores extranjeros para su campaña. Los mensajes serán guiados por líderes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Colonizadores, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Federación de Cocaleros y otras afines al MAS.
Este medio averiguó que también existen asesores, uno de ellos el ex ministro de Educación Félix Patzi, uno de los ideólogos de la Ley de Educación que está reconocida por el proyecto de Constitución aprobado el 9 de diciembre en la ciudad de Oruro.
El jefe de bancada de diputados del MAS, César Navarro, explicó que los operadores de la campaña del MAS serán los jefes departamentales de este partido, dirigentes de organizaciones sociales, constituyentes y los legisladores. “Todos vamos a aportar. Por ejemplo, yo hice imprimir como 10 mil textos en el departamento de Potosí”.
Las campañas de la “media luna”
Los cuatro departamentos que conforman la “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni) invertirán aproximadamente 35.590.000 bolivianos para la organización del referéndum y socialización de los estatutos autonómicos.
Unos 24 millones serán destinados, de manera oficial, por las prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija para que sus respectivas cortes departamentales electorales administren los procesos, mientras que los restantes 11 millones serán aportados por los comités cívicos para la campaña por el Sí a los estatutos.
Las únicas prefecturas que desembolsaron recursos públicos para la difusión de los textos autonómicos son Beni, con 190 mil bolivianos, y Tarija, que aprobó 1,4 millones. En total se gastarán 25,5 millones de los presupuestos departamentales. Las otras regiones los financiarán con sus propios aportes.
Los 25,5 millones están fuera de toda regulación del Estado, pues el Gobierno desconoce estos procesos, lo mismo que la CNE, la única entidad que puede solicitar el financiamiento de los procesos electorales al Ministerio de Hacienda, según el Código Electoral.
La delegada por las Autonomías de la Prefectura tarijeña, María Lourdes Vaca, reconoció que el gobierno departamental dispondrá de un monto no menor a los cuatro millones de bolivianos para que la Corte Departamental de esa región administre la consulta del 27 de junio.
La Prefectura del departamento de Pando también destinará cuatro millones de bolivianos para que la CDE pandina realice el referéndum programado para el 1 de junio, informó el secretario financiero del Gobierno departamental, Jorge Sánchez.
Empero, la Prefectura de Santa Cruz destinará la mayor cantidad de recursos a la realización de su referéndum previsto para el 4 de mayo. Once millones de bolivianos serán entregados a la CDE cruceña para que administre el proceso electoral, de acuerdo con fuentes oficiales.
En el departamento de Beni, la administración prefectural erogará cinco millones de bolivianos para la ejecución de la consulta programada para el 1 de junio, informó la dirigente cívica de aquella región Patricia Cardozo.
El dinero para la socialización
Fuentes vinculadas a los comités cívicos departamentales de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando confirmaron que estas organizaciones prevén gastar en las campañas por el Sí a los estatutos más de 10 millones de bolivianos, que serán aportados por empresarios privados y personas que simpatizan con la causa autonómica.
Los cruceños tienen en planes invertir cinco millones de bolivianos en la propaganda y difusión de su Estatuto, mientras que Tarija erogará 2,5 millones para la campaña. Pando gastará 1,5 millones y Beni desembolsará un millón de bolivianos.
Este medio consultó a los cívicos de estas cuatro regiones y cada uno a su turno negó manejar estas cantidades de dinero para las campañas. Más bien argumentaron que la mayoría de su propaganda se hace gracias a las “donaciones y aportes de cívicos” y sectores empresariales.
Sin embargo, el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, reconoció que, si se calculara en dinero el aporte hecho por los ciudadanos a la campaña por el Sí, seguramente “la cifra sobrepasaría el monto citado”, es decir, los 10 millones de bolivianos en los cuatro departamentos.
“Nuestra campaña no está basada en el dinero, porque más que todo es el trabajo de nuestra gente (…) Por ejemplo, tenemos profesionales comprometidos con la causa autonómica que hacen los jingles y las cuñas radiales, las imprentas nos dan las copias de los estatutos y los afiches casi a precio regalado. Eso sin contar el esfuerzo de nuestros jóvenes y mujeres que están haciendo la socialización del Estatuto ad honorem”.
El Consejo Departamental de Beni, en una sesión ordinaria celebrada hace un mes, autorizó, aparte de los cinco millones de bolivianos, a que la Prefectura desembolse 190 mil bolivianos para la socialización del Estatuto beniano.
La campaña previa al referéndum autonómico, según el secretario general del Comité Cívico del Beni, Jesús Hurtado, será “agresiva” para que la ciudadanía apoye con su voto la autonomía departamental. Los funcionarios prefecturales se encargarán de recorrer los barrios de Trinidad para explicar los “beneficios” del régimen autonómico y serán conformados equipos de capacitación que viajarán a las provincias.
La Prefectura beniana organiza en la actualidad seminarios donde se capacita a los líderes de los comités cívicos y organizaciones provinciales para que apoyen al Estatuto Autonómico.
La Unidad de Comunicación de la Prefectura beniana elaboró varios mensajes televisivos y cuñas radiales que convocan a la población a votar por el Sí el 1 de junio. El prefecto Ernesto Suárez también tiene la misión de hacer campaña por la causa beniana: en la mayoría de sus discursos debe hacer referencias a este tema, según un plan de socialización del Estatuto Autonómico al que tuvo acceso La Prensa.
Los principales operadores políticos de la campaña son el Prefecto y los dirigentes cívicos, entre ellos Alberto Melgar. El representante anunció que esta semana comenzará a funcionar una Casa de Campaña que centralizará la información electoral.
En el departamento de Pando, las autoridades departamentales y cívicas convocan a reuniones de coordinación para definir el cronograma de actividades de la campaña electoral.
El vicepresidente del Comité Cívico y responsable de la campaña, Ricardo Shimokawa, anunció que imprimirán 100.000 ejemplares de la carta autonómica. Estos documentos serán distribuidos de forma gratuita en las provincias pandinas. Cada ejemplar será impreso a un costo de 1,20 bolivianos.
En Tarija, la vicepresidenta del Comité Cívico y responsable de la campaña electoral, Patricia Galarza, informó a este matutino que la Prefectura asignó 1,4 millones de bolivianos para los encuentros territoriales y la difusión de la carta autonómica, aparte de los cuatro millones para la CDE de aquella región.
Galarza adelantó que esta semana se formará una comisión para diseñar las estrategias de la propaganda, aunque el proceso corre el riesgo de naufragar porque los dirigentes cívicos de la provincia Gran Chaco y del municipio de Yacuiba exigen la modificación del texto autonómico para que se incluya la elección de subprefectos.
Santa Cruz es el departamento que más avanzó en su campaña por la aprobación de su estatuto. Los cívicos ya ejecutan la segunda fase de la propaganda proselitista, que consiste en generar conciencia en la población sobre temas cruciales, como la tierra, hidrocarburos, salud, agropecuaria y libertad de prensa.
El primer vicepresidente de la entidad cívica, Luis Núñez, dijo que el prefecto Rubén Costas encabeza en persona la difusión del Estatuto por los barrios y las provincias cruceñas.
La “tarea gruesa” de la socialización está a cargo de la Asamblea Provisional Autonómica, presidida por el diputado de Podemos Pablo Klinsky. El dirigente cívico Branko Marinkovic también visita los barrios acompañado de una comitiva de dirigentes barriales.
A esto se suma la campaña mediática de spots televisivos elaborada por una consultora en publicidad integral que lleva el nombre de Ángel. Hace una semana salió el mensaje audiovisual que consta de varias escenas de hombres y mujeres en diversas fuentes laborales.
En las provincias, la campaña de difusión del Estatuto está a cargo de los comités cívicos y provinciales. También existen brigadas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), y universitarios “voluntarios” viajan a las zonas rurales.
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