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La Comunidad derrumbará una vivienda construida en un parque regional

jueves 03 de abril de 2008, 11:09h
Un juez ha ordenado a la Comunidad que derribe una vivienda edificada dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, tras incumplir el propietario de la parcela la orden judicial de demolición que se dictó hace dos años contra él por un delito contra el medio ambiente.
Según ha decidido el juez, el propietario, Ricardo Barretié, deberá asumir los costes de la demolición de la edificación, de más de 180 metros cuadrados, construida en la finca El Guindo, en una zona de máxima protección perteneciente al término municipal de Colmenar Viejo. En su resolución, dictada el pasado 12 de marzo, el titular del Juzgado de Ejecuciones Penales número 12, Antonio Miguel Estables, remite asimismo el caso al Juzgado Decano de Madrid para que estudie si Barretié ha incurrido en un delito de desobediencia.

El abogado de la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y la Sierra de Madrid, Juan Manuel López Rubio, ha explicado este jueves que "al abrirse un nuevo procedimiento penal, es factible la entrada en prisión del condenado", ya que la sentencia fijaba una pena de dieciocho meses de prisión, a los que habría que sumar desde seis meses hasta dos años de cárcel si fuese declarado culpable de un delito de desobediencia.

La Asociación para la Defensa del Valle, que se presentó como acusación particular en el primero de los litigios abiertos contra Barretié, se personará en el procedimiento cuando el juzgado de instrucción abra las diligencias. López Rubio ha subrayado que esta es la primera vez que los juzgados de ejecuciones penales deciden abrir procedimientos por desobediencia.

Además, ha recordado que el propio Barretié dirigió la construcción de la vivienda, ya que es arquitecto, y la sentencia que le obligaba a demolerla, dictada hace unos dos años, le inhabilitó de su profesión durante veinticuatro meses.

Al menos tres órdenes de demolición están pendientes de ser ejecutadas en la región: una vivienda de madera en Guadalix de la Sierra, una plaza de toros y otras edificaciones en una parcela de Robledo de Chavela y un conjunto de construcciones en Valdemanco. Todas estas construcciones están situadas en zonas protegidas, por lo que incurren en un delito contra la ordenación del territorio, según el artículo 319 del Código Penal. Para López Rubio, los responsables de estas construcciones ilegales son "delincuentes ambientales".
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