Desde Montecristi comienzan a llegar señales de que se cocina la sustitución de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el argumento de que es necesario reformular las funciones, estructuras y alcances de todos los poderes del Estado, excepto el Ejecutivo, desde luego.
Una poderosa maquinaria propagandística, abierta o encubierta, ha echado a andar para, tal vez como se hizo con el Congreso y a la vuelta de muy poco tiempo, el régimen correísta tenga una Corte a su conveniencia.
En el proceso de elección de jueces, en la auto depuración necesaria de la Corte, en su funcionamiento mismo, puede haber descalabros, errores, fallas, vicios que se creían superados y hasta burdas negligencias. Quizás por ello sea el poder del Estado en el que la sociedad en su conjunto puede verse reflejada como si fuera un insobornable espejo.
Sorprende entonces que funcionarios gobiernistas, quienes deberían mostrar más responsabilidad e imparcialidad, “santifiquen” procesos bochornosos que se dieron en el pasado en cuanto a la conformación y manipulación de este poder del Estado.
Mucho debió hacerse y deshacerse —incluso con el asesoramiento, dirección y fiscalización de expertos y organismos internacionales— para llegar a la Corte actual y para emprender el difícil camino, que aún se forja, de su independencia política. ¿Sobre la base de qué argumentos debe lanzarse por la borda tanto esfuerzo?
¿O es que acaso se quiere volver a tener una Corte dócil, obediente y transformada en arma implacable contra los adversarios del régimen de turno? Sombras se proyectan sobre la Corte Suprema de Justicia, y ahora más que nunca antes el país debe estar vigilante.