La Cámara de Cuentas encuentra "deficiencias" en la Comunidad

Según el organismo que vigila la actividad económica de la Administración regional, del estudio no han resultado deficiencias significativas que impidan afirmar la "fiabilidad y exactitud" de las cuentas públicas.

De ellas destacan además la ejecución del presupuesto, que alcanza el 90% de forma general (Sanidad roza el 100%) y la subsanación de errores de contabilidad de acuerdo a las sugerencias hechas en el último informe, el de 2005.

Ahora bien, la Cámara de Cuentas advierte de un incremento del endeudamiento en 11.539.000 euros respecto a 2005 y reconoce que "la actual configuración
de la Cuenta General no permite verificar el cumplimiento del principio de
estabilidad presupuestaria", ya que en él no se incluyen los datos de empresas públicas como el Metro o Telemadrid.

Críticas al IVIMA
Según la Cámara, "a final de ejercicio, la Administración de la Comunidad de Madrid realiza una serie de reclasificaciones para ajustar financieramente las cuentas a las que se imputan determinadas operaciones" que "desvirtúan la información contenida en las liquidaciones presupuestarias de gastos e ingresos".

Entre las agencias y empresas públicas donde se han detectado errores el informe menciona la Agencia Antidroga, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, el Servicio Regional de Empleo o el Consorcio Regional de Transportes, siendo el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) el más nombrado. La Cámara diagnostica como conclusión que este organismo "no realiza una adecuada delimitación de las operaciones presupuestarias y comerciales".

Más empresas en los contratos
En el apartado de recomendaciones, el órgano fiscalizador destaca que la Comunidad debería incluir en sus cuentas las "sociedades, entes y fundaciones" dependientes de ella para una evaluación "más representativa" del gasto público. La Cámara insta además a que se elaboren "instrucciones para la correcta contabilización del IVA".

Respecto a la adjudicación de obras y contratos, reclama que participen en la negociación de contratos "un número suficiente de empresas" para garantizar que el precio que paga la Administración es correcto y de acuerdo a mercado, tras haberse detectado en algunos casos la presentación de una sola empresa.