Los promotores que incrementen el precio de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) ya construida o en proceso de construcción no volverán a optar a ninguna promoción pública en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo autonómico ha tomado esta decisión en previsión de que "algún constructor" pretenda lucrarse utilizando la picaresca y para evitar erróneas interpretaciones del nuevo decreto de precios máximos, publicado ya en el Bolentín Oficial de la Comunidad de Madrid.
El decreto, contra el que el
PSOE presentará una demanda por considerar que perjudica a 80.000 familias, adecúa los precios de venta y arrendamiento, aplicando como referencia el precio básico nacional de 758 euros por metro útil. Ahora bien, establece expresamente que esta subida no será aplicable a las promociones de VPO puestas en marcha, construidas o en proceso, antes del cuatro de abril de 2008, siendo por tanto ilegal cualquier incremento antes de esa fecha.
Aviso a navegantes
El vicepresidente primero y portavoz del gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, advirtió seriamente este jueves a los promotores y constructores que operan en la región y censuró las "interpretaciones torticeras" hechas por el PSOE sobre el decreto, que fija "el mismo precio que fijó las ministra Chacón a finales del año pasado".
"Cualquiera que pretenda cobrar un precio superior al establecido no sólo recibirá la sanción que establezcan los pliegos de condiciones para construir las viviendas de promoción pública, sino que además se incorporará este hecho como causa de no adjudicación de ninguna parcela de vivienda pública en la Comunidad de Madrid", sentenció González.
Respecto a las amenazas de demanda por parte de la oposición, González destacó que, en el momento en el que el Ministerio de la Vivienda dio la orden de subir los precios del módulo de VPO un 23% -lo mismo que establece ahora el decreto de la Comunidad-, "no oí a Tomás Gómez (PSM) ni a ningún otro alcalde socialista hacer ninguna declaración".
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