Ronald Noble, secretario general de la Interpol, informó que en el análisis de la autenticidad de las tres computadoras ocupadas por las autoridades colombianas en el campamento que las FARC tenían en nuestro territorio, participaron 64 funcionarios de esa institución provenientes de 15 países. Y que no hallaron evidencias de que se haya alterado el contenido de sus archivos.
Se requirieron 5.000 horas para evaluar los archivos de las computadoras ocupadas luego de la agresión a nuestro territorio el pasado 1 de marzo. De acuerdo con INTERPOL, en ellas había 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes y 10.537 archivos multimedia, con un peso de 610 gigabytes de información, así como 7.989 direcciones de correo electrónico y 22.481 páginas de internet.
Alusiones directas a las relaciones de las FARC con el gobierno ecuatoriano —más allá del campo humanitario— se desprenden de los documentos divulgados por el régimen uribista, que supuestamente figuran entre esos archivos.
Algo que el presidente Correa ha negado sistemáticamente afirmando, entre otras cosas, que nunca conoció a nadie de las FARC, aunque acaba de decir a la familia de Ingrid Betancourt que aún tiene “leves contactos” con esa organización.
Coincide con esto una declaración del Fiscal General sobre una posible solicitud de extradición a Nicaragua de las heridas en el ataque colombiano. Y la desclasificación por el Ministerio de Defensa de sólo unas pocas actas del Cosena sobre el tema.
Si nos asiste la razón en todo este embrollo, ¿por qué no emprender una investigación imparcial, a fondo y de carácter internacional al respecto? Dice la Biblia que sólo la verdad nos hará libres.
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No(
