Y ahora, las facturas

La huelga de transportistas por carretera empezó a remitir el día en que Rubalcaba anunció el empleo de 25.000 agentes del orden para reponer la situación anterior al conflicto en las vías públicas. Habían transcurrido dos días de intensas negociaciones entre transportistas y Gobierno, y ya se habían producido dos hechos de extraordinaria violencia, e incluso de gran brutalidad: un piquetero muerto y un transportista y su camión quemados. Se había tocado techo en las contemplaciones y tolerancias. La negociación daba más y la factura empezaba a ser insoportable para la ciudadanía y para el país: el desabastecimiento estaba comenzando a producirse en grandes y pequeños centros comerciales, y por supuesto, se había paralizado la producción de automóviles y cualquier otra necesitada de repuestos. De manera que a la consigna de Rubalcaba, de mano dura, continuó la de Zapatero, de tolerancia cero. Los transportistas más intransigentes anunciaban su deseo de continuar la actitud reivindicativa y la huelga, pero se sospechaba que sería por pocos días más. Y, de hecho, esta misma mañana de viernes, cuando ya se producían regresos a una normalidad casi plena, empezaban a producirse también abandonos de su actitud por parte de los últimos huelguistas.

Sólo queda, por consiguiente, elaborar la relación final y hacer frente a la pesada factura de estos días. Los medios informativos han destacado algunos de sus puntos básicos: las empresas pierden cien millones cada día de paro; SEAT solicita autorización para despedir a ocho mil ochocientos empleados durante, al menos, tres días; empresas del automóvil, electrónica y alimentación anuncian expedientes temporales para 21.000 trabajadores; algunas industrias quieren que los impuestos paguen regulaciones de empleo. Y está bastante extendida la sospecha de que la huelga puede ser una bella excusa para que algunas empresas pretendan aflorar su mala situación anterior y afronten remedios traumáticos. El Gobierno de la Nación, o el Gobierno de la Generalitat, por igual, consideran injustificadas determinadas peticiones, mientras los sindicatos también critican por irracionales y abusivas determinadas pretensiones empresariales. De manera que la normalidad se va imponiendo, aunque haya "focos de resistencia", y también se va conociendo con exactitud el elevado coste de estos días de paro. Y luego, la factura siguiente, que pagaremos los consumidores: las frutas y verduras, como el pescado, también 'se ponen al día' en precios, ya sea debido a la escasez de los primeros momentos, o a la repercusión de las mejoras que los  transportistas han conseguido en la mesa de negociaciones.

La huelga también pasa sus correspondientes facturas políticas: ¿reaccionó a tiempo el Gobierno, o dejó que se pudrieran las cosas? ¿Estuvo, a su vez, oportuna y cabal la oposición, y Rajoy en particular? Existe la sospecha de que ambos líderes tardaron demasiado en reaccionar.