El Artículo 2 del Estatuto de Elección, Instalación y Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, aprobado en la consulta popular del 15 de abril del año pasado, señala que la Asamblea Constituyente "tendrá una duración de ciento ochenta días, contados a partir de su instalación, salvo que ella misma establezca una prórroga que no podrá exceder de sesenta días, contados a partir del vencimiento del plazo inicial".
Ese fue el tiempo que el mandato popular concedió para que la Asamblea "transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución."
Ya se perdieron los primeros 180 días, sin que la Asamblea, bajo las órdenes del primer mandatario, cumpla la misión que se le encomendó.
En este tiempo los asambleístas asumieron ("se arrogaron") funciones que no les correspondían, y se dedicaron a dictar mandatos, leyes y otras decisiones ajenas a su competencia, a fin de facilitar al Gobierno un marco que le permitiera argumentar que sus acciones tienen respaldo jurídico.
Pero, en relación con la función para la que fue aprobada la Asamblea Constituyente en la consulta popular, el resultado, en los seis primeros meses de trabajo, fue de solamente 57 artículos, por lo que dicho organismo tuvo que resolver la prórroga de 60 días adicionales, para seguir "elaborando" la nueva Constitución.
Y como la mala calificación que los ecuatorianos han puesto al trabajo de la Asamblea gobiernista afecta seriamente al presidente Correa, él ha ordenado apurar la aprobación del texto constitucional, debiendo impedirse lo que considera un exceso de debate entre los asambleístas, que se ha dado por culpa del presidente de la Asamblea que, "equivocadamente", cree que la democracia participativa consiste en escuchar a todos quienes quieren intervenir.
Pero muchos ecuatorianos muestran su preocupación de que si en seis meses la Asamblea no ha sido capaz de redactar y aprobar sino solamente 57 artículos, que es la sexta parte de lo que se supone deberá ser el texto total del proyecto, entonces, los 60 días adicionales no van a ser suficientes para redactar, debatir y aprobar lo que falta.
Pero el país ha podido comprobar que la Asamblea es un organismo obediente y no deliberante, y veremos que, al final del plazo que les queda, pese a la pantomima de debates, saldrán del armario los textos preparados por el asesor español que hizo lo mismo en Venezuela y Bolivia, los asambleístas gubernamentales y sus arrimados agacharán la cabeza y ratificarán su papel de alzamanos, y tendremos nueva Constitución, aunque sea aprobada… al apuro.
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