Mientras los asambleístas pisan el acelerador para entregar el proyecto de la nueva Constitución, la polvareda que se levanta por los temas conflictivos comienza a alborotar el país. Los resultados de las encuestas por la inclinación del voto popular a favor del ‘sí’ establecen un pequeño margen de diferencia sobre el ‘no’, lo que ha puesto nervioso al Gobierno que ya inició su campaña y discurso por ganar adeptos en el referéndum.
El presidente Rafael Correa lo reconoció el pasado jueves y advirtió que de perder el ‘Sí’, su gobierno “quedará debilitado” pero terminará el mandato de cuatro años para el que fue electo.
“Por supuesto que puede ganar el ‘No’ con toda la campaña que están haciendo los medios (de comunicación) con tanto entusiasmo, la partidocracia para volver a lo mismo de siempre”, dijo el Mandatario.
Reformas buscan votos
Una encuesta realizada por Cedatos-Gallup Internacional aseguró que la intención de voto a favor deL ‘Sí’ cayó, entre la población que decidió su voto, del 41% registrado a fines de mayo a un 37% a inicios de junio. Es decir, la intención de voto negativo creció del 31% al 33% en el mismo período. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el alto grado de indecisión que, según los sondeos, bordea el 30%.
Las cifras serían muy parecidas a las que internamente maneja el sector gubernamental, por lo que el nerviosismo llegó también a la mayoría gobiernista representada en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que, acogiéndose a los ‘plenos poderes’, no descartaría, según se comenta en los corrillos asambleístas, reformar el estatuto electoral por el que votó el 81% de los ecuatorianos en abril del 2007.
El documento establece que para aprobar la nueva Constitución se requiere la mitad más uno de los sufragantes. Esto implica que el resultado ganador debe ser la mitad más uno de los votos totales por el ‘Sí’, el ‘No’ y los nulos y blancos. Una reforma apuntaría a que sólo se contabilicen los votos positivos y negativos; otra, a que los votos nulos y blancos se sumen a los del ‘Sí’.
Puntos de discordia
Hasta el 13 de junio, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) logró aprobar 57 artículos en segundo y definitivo debate, y los otros que se debaten en primero o en las mesas, por su alto nivel de conflictividad, ya comienzan a dividir, no sólo a la mayoría gubernamental que controla la Asamblea, sino también a las estructuras institucionales, a sectores sociales y a la administración político administrativa del país.
El enfoque contrapuesto sobre el concepto de familia, el matrimonio y el respeto a la vida desde el momento de la concepción, la nueva redacción sobre autonomías y descentralización del país, la educación, la propiedad privada, la libertad de prensa, son varios puntos de dura polémica.
La asambleísta disidente de Acuerdo PAIS, Diana Acosta, manifestó a LA HORA que si bien es muy prematuro establecer el favoritismo por el ‘Sí’ o el ‘No’ que el pueblo daría a la nueva Constitución, la esperanza de que el Ecuador pueda reformar su marco jurídico podría estar en riesgo por varios factores que no contribuyen a la buena convivencia ciudadana.
Acosta, quien dijo estar en contra del 80% de lo aprobado hasta el momento por la Constituyente, señaló que “un país mayoritariamente cristiano no va a permitir que se instaure la cultura de la muerte; no estará de acuerdo en que el país condene el colonialismo, el imperialismo, el neocolonialismo y no se condene el terrorismo”.
Pero también los consejos provinciales, la banca, Guayaquil, los defensores de la vida, los gremios productivos, los vendedores informales organizados, entre otros, ya elevaron sus voces de protesta.
La plurinacionalidad
El pedido de reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional, que impulsa la mayoría de organizaciones indígenas, tiene en compás de espera a la dirigencia de este sector para promover, en sus comunidades, la votación a favor o en contra de la Constitución.
El Asambleísta de Pachakútik, Luis Gilberto Guamangate, señaló que la mayoría de Acuerdo PAIS ha impuesto algunos criterios que no son coherentes con los fundamentos de Estado que quiere la sociedad ecuatoriana. Citó el tema del consentimiento previo de las comunidades indígenas para la explotación minera, que ha desembocado en polémica, tanto entre el Ejecutivo y la Asamblea, como entre el Ejecutivo y el movimiento indígena.
El representante indígena indicó que la plurinacionalidad es otro punto que tiene en compás de espera a los sectores indígenas porque representa una conquista legítima lograda con levantamientos, protestas y luchas generadas desde 1990 y que hoy no puede perder horizontes, sólo por los intereses particulares de algunos personajes que rodean al presidente Correa.
Banca como servicio público
Dentro de la propuesta de soberanía económica, la banca privada también prendió sus luces de alarma y advertencia luego de que se conoció el texto mediante el cual se determina que “las actividades financieras son un servicio público delegable. Tienen la finalidad de atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país, transfiriendo en forma eficiente el ahorro a la inversión productiva nacional, y al consumo social y ambientalmente responsable”.
La preocupación que gira alrededor de la definición que pretende dar la Asamblea a los servicios financieros, es que una excesiva ingerencia del Estado sobre el manejo de los depósitos privados (de individuos y empresas) podría minar la seguridad de los bancos y sus depositantes.
El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, resaltó que “la banca es una actividad empresarial profesional privada”, regulada por organismos públicos nacionales y normas internacionales.
Propiedad privada
Motivados porque en las ‘democracias de mercado’ los llamados avances democráticos se configuraban según las necesidades económicas del proyecto neoliberal y su tendencia a la “concentración de recursos en manos de pocos”, la mesa 6 de Trabajo, Producción, Igualdad e inclusión Social, propuso declarar que “el Estado garantiza la existencia y derecho a la propiedad, en sus diversas formas: privada, comunitaria, estatal, social, cooperativista, pública y mixta. Todas ellas deberán cumplir la función social y ambiental”.
Pero, ¿cómo se entiende la función social de la propiedad privada? El asambleísta Pablo Lucio Paredes, de Futuro Ya, señaló que la propuesta no reconoce el derecho a la propiedad como un derecho natural, inherente al ser humano y ni siquiera como uno de los derechos humanos declarados por la Organización de las Naciones Unidas. Para Paredes, el articulado propuesto pondrá la propiedad en situación de inseguridad porque quedaría condicionada a los intereses sociales y ambientales.
La Constitución de 1998 permite al Estado expropiar propiedad privada tras su declaratoria de “utilidad pública”. Sin embargo, el proceso para hacerlo exige un avalúo del bien, que deberá ser indemnizado a su dueño.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado que cada país debe implementar mecanismos que permitan al dueño del bien imputar la declaratoria del bien como “utilidad pública” y, a su vez, reclamar si considera que no ha recibido el precio justo.
Ante esto, la minoría constituyente acepta que se incluya la expropiación en la nueva Carta Magna, mas discute el hecho de que las razones para hacerlo sean ambiguas y estén sujetas a la interpretación de leyes, reglamentos y decretos que se dicten en el futuro.
Un corte a la Corte
La redacción de los artículos constitucionales, preparados por la mesa 8 de Justicia y Lucha contra la Corrupción, abrió la puerta para el debate en el que varios analistas y juristas resaltan la intencionalidad de designar a nuevos magistrados que por su mecanismo de nombramiento, sin duda, tendrán una alineación gobiernista.
Esto porque a más de una polémica propuesta de cambiar el nombre de Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Corte Nacional de Justicia, reducir el número de magistrados de 31 a 18 y cambiar su sede de Quito a Cuenca, se eliminará el actual proceso reglamentado de cooptación (elección de jueces por la CSJ) y en su lugar se plantea la creación de una Comisión Técnica de Selección para la elección de los magistrados.
Esta Comisión estaría integrada por “un delegado del Presidente de la República, uno del Congreso Nacional, otro de la Corte Suprema, uno del Consejo de Poder Ciudadano y uno por los Derechos Humanos”.
La crítica de algunos juristas se centra en la manera en que se nombrarán estos delegados, ya que su designación podría tener tintes políticos.
La iniciativa de la mayoría de Acuerdo PAIS tiene como objetivo, según sus proponentes, “terminar con la injerencia política en la justicia”, pero sus detractores, aseguran que se trata de “un nuevo intento” del Gobierno para tener poder en la Corte Suprema de Justicia.
El intento no es nuevo. Según el asambleísta oficialista, César Rodríguez, a la Corte Suprema sí se la puede tocar, depurar, reestructurar o reorganizar y bajo esa premisa, al interior de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), impulsó la aprobación de un Mandato “de Justicia” que se ha ido diluyendo ante la falta de apoyo de sus propios coidearios.
“La Asamblea no puede quedarse sorda, ciega y muda ante la lacerante realidad de la Justicia. La Corte no es intocable. Los hechos nos están demostrando que es insensible, no está en sintonía con el proceso de cambio que vive el país”, justificó Rodríguez a su intento de reestructurar, mediante Mandato, algunas instancias de la función Judicial.
Se viene la regionalización
La provincia de Santa Elena volverá a sumarse al Guayas, y Santo Domingo de los Tsáchilas se agrupará como región con Manabí y Galápagos. Así lo determinaría la nueva regionalización del país que va perfilándose en la ANC.
Todo está consensuado en las filas del Gobierno. La mayoría de Acuerdo PAIS será el eje ejecutor para viabilizar constitucionalmente la nueva planificación del Ecuador, de acuerdo a una regionalización propuesta en primera instancia por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades.
Según la propuesta, el Estado se dividirá territorialmente, de menor a mayor jerarquía, en parroquias rurales, cantones, distritos metropolitanos, provincias, regiones y circunscripciones territoriales de régimen especial. Los dos distritos metropolitanos serán Quito y Guayaquil.
La Asamblea no establece el número de ‘regiones autonómicas’ porque se propone que su conformación sea voluntaria, acordada por las provincias e incentivada por el Gobierno. Sin embargo, la distribución de Senplades fija siete (ver recuadro), “transversales, equipolentes y con similares condiciones productivas”.
Para conformarse una región, deberán cumplirse requisitos mínimos de continuidad territorial, superficie y población, pero también se propenderá a la complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas.
El ex concejal de Quito, Antonio Ricaurte, opina que este proyecto demuestra un total desconocimiento de la realidad del país, de sus procesos y sobre todo de cómo se constituyó el país alrededor de la cultura y la cosmovisión de cada una de las ciudades y provincias.
Supresión de consejeros provinciales
Pero el conflicto va más allá. El nuevo reordenamiento territorial suprimirá la figura de los consejeros provinciales para establecer que “cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital”, que representará a la provincia. Al igual que ahora, estará presidido por un Prefecto elegido por votación popular, pero conformado no por consejeros, sino por representantes de los cantones y distritos metropolitanos (alcaldes o vicealcaldes), y representantes parroquiales elegidos entre los Presidentes de las juntas parroquiales rurales.
El Director Ejecutivo del CONCOPE, Alberto Jiménez, considera que esto resultará lesivo e inconveniente para los sectores rurales del país. Los cambios y la disminución de competencias, dijo, involucra la reducción del ámbito de acción de los organismos seccionales.
“Los Consejos Provinciales sirven a los sectores rurales y de darse paso a esta pretensión, todos esos ciudadanos sabrán reaccionar contra quienes le quitaron ese apoyo”, comentó a La Hora.
Siete regiones
La ANC propone su conformación “voluntaria”, pero la propuesta de Senplades consiste en:
1. Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos
2. Pichincha, Napo y Orellana
3. Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo
4. Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos
5. Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar
6. Cañar, Azuay y Morona Santiago
7. El Oro, Loja y Zamora Chinchipe
FUENTE: Senplades
COMPETENCIAS
Gobierno Central
Las competencias privativas del Gobierno Nacional, de aprobarse la nueva Constitución, serán:
Seguridad nacional
Relaciones internacionales
Política económica, tributaria, de comercio exterior, de endeudamiento externo, aduanera y arancelaria
Política de recursos naturales no renovables
Control migratorio
Seguridad social
Nacionalización de extranjeros y registro de personas naturales
Manejo de desastres naturales y catástrofes
Todas aquellas que correspondiesen como resultado de convenios internacionales.
Si (
No(
