Este burgalés de 46 años tenía ya mucho ascendiente dentro del PP antes de que en noviembre de 2003 fuera nombrado consejero de Sanidad y Consumo en aquel primer gobierno de
Esperanza Aguirre que se formó en segunda instancia tras la ‘espantada’ de
Tamayo y
Sáez.
Lamela era conocido en el PP sencillamente por ser entonces director de gabinete del vicepresidente segundo
Rodrigo Rato tras haber sido seis años subsecretario de Pesca y Alimentación.
El ascendiente de este licenciado en Derecho y Abogado del Estado no tenía su paralelismo en su popularidad. Cuando accedió a la Consejería era poco conocido para el público, pero el 11 de marzo de 2005 la situación cambiaría radicalmente a raíz de lo ocurrido en el hospital Severo Ochoa, un centro abierto en Leganés en 1987. Según una denuncia anónima que fue atendida por la Consejería se habían producido supuestamente 400 homicidios en el servicio de urgencias del hospital.
Lamela ordenó abrir una investigación ante un supuesto caso de sedaciones irregulares con resultado de muerte de pacientes por mala praxis médica y, aunque los inspectores regionales no pudieron relacionar sedaciones y muertes, llevó el caso al juzgado y destituyó al jefe de urgencias del hospital,
Luis Montes, así como al director médico y al gerente del hospital. La bronca que ello provocó convirtió a este político en la figura más conocida del Gobierno Aguirre.
Durante los dos años siguientes, las manifestaciones de apoyo y de rechazo al equipo médico dirigido por el doctor Montes se sucedieron mientras la forma en cómo se aplicaba la sedación a enfermos terminales se veía afectada en toda España ante el temor a nuevas denuncias. Numerosos profesionales denunciaron el retroceso que el ‘caso Severo Ochoa’ estaba provocando en el sistema sanitario español.
Este caso coincidió con la denuncia que sindicatos y profesionales hicieron del proceso de ‘externalización’ a que se comenzaba a someter a la sanidad madrileña, continuado en la actualidad, y con las acusaciones de manipulación de las listas de espera quirúrgica que llevarían incluso al Ministerio de Sanidad a sacar a Madrid de la contabilidad nacional en esta materia.
En junio de 2007, y cuando Lamela, recién nombrado consejero de Transportes e Infraestructuras en el segundo Gobierno de Aguirre, le pasaba el testigo a
Juan José Güeemes, el juzgado de instrucción de Madrid que se ocupaba del caso decidió archivarlo, si bien el juez, en su auto, aseguró que había habido
"mala praxis" pero no se podía afirmar que ello hubiera causado ninguna muerte. Ante ello, los procesados recurrieron y en enero de 2008 la Audiencia de Madrid confirmó el sobreseimiento y ordenó eliminar cualquier referencia a mala praxis. A pesar de ello, la Consejería no readmitió a los destituidos en sus puestos.
El apoyo explícito de Lamela a Rajoy hace unos días, en un círculo que se ha caracterizado por su oposición del presidente popular, hizo que le llovieran las críticas veladas en tanto los próximos a Rajoy le abrían los brazos. Fue entonces cuando se empezó a barajar su nombre para la lista de la próxima dirección nacional.
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