Después de 5 días tras el apagón que dejó a la Península sin luz, el debate político sigue girando en torno a ello. Este sábado el PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que de explicaciones, en el pleno y en comisión, de la relación de Redeia y Red Eléctrica de España (REE) con la Administración y su política de nombramientos.
Así se puede ver en la petición del portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, a la que han tenido acceso diversos medios y en la que se pide, en concreto, toda la información a la vicepresidenta primera sobre la "posición de dominio" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la sociedad Redeia Corporación, S.A. y Red Eléctrica. Además se solicita saber las "consecuencias en el marco de la crisis eléctrica nacional del pasado 28 de abril" de los nombramientos de miembros del Consejo de Administración.
Tellado ha sacado, también, otra solicitud para que comparezca la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, para que informe, según este organismo supervisor, "qué ha provocado la crisis eléctrica nacional del pasado 28 de abril, así como las medidas que piensa adoptar para evitar que puedan repetirse este tipo de circunstancias en el futuro".
El Estado cuenta con el 20% de Red Eléctrica
Red Eléctrica está presidida por a Beatriz Corredor, ministra de Vivienda en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Corredor ha advertido que el fallo que dio lugar al gran apagón del lunes no fue culpa de la compañía que lidera, y ha dicho que no piensa dimitir y que no se ha sentido desautorizada.
El Estado, a través de la SEPI, es el accionista principal de Red Eléctrica con un 20% de las acciones; luego vendría, Pontegadea Inversiones, que cuenta con menos del 5% de las acciones.
Hasta el momento, las causas del fallo absoluto del sistema eléctrico, que además de afectar a España, también lo hizo a Portugal y al sur de Francia, continúan siendo investigadas por una Comisión de Análisis formada por el Gobierno que estudia los datos suministrados por el operador del sistema y las empresas eléctricas. Este sábado se ha reunido por segunda vez y ha decidido crear dos grupos de trabajo, para analizar por separado el error técnico y el ciberataque como posibles causas.
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