"La privatización debe ser complementaria, no sustitutiva"

El Ayuntamiento de Madrid se ha marcado el objetivo de alcanzar una ratio de un trabajador social por cada 5.000 habitantes en 2011. ¿Es suficiente?
No. Si ya hace tres o cuatro años el Colegio reivindicaba que esa ratio fuera de uno por cada 3.000, ese objetivo es insuficiente, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de 2011. Además, ahora habrá más trabajo, con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Hace falta más presupuesto y más personal.

¿Tanto se han saturado los servicios sociales?
Están desbordados. Antes estos dispositivos estaban más asociados a la marginalidad y a lo asistencial, pero la Ley de Dependencia afecta a muchas personas que habitualmente no acuden a los servicios sociales. Por otra parte está la atención a población inmigrante pues cada vez hay más personas con papeles, derechos, empleos y que acuden a los servicios sociales. Así se incrementa la labor burocrática de los profesionales y se resiente la calidad de la atención al ciudadano.

La oposición y los sindicatos denuncian que todavía no hay ningún dependiente madrileño que esté recibiendo prestaciones en el marco de la Ley de Dependencia. ¿Qué opina?
Ha habido un retraso en la implantación y el desarrollo de la Ley de Dependencia. Según las estadísticas estatales, a fecha del 2 de junio, Madrid no había registrado ni siquiera el 2,95 por ciento del total nacional de solicitudes.  Si lo comparamos con el porcentaje de población que representa Madrid, este número de solicitudes es irrisorio. Andalucía, por ejemplo, aporta un 35 por ciento de las solicitudes. Es verdad que la Comunidad ha frenado el desarrollo de la ley. Si vamos luego a ver las prestaciones reconocidas, Madrid no tiene ninguna. Y no podía figurar porque hasta el 13 de junio no se había publicado la orden que regula el acceso a las prestaciones económicas y servicios de la Ley de Dependencia.

La Comunidad y el Ayuntamiento dicen que todas esas personas ya están atendidas.
Podría ser, pero la Ley de Dependencia ha creado un derecho subjetivo, reclamable por los ciudadanos ante los tribunales e independiente de que ya estén atendidos por otro dispositivo. Hasta ahora, la atención en el marco de los servicios sociales tradicionales no era así. Lo que no es de recibo es crear dos redes paralelas de atención: los servicios sociales por una parte y el sistema de atención a la dependencia por otra.

¿Qué solución propone?
La Ley de Servicios Sociales madrileña debe integrar en su contenido la aplicación de la Ley de Dependencia. Entre tanto, hay que garantizar  a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho.

Y en el supuesto de que desapareciera el 'atasco' actual, ¿cuenta Madrid con recursos suficientes para aplicar la ley?
Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento cuentan con recursos suficientes para mejorar la atención, pero es cuestión de prioridades políticas. Hace falta más inversión. Dado que ahora se pretende que los usuarios tengan un trabajador social de referencia, estamos ante una magnífica ocasión para articular el sistema incorporando la Ley de Dependencia. Lo que no se puede hacer es duplicar las redes y con ellas el personal.

¿Es eso lo que ocurre ahora?
Eso es lo que puede llegar a ocurrir si seguimos por este camino. Hasta ahora no ha existido una situación clara, porque los municipios tienen que atender las solicitudes y hacer los informes de entorno, y no ha habido un marco regulador hasta hace pocos días. A partir de aquí habrá que ver cómo se articula el sistema con los municipios.

Algunas entidades locales han reclamado financiación a la Comunidad para poder tramitar las solicitudes de la ley.
Cuando la Comunidad encargó a los municipios que hicieran ese trabajo y elaboraran los informes de entorno, lo hizo sin la dotación presupuestaria necesaria. Los compañeros de los servicios sociales están saturados sacando adelante esos informes lo más rápido que pueden pero se ven obligados a desatender sus unidades territoriales. Con esta orden habrá que ver si la Comunidad apoya a los municipios para hacer frente a esta regulación. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el nuevo Plan de Atención Social Primaria es un avance, pero insuficiente.

¿Es posible unificar las ratios, tal y como propone el documento?
Se habla de un centro por cada 100.000 habitantes, pero habría que ver de qué tipo de población estamos hablando, porque las problemáticas y las demandas varían: unos distritos tienen más inmigración o más personas mayores que otros.

Hablando de la inmigración, ¿cómo valora la respuesta que están dando a este fenómeno los servicios sociales?
Inicialmente se establecieron una serie de dispositivos, porque era un tipo de inmigración más en ‘avalancha’, pero ahora esa población accede a los mismos servicios o recursos que los madrileños, y además tienen derecho a ellos. Como es una población que ya está consolidada, hay cierta saturación en los servicios en algunos momentos y algunos lo viven como una competencia por los recursos. No estamos en la ley de la selva: lo que hay que hacer es destinar una dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a esa nueva situación, que supone que hay más población con acceso a los servicios sociales.

Entonces, ¿deberían ahora ampliarse los dispositivos generales en detrimento de los que se crearon con urgencia ‘para inmigrantes’?
Una cosa es reducir y otra eliminar: no creo que haya que desmantelar estos últimos, sino reforzar los servicios generales.

¿Qué opina de la 'externalización' de los servicios sociales?
No es malo que las entidades privadas participen en la gestión de servicios sociales, pero hay que tener claro que es una red pública y por tanto la Administración es responsable de ella. La participación de instituciones privadas debe ser complementaria, no sustitutiva. El problema del exceso de externalización de servicios al que estamos asistiendo en los últimos años, tanto a nivel autonómico como local, es que la Administración puede olvidar que es la responsable de ese servicio. Además,una parte de las instituciones que participan tienen ánimo de lucro, y eso no tiene por qué estar reñido con la calidad de los servicios, pero muchas veces es así. La Administración externaliza para evitarse problemas, pero su función no es echar balones fuera, sino responsabilizarse de los asuntos que le competen.

¿Cómo valora la situación laboral del sector?
Las privatizaciones han precarizado el empleo de los trabajadores sociales, que llegan a ser 'inframileuristas' y cuando encuentran algo mejor se van.
En cualquier sector en el que haya una temporalidad excesiva, difícilmente se podrá ofrecer un servicio de calidad, por muy buen profesional que se sea y mucha vocación que se tenga. Por eso uno de los objetivos fundamentales que nos hemos planteado es la defensa del sistema público de protección social.

¿Cuáles van a ser las principales reivindicaciones del Colegio durante los próximos años?
Vamos a impulsar de nuevo la campaña de un trabajador social por cada 3.000 habitantes. Por eso proponemos la defensa del sistema público. También queremos que la Ley de Servicios Sociales madrileña se adapte a la Ley de Dependencia y regular la participación privada, no solo en cuanto a la relación contractual entre empresas y trabajadores, sino también desde el punto de vista de la atención a los ciudadanos. También hace falta una ley estatal de servicios sociales. Y queremos consolidar el papel del trabajador social en el ámbito de la educación y en el ámbito de lo sanitario.