El nuevo expediente se sumará al procedimiento de infracción que ya lanzó el Ejecutivo comunitario el 18 de octubre de 2006 contra el Gobierno por mantener buena parte de los requisitos impuestos inicialmente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Los dos expedientes se tratarán a partir de ahora de manera conjunta.
Las condiciones impuestas por el ministerio de Industria que Bruselas considera ilegales son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
El nuevo procedimiento de infracción se abrirá con una "carta de emplazamiento suplementaria" para acumular los dos expedientes. Si el Gobierno no atiende a las exigencias de Bruselas, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Solbes explicó que se trata de una "discrepancia" entre la Comisión y España sobre "cómo debe interpretarse el concepto de seguridad de abastecimiento" y que el Gobierno quiere "que decida el Tribunal de Justicia". España cree que las condiciones que ha impuesto a E.ON sirven para garantizar la seguridad de abastecimiento mientras que "la tesis de la Comisión es que prácticamente ninguna de estas medidas sirve o es útil" para este objetivo, dijo el vicepresidente.
"No hay ningún problema, hay discrepancia de puntos de vista y yo creo que debe sustanciarse", añadió Solbes. El vicepresidente se refirió al informe de la Comisión Europea que culpa a E.ON Netz del apagón que afectó a Europa el 4 de noviembre de 2006, y dijo que "es uno de esos ejemplos" que demuestra la importancia de que el Gobierno garantice la seguridad de suministro.
El Ejecutivo comunitario ya denunció la semana pasada a España ante el Tribunal de Justicia en un procedimiento paralelo por el decreto que amplió las competencias de la CNE y la facultó para imponer condiciones a la OPA de E.ON al considerar que obstaculiza indebidamente la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.
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