Los críticos del proyecto afirman que la inmunidad legal de las compañías equivale a dejar sin castigo al Gobierno por las intervenciones de teléfonos y computadoras.
No obstante, algunos medios informativos indican que estas interceptaciones, ya se realizaban desde antes sin autorización judicial, durante los casi seis años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Las escuchas telefónicas fueron efectuadas incluso sin el permiso ni el conocimiento de una corte secreta creada hace 30 años para supervisar ese tipo de actividades.
El senador demócrata Russ Feingold criticó esta iniciativa y dejo entrever que "esta legislación va a ser recordada como la legislación que el Congreso concedió al Ejecutivo para manipular nuestras comunicaciones internacionales, con muy poco control”.
Es así que, la Unión Norteamericana para las Libertades Civiles (ACLU) exigió a la cámara alta rechazar una ley.