Como informó este diario, dentro del Ejecutivo hay división de opiniones en torno a la conveniencia de “ayudar” al sector inmobiliario, comprando el suelo que han acumulado las empresas promotoras para construir viviendas públicas. Solbes no es partidario de que el Estado intervenga en el asunto y ‘salve’ a las empresas privadas porque considera que son ellas las que tienen que pagar las consecuencias de su mala gestión y, además, porque ve la medida técnicamente “inviable”.
Sin embargo, desde el propio PSOE voces autorizadas, como la del vicesecretario general, José Blanco, se han decantado por esta solución como una fórmula de paliar el desastre derivado del estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria
Estas fuentes no negaron que en el seno del Gobierno existan discrepancias con el vicepresidente económico, Pedro Solbes, pero se limitaron a comentar que “no son sustanciales” estas supuestas posturas encontradas.
De momento, insistieron, tan solo hay contactos entre las Comunidades Autónomas, cuyas competencias sobre vivienda están compartidas con el Gobierno central, y la ministra Corredor.
En caso de que se materializara el acuerdo sería a través de la SEPE, Empresa Pública Empresarial del Suelo, la que canalizaría la operación de compra y las condiciones en las que se llevarían a cabo. Habrá que esperar por tanto a ver qué ocurre y cómo acogen la idea las diferentes comunidades que tan difícil es ponerlas de acuerdo.
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