La recolección de rúbricas en seis departamentos (Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija) para pedir al Congreso de la República, a través de la Corte Nacional Electoral (CNE), un referéndum sobre la capitalidad plena como demandaron los líderes de Chuquisaca Savina Cuéllar, John Cava, Aideé Nava y Fidel Herrera comenzará después del referéndum revocatorio.
Después del 10 de agosto, los chuquisaqueños enviarán libros para iniciar la recolección de firmas a estas regiones y a los otros departamentos.
El debate y la exposición comenzaron con dos horas de retraso. Estuvieron también en la cita todos los presidentes cívicos Branko Marinkovic, Alberto Melgar, Reynaldo Bayart y Ana Melena y el anfitrión John Cava. También participaron el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Enrique Landívar; el alcalde de Trinidad, Moisés Shriqui, y los diputados Carlos Pablo Klinsky, Antonio Franco y Óscar Urenda, de Podemos.
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, no acudió a la cita de Sucre, pero envió una nota a sus colegas en la que ratifica su decisión de seguir siendo parte del grupo y apoyar las medidas asumidas en el encuentro.
El documento oficial aprobado anoche señala que en las seis regiones habrá movilizaciones desde el lunes 21 de julio para exigir al Gobierno que les devuelva los recursos descontados, pero si el Poder Ejecutivo no repone ese dinero hasta el 3 de agosto, al día siguiente los cívicos y funcionarios prefecturales iniciarán una huelga de hambre masiva.
José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Prefectura cruceña, explicó que los descuentos realizados a los presupuestos departamentales influyeron en la ejecución presupuestaria de los gobiernos departamentales.
Según la explicación técnica brindada ayer, el Gobierno debe a las regiones 850 millones de bolivianos correspondientes al año 2007 y otros 1.600 millones de bolivianos del primer semestre de 2008.
De acuerdo con las decisiones tomadas en Sucre. El lunes 21 comenzará la ejecución de medidas con un juicio que iniciarán seis regiones contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por no entregar los recursos.
El Poder Ejecutivo, el año pasado mediante un decreto, descontó recursos y redistribuyó ingresos de las prefecturas de modo que las alcaldías recibieron un incremento hasta del 45 por ciento que es empleado en salud y educación.
Un segundo recorte llegó después con el Decreto Supremo 29322, que obliga a los departamentos a aportar con el 25 por ciento de sus ingresos para el pago de la Renta Dignidad, un bono mensual de hasta 200 bolivianos que es pagado por el Ejecutivo a los mayores de 60 años.
Anoche en la reunión del Conalde, que comenzó a las 15.30 y duró más de ocho horas, los prefectos y cívicos coincidieron en que se debe organizar movilizaciones en las ciudades capitales para revertir estos descuentos.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, dijo que esta determinación no afectará el desarrollo de la consulta en la que los mandatos del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de ocho prefectos serán sometidos a la voluntad popular
Los líderes regionales decidieron que las autoridades departamentales se sometan al revocatorio, aunque cuestionaron la legalidad del proceso y los porcentajes de definición, que según John Cava, dirigente cívico de Chuquisaca, “favorecen ampliamente al Ejecutivo”.
La convocatoria señala que el Presidente y Vicepresidente serán revocados si la votación por el No supera el 54 por ciento, que fue el porcentaje de apoyo que recibieron Morales y García Linera en las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005.
Los prefectos, en cambio, pueden ser invalidados de sus cargos si la suma de los votos a favor del No sobrepasa los resultados que obtuvieron en aquellos comicios, lo que implica que el apoyo que necesitan para mantenerse en sus funciones supera el 51 por ciento.
El presidente del Comité Cívico Pro Intereses de Chuquisaca, John Cava, por su parte, rechazó la consulta porque, en su opinión, este mecanismo conduce al país a “un escenario de confrontación”.
Insistió en que el Gobierno debe gastar los 60 millones de bolivianos usados en el proceso en proyectos de desarrollo. La alcaldesa Aideé Nava sugirió que las prefecturas paguen esa renta.
Nace coordinadora política con un mensaje “anti-Evo”
Dirigentes políticos de los partidos ADN, MIR y el MNR presentaron ayer la Coordinadora Nacional por el No a Evo, que tendrá la misión de promover en todo el país la revocatoria del mandato del presidente de la República, Evo Morales, y del vicepresidente Álvaro García Linera.
La presentación de la coordinadora fue en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, para impulsar el No en contra de las autoridades del poder central, a fin de preservar las autonomías, y el respaldo a los prefectos de los departamentos que han adoptado la autonomía departamental: Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz. Además, esta organización pedirá a la ciudadanía que impida el nombramiento de una autoridad interina como anunció el Poder Ejecutivo en caso de que las autoridades regionales sean revocadas de sus mandatos.
En Santa Cruz, ese movimiento está encabezado por Freddy Terrazas, Mario Serrate y Daniel Dory, de ADN, y Mario Justiniano y Roxana Sandóval, del MNR. Mientras eso sucedía en suelo cruceño, en la sede del Gobierno también se iniciaba la campaña contra los jefes de Estado. El movimiento denominado Basta Ya, dirigido por Guillermo Paz, inauguró su la campaña en la plaza Eduardo Avaroa.
Por su lado, el movimiento denominado Acción Joven empezó ayer la campaña de apoyo al prefecto cruceño, Rubén Costas. El lema de la campaña es: “Rubén Sí, autonomía”.
Un grupo formado por jóvenes y vecinos de los distritos 1, 4 y 9 se apostó en la avenida Monseñor Rivero y en la rotonda de la avenida Santos Dumont para regalar banderas blancas y stickers para pedir a los vecinos que el 10 de agosto, día de la consulta revocatoria, acudan a sus mesas de sufragio para respaldar a Costas.
Propaganda por el No a Morales
Dos organizaciones hicieron conocer su posición de revocar al presidente Evo Morales y al prefecto Mario Virreira. Los dirigentes del Movimiento Originario Popular (MOP) señalaron que el referéndum revocatorio de mandato no es una salida a la crisis y que, al contrario, agravará los problemas y la división nacional.
Este frente político lanzará propaganda para votar por el No al presidente Evo Morales y al prefecto masista Mario Virreira en el referéndum revocatorio del 10 de agosto.
También hizo su aparición la organización denominada Coordinadora de Defensa de la Democracia y la Integridad del País, y a través de Mario Suárez se dio a conocer que su nacimiento se debe a la necesidad de defender la democracia y la integridad territorial ya que supuestamente están amenazadas por las acciones del Gobierno y de los representantes de la llamada “media luna”.
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