El Parlamento venezolano concede a Chávez poderes especiales

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dispone hasta mediados de 2008 de poderes legislativos especiales para avanzar hacia "la construcción del socialismo", al ser autorizado hoy por el Parlamento en una sesión extraordinaria.

Reunida en una plaza de Caracas, frente a su sede, la Asamblea Nacional (AN, unicameral) aprobó la denominada "Ley que autoriza al presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley".
Dicha norma permitirá a Chávez "profundizar la revolución bolivariana" y avanzar hacia "la construcción del socialismo", como destacó la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores.

"¡Aprobada por unanimidad, con el voto del pueblo!", exclamó Flores tras pedir que en señal de aprobación levantaran las manos los diputados y las decenas de seguidores del Gobierno concentrados en la céntrica Plaza Bolívar, en una sesión en el que el Ejecutivo estuvo representado por el vicepresidente del país, Jorge Rodríguez.

La nueva Ley faculta a Chávez a legislar durante los próximos 18 meses sobre once áreas en los sectores más sensibles del país, incluido el energético -pilar de la economía nacional- cuya nacionalización ha ordenado "en su totalidad".

El vicepresidente de la AN, Roberto Hernández, sostuvo en su discurso de rigor que lo actuado refleja que "vivimos momentos estelares sólo comparables con los gloriosos días de nuestra guerra por la Independencia" de España.

"No estamos prometiendo justicia para el futuro, sino para el presente (...), esperanzas que quedaron enterradas casi durante dos siglos y que nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo a costa de lo que sea y contra quien sea", añadió el legislador, dirigente del Partido Comunista, uno de los que respaldan la gestión de Chávez.

"Nuestros enemigos -añadió- no ocultan ni pueden ocultar que si se oponen a Chávez es porque no quieren perder sus privilegios (...), porque gobernar para los explotados es quitarle privilegios a quienes hasta ahora han disfrutado de nuestra riqueza nacional".

Los poderes especiales, llamados en Venezuela "Ley Habilitante", también permitirán a Chávez legislar en otros ámbitos económicos, sociales, financieros y tributarios, transformar instituciones del Estado y de participación popular, entre otras iniciativas.

Asimismo, podrá cambiar normas en áreas de seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, ordenación territorial, seguridad y defensa, y en el ámbito de infraestructura, transporte y servicios.

Con el mismo procedimiento Chávez aprobó a finales de 2001 una veintena de leyes. A partir de entonces se desató una serie de movilizaciones opositoras que desembocaron en el golpe de Estado que en abril de 2002 logró derrocarlo durante 48 horas.

A la par de estos poderes, Chávez nombró este mes una comisión que revisa reformas a la Constitución, entre ellas una que permita su reelección presidencial indefinida en futuros comicios.

El gobernante fue reelegirlo para el período 2007-2013 con casi dos tercios de los votos de sus compatriotas en los comicios presidenciales de diciembre pasado.
La oposición, sin representación parlamentaria -por decisión propia, al no concurrir a las legislativas de 2005-, pidió el martes al Tribunal Supremo de Justicia que aclare el alcance de las reformas que propondrá esa comisión al Parlamento, que deben ser además definidas en una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y luego ser sometidas a referendo.

"Proponemos lo más justo: una ANC donde estén representados todos los venezolanos y que la nueva Constitución sea sometida a referendo; esta es la oportunidad para unir al país y no para seguir fracturándolo", dijo el líder opositor Julio Borges.

La actual Constitución fue sancionada en un referendo promovido por Chávez y celebrado en 1999 después de ser redactada y aprobada por una ANC.

Así "cambiamos muchas de las cosas que hoy se quieren volver a cambiar, entonces lo que es igual no es trampa", añadió Borges e insistió en que la reelección presidencial indefinida debe ser discutida en una Asamblea Nacional Constituyente "y no por un cogollo" oficialista.