La Unión Europea (UE) explicó a la Comunidad Andina que la directiva comunitaria sobre el retorno de inmigrantes irregulares refuerza "la seguridad jurídica" de estas personas, a la vez que se intenta garantizar que los inmigrantes legales tengan los mismos derechos que los ciudadanos comunitarios.
Este gesto responde a las fuertes críticas que la llamada "directiva de retorno", recién aprobada por la UE suscitó entre numerosos países, dentro de las cuales los cancilleres andinos enviaron una carta conjunta en junio pasado.
La misiva asegura que la UE apoya la inmigración legal, pero tiene que "abordar los problemas que conlleva la inmigración irregular" desde un "enfoque global" que ponga en contacto a países de origen, tránsito y destino y permita una gestión conjunta de los flujos migratorios.
"Debemos luchar contra el empleo ilegal, el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas", reza el texto.
La UE también garantizó que entre sus objetivos figura "contribuir al desarrollo socio-económico de los países de origen para que sus ciudadanos puedan tener mejores condiciones de vida sin estar obligados a abandonar su país".
El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner; el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Javier Solana; y la comisaria europea de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, firman esta carta, en la que dicen entender que la nueva directiva genere "malentendidos" que hay que aclarar sin demora.
"La directiva busca armonizar las normas en los Estados miembros y establecer un conjunto de reglas claras, transparentes y justas" que tengan en cuenta el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afectadas, recalcan.
Por otra parte, la carta insiste en que la Unión pretende promover la integración de los inmigrantes regulares en su nuevo entorno social, de manera que cuenten con derechos equivalentes a los de los ciudadanos europeos, y está preparando una norma con este objetivo.
Asimismo, la UE quiere que las personas en situación irregular estén mejor protegidas ante la explotación que suelen sufrir y cuenten con derechos como el de información de las posibles vías para interponer un recurso, el apoyo lingüístico y asesoramiento jurídico, o cuidados médicos de urgencia.
"Estas garantías deberán ser aplicadas en todos los Estados miembros de la Unión lo cual constituye en sí mismo un gran avance", añadieron los tres responsables europeos en su carta.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó el pasado mes de junio con bloquear las negociaciones comerciales entre la UE y la comunidad andina e imponer restricciones en los visados europeos si se aprobaba la directiva de retorno, a la que denominó la "directiva de la vergüenza".
Por su parte, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó que la norma europea viola los derechos humanos y varios tratados internacionales.
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