Autoridades gubernamentales ecuatorianas han descartado la posibilidad de que el llamado proyecto "Libertador", emprendido por el régimen a través de la policía, sea un sistema de espionaje y lo definen como un elemento de investigación y no de persecución, publica hoy la prensa local.
El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, dijo que el proyecto "Libertador" pretende dotar a la policía judicial y a los fiscales de herramientas electrónicas de investigación criminal, pero no un sistema de espiobnaje.
Ello implica -señaló- la posibilidad de monitoreo de llamadas, correos electrónicos y todo lo que esté inmerso dentro del espectro electromagnético de comunicaciones.
Tras apuntar que la investigación criminal es legal pero el espionaje ilegal, señaló que se optará por lo primero en procura de beneficiar a la administración de justicia, señala El Telégrafo, el primer periódico público de Ecuador.
Para ello, dijo, se deberá contar con el aval y estricto seguimiento de las autoridades judiciales y controles tecnológicos legales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Jalkh, coincidió con Bustamante y recalcó que el proyecto "Libertador" permitirá modernizar el sistema de comunicaciones, que en la policía se ha vuelto obsoleto y de ello, a su criterio, se han aprovechado los delincuentes.
También indicó que el proyecto se encuentra en fase definitiva para aplicarlo, con recursos de ayuda estadounidense, lo cual no implica algún tipo de dependencia, subrayó.
De su lado, el diario El Comercio anota hoy que la idea de instalar un laboratorio para grabaciones telefónicas nació hace más de un año.
La intención era equipar a la policía de equipos y un software especial que permita interceptar las llamadas, especialmente de celulares, y rastrear los correos electrónicos, dice.
El proyecto tomó el nombre de "Libertador" y buscó el apoyo en el extranjero, basado en la Convención de Palermo contra el crimen organizado, firmado en 2000.
"Participaron varios países, pero el más entusiasta fue Estados Unidos, que donó los equipos para realizar un seguimiento vía microonda de las llamadas y de los correos", agrega.
Una fuente policial dijo a El Comercio que el presupuesto para el plan asciende a 18 millones de dólares y para que entre en funcionamiento sólo falta comprar un software, porque los equipos se encuentran en el país.
La policía deberá ajustar un acuerdo con las empresas de telefonía celular -públicas y privadas- que trabajan en el país, un proceso que, según el comandante de la Policía de Ecuador, general Jaime Hurtado, se encuentra encaminado y pronto se solemnizará.
El diario recuerda que en un aparte de los Derechos Legales, el Código de Procedimiento Penal declara "la inviolabilidad de la correspondencia epistolar, telegráfica, telefónica, cablegráfica, por télex o por cualquier otro medio de comunicación".
Otro de los artículo señala que el juez de lo penal puede autorizar por escrito al delegado del Ministerio Público para que intercepte y registre conversaciones telefónicas o de otro tipo.
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