El conflicto mapuche pone a prueba a Bachelet

El conflicto indígena desatado en el sur de Chile está poniendo a prueba los nervios  y la habilidad política del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y se está constituyendo además  en un test político para las diversas fuerzas políticas y sociales del país, y las instituciones del Estado que  deben intervenir en la situación.

El hecho de que  las demandas indígenas- desde la restitución de tierras hasta la demanda de autonomía, den lugar a acciones de violencia, por cierto no es casual, y contrariamente al objetivo de quienes los realizan, de impactar o amedrentar, lo que han provocado es justamente lo contrario.

El incendio de casas patronales, bosques o sembradíos, el asalto a vehículos que transportan trabajadores – por más que algunos intenten justificar con reminiscencias del “derecho a la rebelión” y otros magnifican- en defensa irrestricta de los “sagrados derechos” de la "propiedad privada” -lo que han hecho es transformar el tema en un problema de “autoridad”, de “orden público”, delincuencia, o terrorismo y antiterrorismo.

Y la criminalización del problema lo que lleva es a las medidas represivas. Y la judicialización de un tema de profunda raíz  y contenido político e histórico.

Por ello es una falta de rigurosidad política, una ligereza en el análisis que personeros del gobierno, como el Ministro del Interior o el General Director de Carabineros insistan en hablar de “delincuencia”, e intenten desconocer la naturaleza político-social, étnica, histórica, cultural, de la situación.

Si este fuera el análisis estratégico sobre el conflicto, quiere decir que estaríamos apagándolos con bencina, y corremos el serio riesgo de extender la crisis objetiva, al plano de la sociedad chilena en general, dando lugar a la solidaridad, la movilización de protesta en los grandes centros urbanos, e incluso en el ámbito internacional, con enjuiciamientos a la supuesta o real violación de los derechos humanos de la minoría étnica.

Cualquier analista  de inteligencia, o ciudadano interesado en la situación del país, puede concluir que  el conflicto tiene orígenes profundos en una historia de despojo, discriminación, racismo, y crímenes contra el pueblo originario del país.

Y que lo obvio es responder a la situación, con medidas que generen satisfacción a las demandas indígenas, con acuerdos con sus dirigentes responsables, desarticulando los focos de violencia, y actuando con creatividad y sinceridad con respecto a las comunidades.

Aquí no pueden tener cabida las demandas de mano dura que provienen de quienes quisieran  “sofocar a los violentistas”, “meter presos” a los líderes mapuches y a los “infiltrados”, (la nostalgia por los buenos tiempos del orden de los cementerios de la dictadura de Pinochet, no es casual, aún cuando provengan de individuos que se supone o posan de  “demócratas”), aunque por cierto, las leyes deben ser respetadas y el país defendido en su integridad e institucionalidad.

Y aquí entramos en otro terreno, bastante complejo, de la situación.

Es evidente, porque así lo han expresado de manera explícita algunos de sus portavoces, que existen fuerzas, grupos, o líderes, en algunos casos remanentes de las antiguas formaciones insurgentes de la época de la lucha contra la dictadura de Pinochet, que estiman que el escenario mapuche, su conflictividad, sus demandas y sus frustraciones son terreno idóneo para desarrollar las teorías y formas de lucha,

Es un fenómeno conocido cuando de situaciones históricas en que la insurgencia era una opción legitimada por la represión  dictatorial y sus crímenes, subsisten concepciones políticas de lucha armada, de la lógica militarista del conflicto, y se busca adecuar la realidad a las tesis, a cualquier costo.

La presencia en el escenario del conflicto mapuche -según constatan procesos judiciales e informes de Inteligencia- y las declaraciones de algunos “comandantes”,  de grupos o formaciones identificados como integrantes del MIR-Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (MIR-EGP-PL), y de elementos del Movimiento Lautaro, contribuyen a desnaturalizar el propio y legítimo movimiento mapuche y contamina política, judicial y mediáticamente sus demandas y acciones.

Los que promueven, organizan e invaden fundos, queman cosechas, destruyen casas patronales, amedrentan a trabajadores, balean los vehículos que los trasladan o queman camiones, y los que les avivan la cueca, deberían darse cuenta de que están jugando con fuego, que  puede haber una respuesta policial o de legítima defensa de los afectados y que ello convertiría los campos de la Araucanía, y hasta el país, en un campo de batalla, con muertos heridos, sangre y lágrimas, donde ya no importe quién disparó primero y se impone la irracionalidad.

El pasto seco se incendia con un fósforo y es difícil aceptar – o permitir- que alguien pretenda responsablemente conducir las cosas  hacia ese objetivo.

Otro elemento que  oscurece el problema es que los algunos agricultores de la zona, quizás recordando cuando bajo Pinochet encabezaron las persecuciones contra mapuches y campesinos partidarios del Gobierno de Salvador Allende, los acorralaron, asesinaron y lanzaron sus cuerpos martirizados a los ríos, lanzan hoy con altanería, bravatas y amenazas contra las autoridades, contra el Gobierno, contra los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales.

Quisieran que “pusieran orden”, que “metieran en las cárceles” a media comunidad mapuche,  que aplicaran implacables la fuerza de la represión.

Por otro lado, si el conflicto se sale de los marcos, o la violencia adquiere una dimensión incontrolable, los efectos también pueden afectar no sólo la imagen del gobierno y de la democracia chilena, sino hasta el riesgo país y las inversiones extranjeras, que dudarán en llegar a un país inestable o ingobernable, con territorios “liberados”, donde el Estado no tenga control institucional o del cual ha sido desplazado.

El gobierno, las fuerzas sociales y políticas más moderadas deben entonces actuar con firmeza, con creatividad, con responsabilidad, y sobre todo con prontitud.

La definición objetiva, serena, profunda del problema es un paso inicial insoslayable, previo a la elaboración de cualquier estrategia, de respuesta.

Los mapuches deben tener una participación política y social en la sociedad chilena, deben ser considerados como iguales en la Constitución y en la práctica, deben tener el espacio geográfico adecuado a sus necesidades y donde tengan la libertad de practicar su cultura, sus ritos, su religiosidad natural y al mismo tiempo tener acceso a una buena educación, apoyo crediticio, de salud, de vivienda, de prosperidad y de perspectivas a los que tienen derecho, como todo chileno.

Sólo así podrán sentirse integrados, nunca asimilados, a una sociedad sobre la cual tienen muchas observaciones y de la cual desconfían por muchas razones históricas y presentes.

Este sería un camino más constructivo para enfrentar un problema que no podemos eludir.

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Marcel Garcés
Periodista