En los regímenes democráticos una cuestión siempre importante de la política gubernamental o del funcionamiento de un Estado se centra en su eficacia para la solución de problemas. La cuestión de la eficacia tiene varias formas: ¿de qué manera se enfrenta un gobierno inteligente con los problemas de la nación? ¿Sabe el gobierno lo que hace? ¿Debaten con detenimiento los líderes, las políticas del país? ¿Es la administración pública necesariamente ineficiente? ¿Por qué nunca se solucionan ciertos problemas que se repiten constantemente, por ejemplo: huelgas, explosiones sociales y protestas de todo tipo?
A pesar de un renovado ímpetu por ejecutar reformas para enfrentar diferentes problemas, en Bolivia tropezamos constantemente con enfrentamientos, conflictos de naturaleza política y mucha oposición. ¿Dónde está la falla? Aprobar e implementar una reforma o un conjunto de transformaciones gubernamentales, permanece como algo políticamente doloroso.
Un punto de partida para comprender las dificultades políticas asociadas con la ejecución de reformas es el análisis costo-beneficio. ¿Quién paga los costos económicos y humanos de toda reforma? ¿Quiénes se benefician más? Cuando los costos de una política pública o reforma particular caen directa e intensamente sobre los hombros de grupos de interés específicos y los beneficios son demasiado difusos, es decir, supuestamente van a beneficiar a toda la sociedad, el resultado es que toda reforma estará en entredicho por la oposición y conflictos que surgirán por parte del grupo que cree estar pagando un costo demasiado alto por la reforma adoptada. Por lo tanto, el éxito de cambiar algo desde el Estado variará según cómo se distribuyan o concentran los costos y beneficios de cualquier reforma.
Los costos y beneficios no necesariamente pueden ser dinero. Los costos muchas veces son aspectos simbólicos como el prestigio, la capacidad de influencia y el poder. Cuanto más concentrados estén los costos de una reforma en un número pequeño de ciudadanos o grupos organizados, ejecutar una reforma será muy problemático.
Podemos citar dos ejemplos: la reforma educativa que desató conflictos con el magisterio y el problema de los cocaleros. Tanto cocaleros como maestros consideran que están pagando un alto costo para recibir poco o nada de beneficios como grupos organizados. La sociedad boliviana necesita de una reforma educativa y también quiere librarse de una serie de problemas que vienen del narcotráfico. Los beneficios son difusos, es decir, toda la sociedad se beneficiaría de un mejor sistema educativo y de un país libre de drogas. Sin embargo, los grupos de interés directamente involucrados en las reformas, como maestros rurales y urbanos no están de acuerdo en pagar los costos de cualquier política: adaptación al cambio, posible privatización de algunas escuelas y pérdida de algunos privilegios en el escalafón docente. De igual manera, los cocaleros asumirían que la venta de productos alternativos a la hoja de coca no compensa para nada los ingresos de una hectárea bien pagada en el Chapare o los Yungas, independientemente de si la coca va a dar al narcotráfico.
Reformar y aplicar políticas públicas es un proceso traumático en la práctica porque siempre estará de por medio la desigualdad de visiones, objetivos e intereses. El mayor obstáculo para la elaboración de las políticas públicas representa la desigualdad entre ciudadanos y cómo éstos, en el fondo, tienden a destruir las reformas.
Por esto, resulta totalmente ingenuo y pretencioso hablar del cambio como lo hace el Movimiento Al Socialismo (MAS), pues ni el propio Evo Morales sabe si puede cambiar él mismo o si los otros (sus bases enormemente heterogéneas) entienden lo que quiere cambiar, o finalmente si Morales comprende sus capacidades e incapacidades para liderar las reformas de una democracia moderna.
Sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program, [email protected], [email protected]
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