El pasado 18 de abril la Asamblea de mayoría oficialista que redactó la Constitución, ahora en receso, aprobó el Mandato Minero, por el cual se ordenó la reasunción por parte del Estado de unas 4.000 concesiones mineras.
No obstante, los pequeños mineros y organizaciones ecologistas consideran que este mandato no se ha aplicado y que grandes empresas internacionales continúan operando sin las regulaciones establecidas por la ley.
"El escenario actualmente es de un Gobierno sin voluntad de aplicar una orden expresa y clara de la Asamblea Constituyente; es un escenario de conflictos sociales y violencia mayor", indicaron los mineros en un comunicado difundido por la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar.
En este contexto, "las comunidades afectadas por la explotación minera y por las concesiones futuras exigen que se dé trámite inmediato al Mandato Minero, a la vez que advierten que, de no hacerlo, habrá levantamiento de las comunidades y pueblos", añadió el documento.
Por ello y "para evitar futuros enfrentamientos", exigieron que se "aplique, sin excepción alguna, el Mandato Minero" y que el Gobierno difunda al país inmediatamente la lista de concesiones mineras revertidas al Estado como consecuencia de la aplicación del mencionado edicto.
Asimismo, las comunidades exigen que se haga público "por todos los medios posibles" el proyecto de Ley de Minería elaborado por el actual Ejecutivo.
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