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La nueva fiscala general del Estado podría provocar un terremoto en la crisis catalana
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(Foto: Generalitat Cataluña)

La nueva fiscala general del Estado podría provocar un terremoto en la crisis catalana

viernes 15 de junio de 2018, 08:14h

El diario LA RAZÓN destaca hoy en su portada que el Tribunal Supremo avisa: "Sólo retirará la rebelión por 'imperativo legal'". Este periódico incide en que los fiscales del TS mantendrán la acusación por rebelión, pero que la última palabra en las acusaciones relativas al procés será de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, cuyo nombramiento está previsto hoy en el Consejo de Ministros.

Se espera que el nuevo Gobierno aplique ya una renovada política de actuación frente a la amenaza soberanista catalana, rebajando la presión judicial contra los líderes del procés. Eso podría suponer que la Fiscalía retire algunos de los cargos para así suavizar la situación y poder mantener una negociación abierta con el actual ejecutivo catalán y poner fin a la crisis.

Mientras, ayer, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra los líderes independentistas, recordó que la competencia para decidir en qué cárcel deben estar los presos, así como los traslados, corresponde a Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior.

La aclaración se produjo después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresara su disposición a estudiar el acercamiento a Cataluña de los líderes independentistas presos dando a entender que el traslado requería permiso del juez. "Si en 5o 6 meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil", dijo en Onda Cero.

En un auto en el que rechazó la petición de libertad formulada por la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el ex consejero Raül Romeva -que incluía la petición de traslado a una cárcel más cercana a su domicilio en caso de ser denegada la puesta en libertad-, el juez Llarena recordó que Prisiones tiene la "competencia exclusiva" para decidir el destino de los reclusos y que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el reglamento penitenciario no distinguen entre presos condenados y preventivos a la hora de decidir los traslados.

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