Según Mario Becedas, 'Lawfare' es un concepto relativamente reciente en el ámbito académico -apareció por primera vez a mediados de los 70- que procede de una mezcla de las palabras en inglés 'law' (ley) y 'warfare' (ámbito de guerra) y que se viene a traducir al español como 'guerra jurídica'. Se ha empezado a emplear especialmente desde inicios del siglo XXI y es una manera de denunciar el intento de desgaste del Gobierno o de opositores a través de los tribunales y las leyes. La persecución judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. Ahí tenemos el Caso Rumasa que estos días se acaba de resolver, y el que todos conocemos sus irregularidades y sinvergüenzadas.
Manteniendo una apariencia de legalidad y a través del sistema jurídico -con la aquiescencia de los jueces y de mandos policiales- se buscaría la caída de oponentes políticos, siendo uno de los ejemplos que dan los teóricos las detenciones innecesarias o aparatosas dentro de una investigación política. El concepto se asocia con la más conocida teoría del 'golpe blando', que busca los efectos del clásico golpe de Estado pero sin que se produzca un derrocamiento expreso del poder vigente. Mario se lo atribuye a Unidas Podemos que intenta así defenderse de las acusaciones, que sobre las decisiones de Pedro Sánchez les hacen colaboradores necesarios de todas las leyes con las que estando en desacuerdo, les supondrán una responsabilidad punible. No es la primera vez que he leído sobre ello al padre Gustavo Irrazabal del Instituto Acton de Argentina en el periódico la Nación.
El relato que sostiene esta visión es el de la lucha entre explotadores y explotados como clave de la historia. Los grandes poderes financieros internacionales erigen en los países dominados elites neocoloniales encargadas de garantizar sus intereses a través de la exclusión de la mayor parte de la población. Para ello, se valen del derecho y la justicia penal, que les permiten encarcelar a la población más vulnerable y, a través del lawfare, perseguir a sus defensores, los líderes sociales.
La naturaleza ideológica de esta visión puede apreciarse en su carácter cerrado, totalizante y, sobre todo, imposible de verificar, ya que no se sostiene en pruebas que puedan ser corroboradas. Tampoco forma parte de la competencia propia de un jurista. Debe ser aceptada por un acto de fe. Por eso sería en vano intentar desmentirla. Más útil es imaginar cómo funcionarían las cosas si en vez de los perversos intereses neocoloniales y sus testaferros locales, la Justicia estuviera en mano de jueces “populares”, apoyados por gobiernos “populares”, sensibles a las demandas de las mayorías “populares”. ¿Desaparecería el lawfare, o simplemente cambiaría de dirección? La actividad judicial, por su inevitable carácter “partisano”, ¿no llevaría a un permanente intercambio de roles entre perseguidores y perseguidos? De hecho, la historia no demuestra que los gobiernos “populares” sean menos propensos a manipular la Justicia, ni que estén más dispuestos a respetar los derechos de todos sin distinción de adscripciones políticas.
Este es el caso de España, donde la manipulación de los jueces por los partidos, está a la orden del día.
Este es el problema de la constitución del poder judicial, entre jueces progresistas y conservadores, de lo que dependen las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, Por eso no se ponen de acuerdo el PSOE y el PP, y estos organismos mantienen permanentemente a sus componentes, mucho tiempo después de que debieran haber sido cesados y cambiados en sus funciones. Este es uno de los principales fallos de nuestra teórica democracia. Además de la vergüenza de la Justicia.
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