Hace tiempo que llevo pensando que sería conveniente discutir abiertamente las medias verdades que emite el señor Enric Juliana, desde una posición privilegiada, director adjunto del diario La Vanguardia de Barcelona. Estamos ante el caso de un comunicador que presume de agudeza y ecuanimidad y, bueno, no necesito recordar el refrán al respecto. Pero no quisiera referirme en esta ocasión a sus cualidades personales (no escribo esta nota desde la rabia que me ha producido Rodríguez Zapatero en Venezuela), sino que pretendo discutir el fondo de los argumentos que esgrime últimamente el señor Juliana.
En primer lugar, lo más urgente refiere a las cartas de los militares retirados al Rey Felipe. Concuerdo plenamente con Juliana cuando dice que esas cartas son mucho más importantes que el exabrupto del chat hablando de fusilamientos. Pero es evidente que se detiene en la forma simbólica del acto mucho más que en el fondo. Cree que el hecho de que un amplio grupo de militares retirados se dirija al Rey mostrando sus preocupaciones por la deriva que sigue la gobernación del país es una especie de pronunciamiento para “condicionar al Gobierno y al Parlamento”. Y tiene parcialmente la razón. No es lo mismo que escriban al Rey, por ejemplo, un colectivo de autónomos que lo haga un grupo de militares retirados. De acuerdo, pero esa no es toda la verdad. Porque también es cierto que una vez que dejan de ser activos, esas personas tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano de manifestarse individual o colectivamente sobre sus preocupaciones acerca de la marcha del país y expresarlo ante el Jefe de Estado.
En un programa televisivo, el señor Juliana, perdiendo su supuesta ecuanimidad, alzaba la voz con vehemencia, para preguntar: ¿En qué país de Europa sería posible que los militares retirados traten de intervenir en la política nacional? Y tiene razón, eso es muy poco probable en el resto de Europa. Pero, como usted insiste, España tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, ¿en qué país de Europa cree que una parte del Gobierno discuta las sentencias del Tribunal Supremo, o quiera saltarse las reglas del juego para nombrar a los representantes del poder judicial? ¿En qué país de Europa, una parte del gobierno haga maniobras diplomáticas al margen del jefe de Estado, en presencia de este, como sucedió en Bolivia? ¿En qué país de la Unión Europea, una parte del gobierno promueve saltarse la Constitución respecto a la unidad territorial de la nación?
Se lo diré abiertamente, señor Juliana, en Francia, Inglaterra o Alemania, cualquier partido que, con los antecedentes de EH Bildu, hiciera propaganda para dividir el país en varias republicas, estaría hoy en una cárcel, a la espera de juicio. Y definitivamente, no hay tampoco ningún país europeo donde el gobierno haya pactado con esta gente para mantenerse en poder. Es decir, si hablamos de peculiaridades, mencionémoslas todas.
Y en cuanto al fondo de lo que dicen las cartas (que, por cierto, rechazan el exabrupto del chat) me parece que reflejan preocupaciones reconocibles. Muchos en este país, desde Felipe González en adelante, han insistido en que existe una progresiva amenaza para la unidad territorial, el pacto constitucional del 78, o la monarquía parlamentaria. ¿Tienen o no derecho los militares retirados a manifestar eso mismo? Claro, coincidimos en que sería mejor que tal cosa no sucediera, pero tampoco deberían suceder las barbaridades que les motivan a hacerlo.
El otro asunto que tanto preocupa al director adjunto de La Vanguardia es la “concienzuda campaña en torno a la ilegitimidad del Gobierno”. De nuevo, Juliana practica su deporte favorito: coger el rábano por las hojas. Justifica la legitimidad del Gobierno por el hecho de que nace de una mayoría -exigua es cierto, pero mayoría, al fin y al cabo- que lo apoya en el parlamento. Pero sabe sobradamente que ese hecho no cubre toda la argumentación sobre su ilegitimidad. Porque la acusación refiere al factor básico de ese parámetro. Nadie pone en duda que el Gobierno de Sánchez se legal, pero ¿cómo se puede llamar a un gobierno que nace de un candidato que hace una propuesta al electorado en una determinada dirección y luego, cuando no consigue los votos suficientes, da un giro de 180 grados y se dispone a hacer todo lo contrario, incluyendo pactar con un partido político que había prometido en campaña que nunca pactaría? En breve, ¿Cómo se puede caracterizar a un gobierno que nace de un fraude discursivo y propositivo ante el electorado? Pues de ahí nace la acusación de ilegitimidad, señor Juliana, y no de composiciones parlamentarias. Y alguien que se precia de hacer agudos análisis lo sabe de sobra, aunque no lo mencione nunca. Hay una frase memorable de Felipe González para estos casos: “no hay nada más penoso que cuando la izquierda llena de razones a la derecha”.
La legitimidad nace de la veracidad y la coherencia. Y no son Podemos, Bildu y ERC los incoherentes. Estas fuerzas políticas siempre han manifestado, públicamente y en privado, su menosprecio de la Constitución del 78 o su intención de desmembrar la nación española. Tampoco han dejado de manifestar sus preferencias por Maduro o Correa. El problema consiste en que depender de su apoyo para mantenerse en la Moncloa, abre un camino de incierto y peligroso destino.
¿A qué cree que responde, señor Juliana, el señalamiento de destacados socialistas, en activo o en reserva, de que no se debería pactar nunca con EH Bildu? ¿A determinados gustos ideológicos? No, señor Juliana, si miramos con mayor profundidad el horizonte, lo que se avizora con esos pactos es un aumento radical de la división política del país, cuando no una crisis nacional de difícil solución. En realidad, sólo por lealtad partidaria -poco conveniente en estos momentos- muchos de esos socialistas no señalan al verdadero responsable de este creciente riesgo nacional. Como dice Inés Arrimadas, Pedro Sánchez ha elegido y elige sus aliados. A muchos socialistas, la política de Sánchez nos parece autoreferente y aventurera. El problema de fondo, señor Juliana, es que ese aventurerismo acabaremos pagándolo todos.
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