Escribiendo desde Francia sobre las causas de la Guerra Civil española, el ex presidente Manuel Azaña aludía con frecuencia al “carácter”, al “temperamento” de los españoles, como el factor fundamental que impidió “una evolución política normal, marcada por avances y retrocesos”. También alude varias veces a que la primera víctima de esa incapacidad política, de ese comportamiento, fue el irrespeto más acabado de las reglas del juego; dicho más concretamente, el ninguneo del marco constitucional de la República.
Ese déficit de cultura política parecía confirmar el pesimismo de muchos intelectuales del primer tercio del siglo XX sobre el ser de España. Pero algunos historiadores, como Santos Juliá por ejemplo, argumentaron más recientemente que ése no tenía que ser el destino fatal de España. Y ahí estaba la transición, tan elogiada internacionalmente, para probarlo. En efecto, parecía que el país se liberaba del mantra que había arrastrado por dos siglos y conseguía poner en valor dos cosas fundamentales: la primera, que era posible entenderse desde posiciones políticas distintas y que hay que aceptar al otro siempre que se mantenga dentro de las reglas del juego; la segunda, que esas reglas del juego, consignadas como una Constitución, tenían un valor sustantivo y no sólo instrumental respecto de la convivencia democrática.
Pero luego de cuatro décadas, cuando la mitad de la población ha nacido después de la transición, las nuevas generaciones parecen desconocer lo andado y vuelven a desvalorar los fundamentos del sistema constitucional. Cierto, la responsabilidad es compartida: el adanismo de los nuevos entrantes en el sistema político no es el único culpable. Algo ha fallado en la transmisión de aquellos bienes públicos desde las generaciones de la transición hasta las actuales. Una hipótesis podría ser que los aciagos años noventa y los primeros de este siglo han supuesto un corte en la continuidad de la cultura democrática. Y sobre esa debilidad política, la brutal crisis económica que comenzó en 2008 ha hecho el resto.
En todo caso, lo cierto es que el espectáculo que se vivió el pasado martes en la apertura de esta legislatura da cuenta de un regreso evidente al ninguneo de la Constitución. Las fórmulas irrespetuosas de una buena cantidad de diputados y diputadas a la hora de acatar y defender la regla del juego fundamental, van desde un completo contrasentido hasta la estupidez política. Decir, por ejemplo, que desde el espíritu republicano se promete el acatamiento de la Constitución, es una contradicción en los términos. Pero afirmar que se jura acatar la Constitución “Por España” es una reiteración innecesaria. ¿Es que se trata de una Constitución de algún otro país? ¿O es que se está preguntando por otra cosa que no sea la Carta Magna? De igual forma es una sandez o una segmentación peligrosa, prometer el acatamiento de la Constitución, “por la democracia y los derechos sociales”. ¿O sea que la Constitución no es enteramente democrática, o que solo se quiere defender los derechos sociales y no el resto de los derechos constitucionales? Ni que decir tiene que afirmar que se promete desde la condición de preso político y por imperativo legal no tiene otro sentido que dejar claro que no hay voluntad propia de acatamiento, sino que la persona se ve obligada a hacerlo así. No importa si el Tribunal Constitucional dice que ese tipo de fórmula no disminuye el compromiso adquirido. Eso podrá valer en el campo jurídico. Pero resulta evidente el sentido comunicativo de desafección al marco constitucional de quien la pronuncia.
Toda esta acumulación de astucia, sinsentido y mala fe tiene de nuevo una primera víctima: la desvalorización de las reglas del juego y de su fundamento básico, la Constitución. El marco constitucional es así una nota bene o un simple instrumento para quien quiere la independencia de su territorio, la implementación de un determinado programa o la misma revolución social. ¿Les resulta históricamente familiar?
En realidad el problema se agrava cuando simplemente se desconoce su existencia. Me resulta esperpéntico que algunos medios califiquen este espectáculo como reflejo de la alta calidad de nuestra democracia. En realidad, esa percepción muestra hasta qué punto nuestra cultura política es deficitaria. Porque no se trata de un estilo descarado de actuación política, más o menos informal, sino de un ninguneo de fondo de las reglas del juego. Y cuando eso no se pone en valor, la convivencia cívica y política se resiente.
Es cierto que mucha gente que observó el espectáculo sintió vergüenza propia y ajena. Uno podría pensar que eso debería tener su costo electoral en medio de una campaña, especialmente respecto del cauce del voto socialista. Al menos eso sería bastante probable en cualquier otro país más o menos normal. Sin embargo, ese efecto podría ser muy leve en el caso español. ¿Cuál sería la razón? Pues muy sencilla: que amplios sectores de la población consideran que la Constitución no tiene tanta importancia como otros derechos específicos o como la necesaria victoria de su color político particular. ¿Les suena? Tal vez sea cierto eso de que nuestros viejos demonios familiares siempre están prestos a la resurrección.
Si (
No(
