Elecciones territoriales: el alcance del voto de castigo

Antes de analizar el adelanto electoral que ha planteado Pedro Sánchez, en su calidad de Presidente de Gobierno, conviene examinar la coyuntura política en que se produce. El cambio político en la gobernación de los territorios que surge de las elecciones del domingo es incontestable. Nunca antes, desde las primeras elecciones democráticas, el Partido Popular había adquirido tanto poder municipal y autonómico, a costa de un desalojo monumental del PSOE en esas instancias. Muchos de los perdedores de estas elecciones hablan de oleada de derechas o de tsunami conservador.

Sin embargo, este cambio notable puede dar lugar a confusiones. Si lo sucedido se entiende como el desplazamiento del electorado, en sus opiniones y actitudes políticas, hacia las concepciones y planteamiento conservadores, se está confundiendo el cambio institucional con la distribución efectiva del voto. En una gran cantidad de casos, el PP ha ganado por uno o dos escaños, incluso contando con el apoyo de Vox. Puede afirmarse que más que una victoria de la derecha, lo que ha sucedido es una derrota de la izquierda, por causas que en buena medida provienen de sí misma.

La dimensión del cambio electoral en términos de sufragios no es tan voluminosa como pudiera parecer. Los ochocientos mil votos que el PP saca de ventaja al PSOE en las municipales, pueden dar una idea aproximada de esa dimensión. En efecto, ya es una ventaja importante, pero no llega constituir un verdadero punto de no retorno. Un ligero movimiento del electorado en la dirección contraria y cambia de nuevo el poder territorial.

Una hipótesis de trabajo acerca de cuales han sido las principales causas de esa derrota electoral del Gobierno, invita a pensar en un doble plano: a) un rechazo sustantivo del proyecto y las medidas impulsadas por el gobierno de coalición, y b) un voto de castigo que incluye a sectores progresistas respecto al comportamiento político de Pedro Sánchez, también en torno al guion por él impuesto en las elecciones territoriales.

El rechazo sustantivo de sectores conservadores y de centro refiere a algunos asuntos nodales, entre los que destacan las relaciones y los enredos con los sectores independentistas (cambios ad hoc del código penal, apoyos de Bildu, etc.) y el resentimiento y rechazo de las medidas impulsadas en materia de relaciones personales y familia (ley Trans, del sí es sí, etc,). Estas acciones radicales, sin buscar ningún tipo de deliberación, han provocado la orientación contraria del voto. Y eso ha consolidado el voto duro a favor de los populares.

Pero ha sido el voto de castigo, que también incluye el voto progresista blando, lo que ha complementado el deslizamiento hacia la victoria electoral conservadora. Ahora bien, la cuestión consiste en saber el alcance real de este voto de castigo. ¿Se mantendrá en pie hasta las elecciones generales? Para ello, el PP deberá evitar errores importantes en ese tránsito, mientras los sectores radicales deberán resolver sus considerables problemas de articulación y alianzas.

En ese contexto, se ha producido el sorprendente anuncio del Presidente de Gobierno de disolver las Cortes y convocar elecciones el próximo 23 de julio. La mayoría de los observadores recuerda que esta estrategia de Sánchez de jugar al todo o nada, siendo muy arriesgada, le ha salido bien en ocasiones anteriores. Tal cosa es una evidencia, pero la cuestión consiste en saber si esa estrategia, que puede pinchar en cualquier momento, tendrá éxito en esta ocasión.

Se ha especulado acerca de que los siete meses que faltan para las elecciones generales supone un periodo demasiado amplio, donde Núñez Feijoo tendría que vérselas con las enormes dificultades para evitar que su alianza con Vox le restara un importante cauce electoral. Al reducirse sensiblemente este período, tales peligros para el PP disminuyen. Ahora la competencia política será de carácter comunicativo y de construcción de relatos. No será muy difícil para el PP impulsar el argumento que sostenga que el adelanto electoral, exigida reiteradamente por el PP, es simplemente producto directo de la enorme derrota en estas elecciones territoriales. En suma, así como Sánchez cometió el error de convertir estas elecciones en un plebiscito personalizado, en contra de muchos de sus barones locales, no hay razón para no considerar la posibilidad de que este órdago, lejos de remediar la derrota sufrida, constituya en realidad un error sobre otro error.