El acuerdo alcanzado por Sánchez y Casado en su reunión telemática este lunes cambia por completo las condiciones del pacto nacional para la reconstrucción. Ante todo, porque supone un giro de 180 grados respecto de las enormes dudas que existían previamente acerca de si ese acuerdo iba a ser posible. Las declaraciones que los líderes políticos habían hecho ese mismo fin de semana no parecían presagiar nada positivo. Sin embargo, en la tarde del lunes los medios de comunicación se llenaban de titulares sobre el acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para configurar un pacto de reconstrucción nacional. Menuda mutación.
Cierto, eso no significa que hayan desaparecido por completo las dudas acerca de si será posible concretar y materializar verdaderos pactos de Estado para la reconstrucción, pero resulta indudable que cambia por completo las perspectivas de esa posibilidad. Especialmente entre quienes hace tiempo que proponemos tal pacto, surge la pregunta esperanzada: ¿será posible finalmente un poco de sentido de estado en la arena política española?
Dos cuestiones cobran especial relevancia ante esta situación: apreciar correctamente la dimensión del cambio que implica este acuerdo y reconocer con alguna precisión las razones de fondo que lo han hecho posible.
La fórmula aceptada por Sánchez de trasladar la mesa de reconstrucción a una comisión parlamentaria significa una modificación radical de la selección de los contenidos a discutir, así como de quien liderará el proceso. Pese al intento de restarle importancia a este cambio por parte de la portavoz del Gobierno, la Ministra de Hacienda María Jesús Montero, quien ha declarado “lo importante es que haya un acuerdo; lo de menos es el formato, no importa si es una mesa o una comisión parlamentaria; lo importante es que estemos todos, desde el Gobierno se valora positivamente que se incorpore el principal partido de la oposición”; pero lo cierto es que ahora será la mesa de esa Comisión quien la convocará, estableciendo los contenidos a debatir y decidiendo el ritmo y el procedimiento de las discusiones. Algo que cambia por completo la propuesta contenida en los documentos que la Moncloa había enviado desde el día anterior a los líderes de los grupos políticos para preparar el acuerdo.
La propuesta de Moncloa consistía en la formación de una mesa convocada desde Gobierno con presencia de un representante por entidad, presidida por el propio Sánchez o en su ausencia por la vicepresidenta Carmen Calvo, que comenzaría a trabajar al día siguiente sobre cuatro áreas (reactivación económica, Estado de bienestar, sanidad y salud pública y Europa). Cada uno de los grupos de trabajo estarían compuestos por representantes de las fuerzas políticas de forma proporcional, de forma que hubiera al menos un representante de cada formación. En los grupos también habría un máximo de tres representantes del Gobierno, designados por el Ejecutivo, y en función de la materia que aporte el grupo de trabajo. Todo este planteamiento se disuelve cuando es una comisión parlamentaria la que toma en sus manos el proceso.
A la vista de tal cambio, cabe preguntarse por las razones de fondo que lo han hecho posible. Como se sabe, todo acuerdo efectivo significa que regularmente se han hecho concesiones de cada parte. Todo indica que el principal rédito que obtiene Sánchez es el blindaje de la coalición de Gobierno, y, por tanto, la participación de Iglesias y Podemos en el proceso de negociación. Sánchez estaba recibiendo fuertes presiones del mundo empresarial, mediático y político para que se desprendiera de una vez de su socio populista. Pero en el análisis de escenarios de poder de la Moncloa se concluye que tal cosa debilitaría el perfil del Ejecutivo y lo dejaría a merced de una alianza con el Partido Popular. Así que eso se convirtió en una línea roja en la conversación con Casado.
Pero todos los medios coinciden en que ha sido el PP quien saca más ventajas de este acuerdo. El diario El País concluye que “ahora habrá que reinventarlo todo dentro del límites del trabajo parlamentario, mucho más tasado y con menos protagonismo del Ejecutivo”. Y La Vanguardia de Barcelona comienza así su relato de lo ocurrido: “Pablo Casado parece haber conseguido lo que quería, que la mesa para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus tenga su sede en el Congreso “con luz y taquígrafos”, como había pedido el miércoles pasado, durante el pleno de control parlamentario al presidente del Gobierno”.
Por ello resulta lógica la pregunta sobre cuales son las poderosas razones que han llevado a Sánchez a aceptar la propuesta de Casado. Algunos observadores refieren a que las encuestas muestran una opinión extraordinariamente favorable al pacto, mientras que la opinión sobre la gestión de la crisis por parte del gobierno está mucho más dividida. De ahí podría desprenderse la conclusión de que no lograr un pacto nacional podría verse como un nuevo fracaso del Gobierno. Otros, quizás malpensantes, creen que Sánchez ha logrado con este acuerdo subordinar a Podemos en la coalición sin necesidad de romperla.
Creo, sin embargo, que no hay que olvidar un factor externo de considerable importancia. Un Gobierno, que hace profesión de europeísmo, y que necesitará del masivo apoyo financiero de la UE para no quebrar por completo las cuentas públicas (hay que recordar que la deuda española ya supera el monto del PIB), difícilmente podía presentarse mostrando un desacuerdo interno en España frente al pacto que se ha conformado en la Unión Europea, entre Populares, socialistas, liberales y verdes, para responder financieramente a la crisis sanitaria y socioeconómica. Es de suponer que las presiones desde las instancias europeas y sus países más importantes han debido ser también muy poderosas. Ya era hora de que España absorbiera algo del sentido de estado que poseen otros países europeos. En todo caso, mantengamos los dedos cruzados.
Si (
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