Estrenamos nuevo gobierno de la XV legislatura apoyado por el PSOE con 121 escaños (el 34,5%) más SUMAR, que aglutina a diversos partidos (con el 8,8%), en total: el 43,3% y hasta conseguir la mayoría absoluta, con apoyos muy diversos: regionalistas, nacionalistas, secesionistas, católicos y conservadores.
Al otro lado del tablero, rozando -también- la mayoría, ha quedado la derecha liberal tradicional y un grupo neofascista. Mientras, en la calle, la ciudadanía se ha partido -radical y peligrosamente- en dos, generándose un (en mi opinión) “falso” discurso de constitucionalistas y no constitucionalistas. Incluso desde dentro del PSOE han surgido voces minoritarias, pero de mucho peso histórico, contestatarias sobre el fondo y forma en el que se han “comprado” votos de un determinado nacionalismo secesionista conservador a cambio de conceder la amnistía a las y los condenados por los acontecimientos secesionistas de 2017 en Catalunya, además de otras concesiones de carácter económico e institucional de competencias a transferir, para las nacionalidades de Euskadi y, sobre todo, de Catalunya, que el tiempo irá desgranando y poniendo encima de la mesa.
Por este motivo ha surgido un bronco debate sobre la separación de poderes y, sobre todo, en el seno del poder judicial de forma muy confrontada. Hecho lamentable, preocupante y que lamina la credibilidad en las instituciones y de la democracia.
En suma, para diversidad de analistas políticos, mediáticos y para una parte considerable de la ciudadanía se prevé una legislatura muy compleja y un difícil mandato gubernamental, con ciertos riesgos de que no termine la legislatura.
El perfil del gobierno es muy político, continuista y, en mi opinión, extremadamente numeroso, en un Estado con muchas competencias transferidas a las CCAA. Resalta una cartera que aglutina los tres poderes: presidencia, justicia y relaciones con el poder legislativo y la no entrada en el gobierno de pesos pesados de un joven partido (PODEMOS) integrante de SUMAR que, como consecuencia del movimiento 15M, ha tenido, hasta ahora, un relativo peso representativo e institucional y, hoy, corre el riesgo de diluirse. El tiempo lo dirá.
Pero, aun siendo trascendente lo descrito hasta ahora, mi enorme preocupación como politólogo y, sobre todo, como ciudadano es que durante este nuevo mandato se de respuesta a los enormes retos que la sociedad española tiene planteados a nivel interno y externo.
Sin embargo van a concurrir enormes dificultades, como consecuencia de una torpe y zafia confrontación política que la parte en dos y que se ha trasladado, peligrosamente, a la ciudadanía. Porque durante un tiempo muchos líderes políticos, de todo pelaje y color ideológico, se han dedicado a levantar muros en vez de construir puentes. Ello conlleva la imposibilidad de hacer grandes Pactos de Estado para diversidad de cuestiones, bien sea entre los grandes partidos que representan el 73% de la Cámara o entre ayuntamientos, CCAA y Estado central.
Algunos de los problemas forman parte de la muy ambiciosa Agenda 2030 y que en España son muy visibles, sobre todo en lo que afecta a la pobreza y pobreza extrema, al clima, el agua y un desarrollo sostenible, con el acceso a una vivienda digna para todos o la eliminación de todo tipo de patriarcado.
Descendiendo a lo concreto, España, a nivel internacional, se sitúa en el marco de los estados de uno de los bloques, alrededor de la OTAN y de la UE, de los que formamos parte y, por ello, se viene haciendo una apuesta por el militarismo (aumento considerable del gasto militar), cuestión con la que habría que terminar. Además se están generando muchas dudas sobre posiciones políticas internacionales con respecto a América latina o los conflictos de Marruecos y Sahara o el de Israel y Palestina.
A modo de deberes más concretos se situaría en primer lugar, la cuestión de la VIVIENDA, que aunque (hoy) el conflicto parece adormecido, de no solucionarse -a medio plazo- podría ser motivo de potentes movilizaciones ciudadanas o, incluso, de tumbar a gobiernos. El liberalismo más canalla se viene gestando en este sector, desde las políticas extremadamente liberales de los años ochenta (gobernanzas del PSOE). Hoy sería necesario un (casi imposible) “Pacto de Estado” sobre vivienda, sacando al mercado más de un millón de viviendas públicas en alquiler. Como mínimo en dos legislaturas y, al menos, en los 70/100 municipios más tensionados, ya sean de nueva construcción o rehabilitación de una parte de los más de 3,5 millones de viviendas deshabitadas existentes, en manos de particulares, fondos buitres y bancos. Las promesas hechas, hasta ahora, por el actual gobierno (en Campaña electoral) de construir 183.000 viviendas, son ridículas, en un país donde el parque de vivienda pública en alquiler no llega al 2%, cuando la media de la UE se acerca al 10%. Y en mi opinión ni ello se va a cumplir, porque en el anterior mandato que eran más asequibles los pactos de Estado, no se hizo nada.
Otra cuestión urgente es el abordar una profunda reforma fiscal para que, realmente, sea progresiva y social (quien más tiene y más ingresa, más pague - proporcionalmente). Cuestión que se viene aparcando (interesadamente) durante décadas. En la anterior legislatura progresista tan sólo se “colocaron” pequeños parches populistas e insignificantes.
El galopante aumento de la deuda pública es otra asignatura pendiente, al que hay que poner remedio para no caer a medio y largo plazo en situaciones lamentables de falta de liquidez para servicios esenciales, por ejemplo, como las pensiones, los funcionarios y servicios públicos, las inversiones en ciencia y tecnología, etc. etc.etc.
Por otro lado, habría que frenar la galopante e imparable privatización de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), además de mejorar (mucho) su gestión. Para ello también haría falta un amplio “Pacto de estado” entre todas las administraciones. Hoy, por hoy, muy complejo o imposible.
En la línea de la Agenda 2030, antes mencionada y específicamente en España, es urgente rebajar los (ya) muy preocupantes, índices de pobreza y pobreza extrema que en la última década no ha dejado de crecer… Ya en cifras alarmantes de más de un cuarto de la población. Evitando, además, que sea la “caridad” privada (generalmente religiosa) la que haga “el trabajo” que debería corresponder directamente a las instituciones púbicas.
También en la línea de la Agenda 2030 es necesario un verdadero “pacto político e institucional por el clima y el medioambiente”. El calentamiento global del Planeta y la escasez de agua nos toca de lleno y o prevemos la situación urgentemente o nos veremos muy mal, como país a muy corto plazo.
Apostar por una verdadera re-industrialización y adaptación tecnológica, frente al turismo que no depende de España, sino de flujos internacionales, es mirar con proyección de futuro y no hacer políticas cortoplacistas, que es lo que se viene haciendo legislatura, tras legislatura.
“Encima de la mesa” están compromisos adquiridos en campaña electoral, como la reducción de la jornada laboral o el aumento del SMI, ello -al ser posible- con acuerdos entre los agentes sociales. Tratar de abordar el grave problema de la baja natalidad y el envejecimiento de la población. O el grave problema del alto paro y la precariedad del empleo (de los más altos de la UE), unido -ello- a la pérdida del poder adquisitivo de la población, que afecta -muy gravemente- a los sectores más vulnerables… O resolver humanitaria y con acuerdos entre las diversas administraciones todo lo que afecta a la inmigración que viene, esencialmente, del Sur.
Y quedan cuestiones no menos importantes a abordar a corto y medio plazo, como es, tras 45 años de vigencia, una adaptación general de la Constitución al momento actual. Para ello -claro- es necesario otro gran “pacto político”, hoy inviable. Apostar por el municipalismo, como forma de gobierno más cercano. Volver a replantearse el papel institucional de las diputaciones, con competencias que corresponderían al poder autonómico y así no duplicar gasto y competencias (no de los cabildos, que son necesarios por la insularidad). Eliminar la ley mordaza, prometida en la anterior legislatura. Las políticas de igualdad de sexos ha de ser atacando los verdaderos problemas patriarcales de fondo y no con pequeños parches y maquillajes. Socialmente se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo por hacer.
Avanzar en un verdadero Estado laico (base de toda democracia) en todos los sentidos, institucionales, eliminación de privilegios a las corporaciones religiosas, como sería el cancelar el concordato de 1979 y las acuerdos con otras religiones de 1992, aprobar una ley de libertad de conciencia, eliminar la financiación de la iglesia católica vía IRPF, solucionar la vergüenza de las in-matriculaciones o implantar una educación totalmente laica, etc. etc. sería necesario y obligado. Aunque, la verdad, estoy seguro que en esta legislatura que comienza NO se va “mover un solo dedo” en esta materia. Y más, cuando ha aumentado el peso confesional del gobierno.
Y qué decir tiene el intentar avanzar en un modelo federal y republicano de Estado, compensador de desigualdades entre territorios. Pero eso queda muy lejos: La restauración de la monarquía heredera del nacionalcatolicismo es un hecho consolidado que este gobierno no va a abordar. Aunque sería de justicia. Como sería obligado -de una vez por todas y 47 años después- condenar oficialmente -en sede parlamentaria- los crímenes de lesa humanidad del franquismo y sus consecuencias.
La presidencia del gobierno, ministros y ministras se esfuerzan estos días en proclamar que, gracias a los acuerdos de la amnistía, etc. etc. podrán hacer “políticas progresistas”, pero ese es un término muy ambiguo, ya que ahí caben políticas liberales, populistas y de diversa naturaleza. La clave sería hacer, realmente, políticas sociales compensadoras de desigualdades. Si seguimos la estela de la anterior legislatura con una gobernanza similar, no se va a producir.
Para finalizar, cuando una supuesta izquierda, más o menos populista, más o menos liberal, más o menos socialdemócrata, no hace adecuadamente su trabajo, no cumple con su función histórica de solucionar (realmente) los grandes retos que tenemos “encima de la mesa” y la situación de los colectivos y personas más desfavorecidas… siempre llega un modelo ultra conservador, incluso neofascista y populista, como estamos observado en todo el Planeta, cada vez con mayor frecuencia. Pero, para entonces, los responsables estarían muy bien “situados” con sus faldiqueras bien llenas y nadie… nadie les pediría cuentas.
Si (
No(
