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Por la razón o la fuerza

jueves 08 de junio de 2017, 11:01h

Sin la razón ni la fuerza, Carles Puigdemont anuncia un referéndum cuya convocatoria no firma. Me recuerda, en contraposición, el lema del escudo de la República de Chile que dice: “Por la razón o la fuerza”. La primera vez que leí el lema chileno, quizá en tiempos escolares de geografía, me fascinó como un orgulloso desafío. Hoy, con el paso de los años, lo comprendo como la exacta definición de las competencias de un Estado de Derecho. Es la expresión oral de la balanza de la ley sustentada por una espada que adorna los relieves de los foros de la justicia allí donde la arquitectura del Estado no ha sido sustituida por una parcialidad totalitaria. Hay que recordar el lema mencionado cuando Carles Puigdemont expresa sus dudas lanzando interrogaciones al gobierno de su nación: “¿Está dispuesto a utilizar la fuerza?” Sr. Puigdemont ¿Cómo no va a estar dispuesto el gobierno de un Estado soberano merecedor de tal nombre a utilizar la fuerza que es, como decían los clásicos, “la última razón del Reino”? Si existiese sobre la tierra alguna legitimidad capaz de contestarle a usted melifluamente que en ningún caso está dispuesta a utilizar la fuerza habría perdido, en aquel mismo instante, toda autoridad ante usted o ante cualquier delincuente que le hiciese una pregunta de ese tipo antes de delinquir. ¿Está usted dispuesto a utilizar la fuerza -podría preguntar un atracador al policía que custodia un banco- antes de que yo proceda a vaciar la caja fuerte? Una vez obtenida la respuesta negativa, el atracador podría ejercer su oficio con toda tranquilidad.

Es difícil comprender donde aprendió el señor Puigdemont sus nociones de Derecho Público y cómo no le explicaron que la capacidad de coacción y el monopolio de la violencia son atribuciones inseparables del ejercicio del poder democrático en nombre del pueblo soberano. Si todo ese proceso de anuncios anticonstitucionales que celebra rodeado de algunos de sus actuales seguidores está basado en que alguien pueda cometer la memez de decirle que nunca usará la fuerza contra sus movimientos sediciosos es que alguien lo está engañando.

La ambigüedad en esta materia no es culpa de los cautelosos modales del gobierno sino de la absoluta incultura política e inexperiencia histórica del señor Puigdemont y sus adláteres. “¿Están preparando medidas de fuerza?”, decía uno de sus colaboradores. ¿Pero es que creen que la defensa de un Estado al que se amenaza con desintegrar no tiene preparadas permanentemente cualquier clase de medidas, sea quien sea quien tenga la responsabilidad de gobernar? Es cierto que hay que distinguir “entre al campo de la democracia y el campo de la no democracia”. Efectivamente, el campo de la democracia es aquel donde la ley no puede ser doblegada por iniciativas extemporáneas y el campo de la no democracia es aquel donde los golpes de estado pueden programarse por cualquier grupo sin contar con el aval de la mayoría interesada en el asunto ni con la utilización de los procedimientos previos para los cambios “de ley a ley”.

El señor Puigdemont no dirige sus anuncios extravagantes a la cumbre del Estado ni a las Cámaras de soberanía sino que los hace resonar para ver si impresionan al gobierno de turno. Parece esperar que haya un gobierno que le conteste algo que está fuera de sus atribuciones, comunicándole que está dispuesto a traicionar la Constitución que se ha comprometido a cumplir y hacer cumplir. Parece que cree posible esperar a un gobernante que le haga una confesión ridícula: cumpliré la Constitución pero no me atreveré a hacer la cumplir a quienes la violen. No se da cuenta este mal politólogo que si un gobierno renunciase a hacer cumplir la constitución solo podría hacerlo dimitiendo de sus funciones y dando paso a otro que fuese capaz de asumirlas con la fuerza renovada de un mayor respaldo electoral o una más eficaz utilización de los medios coercitivos del Estado. La situación que padecemos, con una libérrima interpretación de las actividades propias del presidente de una Comunidad Autónoma, es el punto máximo de operatividad admisible. No debe engañarse moviéndose frente a la lentitud característica del Derecho, buscando los tres pies al gato, porque se puede encontrar con el cuarto.

Lo que desasosiega a los ciudadanos de las tierras de España, incluida Cataluña, es que pasen los días sin que alguien tenga la nobleza de contestar a las capciosas preguntas y anuncios de Puigdemont sobre si su “procés” puede ser interceptado de acuerdo con la legislación vigente “por la razón o la fuerza”. Sólo las naciones en trance de extinción se reconocen incapaces de aplicar la fuerza cuando es preciso para mantener la vigencia de sus leyes soberanas. El propio Puigdemont como presidente debería ser suspendido de sus funciones si se proclamase incapaz de ejercer la fuerza en defensa de la seguridad de los habitantes de Cataluña.

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