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Negociación o chantaje

miércoles 03 de marzo de 2021, 11:27h

Hay una parte del Consejo General del Poder Judicial en el cual las Cortes Generales –Congreso y Senado- pueden ejercer, como representación de la soberanía popular, su influencia compatible con su autonomía, a través de la elección de una parte de sus miembros, a los que se exige una acreditada formación jurídica. Esto es así porque la España constitucional no es un sistema corporativo que atribuya a los jueces la exclusividad en la organización del sistema judicial, ni a los médicos de la sanidad, ni a los arquitectos del urbanismo, etcétera.

La independencia del Poder Judicial no equivale a una exclusiva autoreelección y el influjo de la soberanía popular representada en el Poder Legislativo no es una intromisión sino una cooperación entre los distintos poderes del Estado. Por ello se exige el acuerdo de las tres quintas partes de las Cámaras. Es evidente que esta proporción no es asequible a un solo grupo parlamentario y exige un pacto institucional.

Por ello no nombran consejeros ni un gobierno ni un partido. Porque ni el gobierno dispone del número de parlamentarios suficiente ni ningún partido de un grupo tan numeroso. Esta es la razón porque se necesita pactar para renovar el Consejo General de un poder que forma parte del Estado pero no del gobierno ni del partido que lo sustenta, ni del primer partido de la oposición. Hay que hacerlo en nombre del pueblo que, en un sistema representativo, actúa a través de la institución votada directa y libremente por los electores básicos. No es un pastel. Es una representación democrática.

El Partido Popular ha hecho lo correcto al participar en negociaciones con el Gobierno sabiendo que solo la suma de los parlamentarios del Grupo Socialista y el Popular puede ser suficiente para elegir a dichos consejeros, sin que sea posible seleccionar a personas adscritas servilmente a unos o a otros, sabiendo que, si se negocia de buena fe, ni unos ni otros van a imponer a personas definidas por una parcialidad radical, tan intragables para unos y otros que provoquen por su propio perfil vetos naturales.

El sistema está hecho para impedir una polarización radical y favorecer un tipo de candidatos cuyo prestigio y calidad haga suponer que son respetables y respetados por todos, al margen de simpatías o afinidades ideológicas que puedan ser estimadas según cada uno, sin menoscabo de una cierta veneración común por sus conocimientos jurídicos y su ecuanimidad de criterio.

Este sistema, previsto para que llegue hasta un poder autónomo la voz del pueblo, tamizada por la armonía mínima suficiente para hacer viables los pactos, es incompatible con la introducción de candidatos impuestos intransigentemente en favor de grupos parlamentarios ajenos a la interioridad del pacto que no han sido deliberados por los grupos pactantes y se presentan como condicionantes “sine qua non” por uno de ellos para cumplir compromisos externos, aunque procedan de una coalición de gobierno. Eso, precisamente, es lo que se trata de evitar con la exigencia de esa amplia mayoría: soslayar intereses mezquinos y elaborar unas propuestas emanadas del conjunto parlamentario y no exclusivas de un gobierno o un partido.

Este clima de negociación se rompe cuando una de las partes implicadas tiene la infeliz idea de ceder algún puesto de su cuota de propuestas en beneficio de un partido que no ha participado en el pacto. Igual sería que los socialistas quisieran ceder un puesto a Podemos que si los populares quisieran ceder un puesto a VOX.

No vale alegar que Podemos forma parte de un Gobierno de coalición o que VOX colabora desde el exterior en la estabilidad de algún Gobierno regional de los populares. Porque no se trata de cumplir compromisos ajenos a la naturaleza de un pacto puramente parlamentario nacional y referente a un poder del Estado en su relación constitucionalmente establecida con otro poder del Estado. Es una competencia del Poder Legislativo referente a la gestión orgánica, que no jurídica, del Poder Judicial.

Por tanto, hoy por hoy, es el Partido Socialista que impuso el freno de una negociación que parecía destinada a liberarse de un atasco lamentable. Cuando, tras una aparente voluntad pactista, el Partido Socialista decidió incluir entre sus candidatos a José Ricardo de Prada, procedente de una inspiración puramente podemita y que rompía las condiciones iniciales prometedoras de un acuerdo previo a sentarse a negociar: que Unidas Podemos era un grupo parlamentario ajeno a la negociación y sin capacidad propia de propuesta, como cualquier otro grupo del Congreso o Senado.

El mantenimiento de esta apuesta por el representante del Gobierno, en base a un compromiso con su incómodo socio de coalición, demuestra falta de interés en facilitar el entendimiento con el Grupo Popular. El Grupo Socialista intentó embarcar a su interlocutor en un proceso múltiple iniciado con la menos solemne composición del Consejo de Administración de RTVE que dificultase un clima de bloqueo.

Compuesto dicho Consejo se produjo el frenazo con la tesis de que Sánchez quiere una negociación sin vetos. Pero lo cierto es que Sánchez se está portando como lo que es, un tramposo. Y Casado como un iluso. Cabe dudar de si Sánchez pretendió engañar a Casado o si Iglesias pretende extorsionar a Sánchez con la imposición deliberada de un nombre cuya significación no puede pasar desapercibida. Presentar la posición del Grupo Popular como responsable del atasco se presenta como el pretexto para reformar el procedimiento legislativo ordinario ignorando el clamor de los propios jueces y la Comisión Europea.

Prescindir de la mayoría de tres cuartos y modificar el sistema proponiendo los consejeros por mayoría simple es la vía para el asalto del Gobierno a un Poder Judicial desde una parcialidad contaminante. La presión, en forma de ultimátum, de reforma del Consejo General si no hay pacto es un chantaje.

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