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Reforma constitucional: más vale seguir como estamos

miércoles 07 de diciembre de 2016, 09:30h

La reforma constitucional propuesta en Italia por Renzi acabó con la propuesta y con su gobierno. No se puede generalizar, pero es significativo que los refrendos constitucionales los carga el diablo, como a las armas de fuego. En España, cada vez que se celebra con júbilo la estabilidad constitucional con motivo de un aniversario, volvemos a oír la monserga de los reformistas imprecisos que llaman reformar a dinamitar, cargándose o bien el principio monárquico o bien el concepto unitario de nación. Repiten la bobada de que ellos no la votaron, como si las Constituciones debiera votarlas cada nueva promoción infantil. Habría que ver cuantos norteamericanos existen que hayan votado su Constitución que lleva vigente desde 1787. El treinta y ocho aniversario de la Constitución de 1978 tiene la importancia histórica de su propia estabilidad que ha proyectado beneficios sobre la vida de una España con antecedentes convulsos y no se conocen los hipotéticos beneficios de la rectificación de su texto según sus diversos potenciales reformistas. La recuperación de su lugar en el mundo por parte de la España contemporánea procede primordialmente del logro de una estabilidad constitucional de la que había carecido en el Siglo XIX y parte del XX. Conseguida estabilidad y después estabilidad y libertad, rompiendo con una trayectoria conflictiva que parecía una maldición que pesaba sobre nuestro pueblo, la Constitución del 78, aprobada por la inmensa mayoría de los españoles, consagró el establecimiento de una nación libre. Cuando al conmemorar su aniversario contamos cifras que nos acercan a las cuatro décadas ya está dicho lo que significa y lo que vale en comparación con las fórmulas fallidas de épocas pasadas.

Quienes postulan la reforma de nuestra norma constitucional suelen empezar, como adorno, refiriéndose a un asunto al que nadie se opone como es eludir la preferencia del varón en la sucesión de la Corona. Carece este asunto de urgencia alguna que justifique poner en marcha los complejos procedimientos para alterar las instituciones fundamentales. Siendo una infanta la única sucesora previsible habría que ponerse en la situación de que, reinando dicha señora, su primogénito no fuese varón, en cuyo caso seguiría siendo un asunto aplazable. Tendría que darse el caso de que, tras una primogénita femenina naciese un varón. En dicho caso, de no haber sido modificada la Constitución, interpretando su espíritu igualitario, sería suficiente que dicho varón renunciase a sus presuntos derechos con la conformidad mediante Ley Orgánica de la Cámara, según lo previsto para resolver cuestiones sucesorias, como se ha visto con la abdicación de don Juan Carlos.

Dejando aparte esta cuestión, la clave son las divergencias sobre el sistema autonómico y su aplicación en la práctica. Si se tuviese en cuenta esta reforma sería para evitar el desmadre de los órganos regionales y la mayor coordinación igualitaria de determinados servicios, como la educación y la sanidad, comunes para todos los españoles. Pero no parece que sea este el espíritu de quienes propugnan sistemas federales, confederales o derivaciones del derecho a decidir de los territorios integrantes de nuestra nación. Debilitar la soberanía nacional hasta un grado de dispersión parece el afán de las minorías separatistas, en clara contradicción con el interés general de los españoles y con la marcha del mundo. Esta tendencia hace que no sea viable en la actualidad un proceso con matiz recentralizador, por lo que es lo menos malo dejar las cosas como están. Fijar un techo máximo de competencias y definir las del Estado con mayor coordinación parecería razonable pero difícilmente realizable en un contexto histórico que hace intocables, precisamente gracias a la Constitución, las singularidades llamadas forales, como Navarra y el País Vasco y otras impuestas por las condiciones geográficas de insularidad.

La reforma del Senado y hasta su desaparición es otro pretexto para quebrar su función que no es exclusivamente la segunda lectura de las leyes sino un esquema de representación provincial no sometida exclusivamente a los poderes o “baronías” autonómicas, cuyo conjunto impide la reforma centrífuga de la Constitución con la presencia de sensibilidades provinciales y municipales que no están reducidas a simples delegaciones de los centralismos regionales. Con el mismo simplismo que se habla de la desaparición o conversión del Senado en un simple reflejo de las “baronías” regionales, se habla de la desaparición de las Diputaciones Provinciales, con el propósito de borrar el relieve de la entidad convivencial llamada provincia. En los territorios, como Madrid, que disfruta de una configuración uniprovincial, no se siente lo que significa la provincia en el seno de las grandes comunidades pluriprovinciales y su lucha por no convertirse en apéndices burocráticos de un nuevo centralismo asentando en las grandes capitales autonómicas.

Queda en pie como posibilidad de coincidencia reformista la adaptación o la mención a los procesos de integración en el seno de la Unión Europea. Para ello basta con los acuerdos reforzados por la mayoría de las Cortes Generales. Pero, actualmente, el proceso está lo suficientemente complicado para pensar en futuribles que sea necesario institucionalizar rígidamente.

Queremos decir con todo ello que esa monserga de la reforma constitucional ni responde a necesidades urgentes, ni a demandas populares, ni a espíritu constructivo alguno capaz de obtener un consenso equiparable al del texto constitucional vigente. Detrás de un aparente reformismo se disimula un afán de demolición. Siendo mucho mayor el acuerdo básico en favor de la Constitución que los desacordes criterios para modificarla, carece de fondo democrático ese vago reformismo por el que solo se interesan quienes se manifiestan más como enemigos del sistema que como perfeccionistas del mismo. Más nos vale seguir como estamos.

Cada año que se celebra un aniversario de la Constitución crece automáticamente la valoración de España en el mundo y la estimación de su propia nacionalidad por los españoles. Cada aniversario pierden eco social las ausencias previsibles. Si dentro de diez años celebramos, como ahora, el cuarenta y ocho aniversario de la Constitución, España y los españoles habremos ganado definitivamente los beneficios y prestigio de los pueblos estables.

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