Hablemos catalán, parlem Català

Lejos de instar al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que obliga a la Generalitat de Cataluña a garantizar en los centros educativos, al menos, un 25% de horas lectivas en español, a la institución catalana le ha faltado tiempo para denunciar públicamente que no va a poner en marcha lo dictado en esa sentencia. Me imagino qué habría sucedido si una sentencia de ese cariz hubiese sido dictada por los tribunales superiores de Estados Unidos con el idioma inglés, de Alemania con el alemán o de Francia con el francés.

El ejecutivo nacional, como si la cosa no fuera con él (¿habrá alguna cuestión medular con la que se sienta realmente señalado este gobierno?), ha vuelto a ponerse de perfil con esas airadas reacciones de los altos cargos de la Generalitat entre otras cosas, claro está, porque tiene que mostrarse amable, comprensivo y hasta misericordioso con cualquier deseo, petición y hasta ocurrencia que provenga de Cataluña porque, de otro modo, podría irritar al señor Aragonés o al señor Rufián que más pronto que tarde volverán a recordarle que su permanencia en la Moncloa depende enteramente de su voluntad –entre otras, claro, porque también pueden decir otro tanto UP, PNV, Más País, BNG y Bildu-.

Pero esa sentencia que obliga a los colegios a dar la cuarta parte de los contenidos curriculares en idioma castellano o español, ya ha motivado que la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña haya promovido, a instancias de la Asociación Hablamos español, una denuncia contra los autores de diversos mensajes de Twitter dirigidos a una familia que consiguió que un juez les reconociera el derecho a ese 25% de enseñanza en la escuela donde acude su hijo de 5 años de edad. El acoso, el hostigamiento y las amenazas contra el menor y su familia comenzaron a raíz de que el centro escolar afectado por la sentencia del juez catalán, situada en Canet de Mar (Barcelona), hiciese público que a partir de ahora se veían obligados a impartir un 25% de clases en castellano. Desde ese momento, las redes se incendiaron con mensajes dirigidos a la familia del niño de la que había partido la denuncia: “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”.

Si las palabras de estos energúmenos no son un delito de odio, se le parece mucho. Algo parecido debieron pensar los miles de judíos que habitaban la Alemania de Hitler cuando, de pronto, y aparentemente sin venir a cuento, un buen día se sintieron señalados por compatriotas de forma incomprensible. Luego, ya se sabe, vendrían los hostigamientos personales, los ataques a sus casas, el señalamiento por parte de las autoridades, las detenciones, los campos de concentración y, en muchos, demasiados, casos, la más horrorosa muerte en campos de exterminio.

Habrá quién me diga que esto no tiene nada que ver con aquello, pero yo no estoy tan seguro de ello. Si Cataluña se ha convertido ya en tierra apache, en tierra en donde la ley se incumple sistemáticamente, si no se les da valor alguno a los tribunales de justicia (TS Y TC incluidos), en cuanto se sentencie que, a su juicio, vaya en contra de sus intereses, ya me dirá usted si eso no es el principio de que aquí cada uno se tome la justicia por su mano.

Pero lo grave, lo verdaderamente grave, no son las bárbaras iniciativas de algunos sujetos, sino el apoyo y el aliento, o el silencio y el temor institucionales a este tipo de actos provenientes de aquellos que tendrían que salvaguardar la legalidad vigente. ¿Qué hace la Fiscalía de Menores con su inacción?, ¿y el Ministerio del Interior , tan raudo para convocar la Comisión de Delitos de Odio por una denuncia falsa hecha por un joven homosexual y tan “prudente” en una situación como la de este niño y su familia en Cataluña?

Es que las autoridades de la Generalitat no quieren ni oír hablar de que algún día -en eso han estado durante los últimos 40 años, desde que Pujol iniciase la jugada…-, el castellano y el catalán puedan, no ya convivir sino ni siquiera coexistir, y menos aún en igualdad de condiciones. No sería nada raro ver en muy poco tiempo que este y otros temas relacionados con la lengua tengan que llegar a verse también en los tribunales europeos. El fanatismo de las autoridades de la Generalitat y el silencio del gobierno de la nación son , cuando menos –y siendo extremadamente generosos-, vergonzantes. Vivir para ver.