Impunidad

La lucha contra la corrupción a la que Pedro Sánchez se agarró con inusitada fuerza y determinación en 2018 para ascender al Gobierno a través de una moción de censura, se ha convertido ahora en toda una lección de blanqueamiento político con el caso ERE Andalucía en manos del Tribunal Constitucional (TC). El alto Tribunal está transformando el mayor caso de corrupción de la historia de España en una nadería, a pesar de que entre 2000 y 2009, se repartieron 680 millones de dinero público «sin control» y «como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado», según determinó el Tribunal Supremo en septiembre de 2022, corroborando así la mayor parte de los argumentos de condena esgrimidos por la audiencia de Sevilla, que en 2019 había condenado a 15 ex altos cargos autonómicos, entre ellos dos expresidentes (Chaves y Griñán), por prevaricación y malversación de caudales públicos.

El caso es que el TC, en una sentencia que revisaba la dictada por el Tribunal Supremo, comenzó por anular hace unos días la condena a Magdalena Álvarez, exconsejera y exministra socialista, por prevaricación. Esta misma semana, el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, es el segundo alto cargo del PSOE exonerado tras una nueva sentencia del TC que estima parcialmente su recurso de amparo y anula la condena a seis años y medio de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla.

Casualmente, o no, la señora Álvarez acudía a Benalmádena (Málaga), a un mitin del presidente del gobierno con motivo de las elecciones europeas en el que Sánchez rehabilitó su figura con nuevos y desaforados ataques a los que “la derecha y la ultraderecha” habían dedicado a la señora Álvarez y al resto de los condenados en el caso ERE. En ese mismo mitin fue ovacionada Begoña Gómez, esposa del presidente, una forma de apoyo ante su inminente declaración ante el juez Peinado por sus supuestos negocios apoyados presuntamente desde Moncloa.

La presencia de Magdalena Álvarez en Benalmádena levantó todo tipo de dudas sobre el posible conocimiento previo por parte del presidente Sánchez de la orientación que dos semanas después tomaría la sentencia del TC, dada su más que fluida relación con Cándido Conde Pumpido, el presidente del Alto Tribunal, sorprendentemente reconvertido ahora en tribunal de casación que corrige un fallo del Tribunal Supremo, una circunstancia inédita hasta la fecha en nuestro país.

El camino iniciado por el TC con los votos de los siete magistrados de la mayoría progresista frente a los cuatro de la minoría conservadora parece que va a ser el rodillo que va a utilizarse también para exonerar ahora de toda culpa al resto de condenados por el caso ERE Andalucía. Y quizás, ¿por qué no?, eso explique también la serenidad con la que el gobierno ha acogido el auto de la Sala de lo Penal del Supremo al excluir la malversación de la ley de amnistía. Según esa visión, las sucesivas sentencias sobre los ERE de Andalucía allanarían el terreno a la aplicación de la amnistía en los términos buscados por Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. El vaticinio no es, ni mucho menos descabellado, sino todo lo contrario, y más aun teniendo en cuenta el férreo control que el partido del gobierno tiene sobre la mayoría progresista del TC. Veremos, pues, desdibujar un hecho tan claro como el que protagonizaron tanto Carles Puigdemont como su vicepresidente, Oriol Junqueras, que utilizaron fondos públicos para promover la declaración de independencia de Cataluña. Será, pues, un doble ejercicio de blanqueamiento político, autoindulto o impunidad surgido desde el mismo seno del TC. Ya no sorprende nada en este país.