Infamias y acuerdos

Lo hemos sabido estos días y, una vez más , la sangre se nos ha congelado en las venas. Forman parte de las listas de EH Bildu a los ayuntamientos del País Vasco 44 candidatos condenados por ser miembros de ETA, siete de ellos asesinos con delitos de sangre. Ninguno, que se sepa, ha pedido perdón a las víctimas ni ha movido un dedo para colaborar en el esclarecimiento de alguno de los cientos de crímenes aún pendientes de investigación. El agente necesario para blanquear la imagen de los filoetarras tiene nombre y apellidos, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España y secretario general del PSOE, un partido que, por cierto, también fue víctima de las balas de ETA. Lo que parece incomprehensible, es que ni una sola voz del partido se haya levantado en los órganos internos de decisión del partido contra el “supremo líder”, el todopoderoso Sánchez, el hombre que mejor se esconde y sabe diluir sus responsabilidades cuando vergüenzas como esta salen a la luz.

Bien es verdad que no está solo. Su compañero de filas y antecesor tanto en la secretaría del partido como en la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue quien inició la jugada y quien, además, está mas cerca de Sánchez a la hora de secundar sus políticas de negociación, acuerdos y mutuo apoyo con Bildu.

Políticas que, si no me equivoco, muy pronto van a concretarse como contrapartida a los sucesivos apoyos de bildu a los PGE y a las leyes más polémicas de Sánchez (Vivienda, Trans, Sólo sí es sí, Educación….). En las próximas elecciones al parlamento del País Vasco hay muchas probabilidades de que veamos a un antiguo etarra como presidente del gobierno, Arnaldo Otegi, y para más inri con el apoyo del partido Socialista de Euskadi (PSE). Será el lógico colofón de aquella mentira del presidente Sánchez cuando, haciendo uso de su habitual soberbia, cinismo y arrogancia, le espetó a un periodista aquello de «nunca pactaré con EH Bildu». Solo unas semanas después, por el contrario, lo convirtió en socio preferente de su gobierno.

Esa es sólo una de las innumerables mentiras con las que este presidente viene jalonando su mandato, hasta el punto de que ya son parte de su imagen de marca personal. En los últimos días estamos asistiendo a una acumulación de promesas, de dádivas aún mayores a diestra y siniestra que, a buen seguro, en su inmensa mayoría no llevará jamás a la práctica ¿Habrá algún español que todavía se crea alguna de esas promesas que viene lanzando en la tómbola en que ha convertido la cita electoral del 28-M? Sánchez, como sabe que en este país y en los últimos tiempos, mentir sale gratis, sigue practicando ese deporte con un descaro olímpico.

Ya sé que todo esto hasta puede estar fundamentado en toda la legalidad del mundo mundial. Pero eso demuestra una vez más que una cosa es la ley y otra bien distinta la ética o la moral. Es, cuando menos, sorprendente que en algún momento se llegue a considerar respetable que 7 asesinos convictos y confesos de la banda terrorista ETA puedan formar parte de las listas electorales de su partido en Euskadi, aún a sabiendas de que sus principios políticos están enfrentados a la Constitución de 1978, y que están trabajando de forma sostenida y abierta contra España y la figura de su jefe de estado, Felipe VI. Sin embargo esa circunstancia subraya de forma escandalosa la asimetría con que son tratados otros partidos de signo opuesto, que no sé muy bien por qué tienen que ser aún más criminalizados que el propio EH Bildu. Que se sepa en las filas de esos partidos que acatan sin reparos la Constitución vigente, no hay asesino alguno. Si hay que tener respeto por las listas del partido etarra –como ha declarado públicamente Irene Montero, la única miembro del gobierno que se atrevió en los primeros momentos a salir en defensa de la iniciativa bilduetarra–, mayor aún debieran tenerlo los candidatos de otros partidos constitucionalistas que forman parte inequívoca del sistema democrático de nuestro país, alguno de los cuales no han parado de recibir insultos, improperios, presiones y hasta agresiones físicas cuando salen a defender sus principios, más aún si es en el País Vasco, o Cataluña, pongamos por caso.