Legislar a la carta

Pedro Sánchez sigue teniendo un solo objetivo político, mantenerse en Moncloa como sea y al coste que sea hasta el final de la legislatura. Y si para ello, como le ha pedido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), a cambio de apoyar los Presupuestos del Estado para 2023, hay que rebajar las penas del delito de sedición a la mitad, se hace y aquí no pasa nada.

Una vez conocido el trueque acordado entre gobierno y ERC, el presidente se lanzó rápidamente al ruedo informativo tirando de argumentario para desvincular presupuestos y rebaja del delito de sedición y, al tiempo, tratar de justificar ese nuevo giro de Moncloa con el hecho de equiparar este delito con los estándares del resto de países europeos. Una vez más se recurre a la falacia para justificar una postura gubernamental en base a afirmaciones que no concuerdan con la realidad. Y, como ya se ha hecho costumbre, tampoco importa nada que al propio presidente se le hubiera escuchado decir antes de acceder a la presidencia del gobierno que lo que había sucedido en Cataluña era claramente tipificable como un delito de “rebelión”, que es aún más grave que el de sedición.

Basta con echar un rápido vistazo a la legislación de países de nuestro entorno en Europa para ver cómo el delito de sedición, o equivalente –no en todos los países se denomina a ese delito del mismo modo-, contemplan en sus legislaciones respectivas penas iguales o más elevadas que las incluidas en el código penal español para los enemigos del Estado condenados por alta traición. Es el caso de Francia, Alemania, Italia o Portugal.

Nuestro ordenamiento jurídico prevé penas de entre diez y quince años de prisión e inhabilitación absoluta para quienes hayan «inducido, sostenido o dirigido» la sedición, que es como lo tipificó el Supremo en su sentencia contra los líderes del procés. Alemania, por su parte, castiga por el delito de alta traición entre diez años de cárcel y la cadena perpetua. Portugal establece condenas de entre diez y veinte años de cárcel. Francia, aunque no contempla específicamente la sedición en su ordenamiento jurídico, establece la cadena perpetua para quienes inciten y lideren cualquier tipo de ataque contra los intereses fundamentales de la nación y, entre ellos, la integridad territorial del Estado. Y, por último, en Italia se contempla un mínimo de doce años de cárcel en los ataques violentos dirigidos contra la integridad, la independencia o la unidad del país.

No es, pues, la equiparación de delitos con el resto de Europa la razón que mueve al gobierno para modificar el código penal en favor de los golpistas de ERC. En otras palabras, que una vez más se recurre a la tergiversación para justificar una decisión que se sabe muy bien que no va a ser bien acogida por gran parte de la población española intentando confundirla para minimizar su coste electoral.

Pero es que el caso de Bildu es muy similar. Aquí la moneda de cambio no es la reforma del código penal en el terreno de la sedición, sino su retoque para sacar directamente a los presos de ETA que fueron condenados por delitos de terrorismo, una vez que ya han conseguido su acercamiento a las cárceles vascas tras el traspaso de las competencias estatales en materia de prisiones al Gobierno de Íñigo Urkullu.

Si esto no es el camino más recto para conseguir la demolición del estado de derecho, desde luego, se le parece mucho. Pactar con aquellos grupos políticos que buscan atacar la línea de flotación del estado es hacerse cómplice de ello. Sostener una cosa y la contraria a conveniencia de cada momento no parece ser tampoco ejemplo para una ciudadanía que busca seguridad jurídica, es decir, unas reglas claras de juego acordadas y aceptadas por una amplia mayoría de partidos y que no cambien en función de la dirección de los vientos políticos de conveniencia que soplen en cada momento.