PGE 2023: una herencia envenenada

La ley de leyes de cada gobierno es la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los análisis minuciosos de sus cifras desvelan con mayor nitidez que las declaraciones de los miembros del gobierno, empeñados siempre en adulterar el fin último de las políticas gubernamentales, sus objetivos y sus prioridades. Las del gobierno de Pedro Sánchez para el año próximo –año electoral, no se olvide-, están claramente orientados para empujar al partido del gobierno a no salir de la Moncloa. No puede entenderse de otra forma el hecho de que, en plena crisis económica, ya al borde de la recesión, y en medio de una guerra en plena Europa, el ejecutivo español se embarque en un incremento de gastos a mi juicio desproporcionado y totalmente alejado de la disciplina fiscal y presupuestaria de la UE, de acuerdo con los criterios de Maastricht.

Pero pasemos del enunciado general sobre los PGE a detenernos solo en algunas cifras que son suficientemente ilustrativas y elocuentes al respecto. Para empezar, si es la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quién comienza por hacerse trampas al solitario, es decir, autoengañándose a sí misma para intentar que la oposición y el resto de españoles acaben cayendo también en la trampa, comenzamos mal. Lo digo porque la señora ministra plantea un crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto), del 2,1%, inmediatamente desmentido por el mismo Banco de España (BDE), que calcula que esa cifra no pasará del 1,4% -en sus informes económicos de los últimos trimestres, los datos del BDE han sido siempre más realistas que los previstos por el gobierno Sánchez-, y que algunos otros gabinetes de estudios, como el del BBVA reducen hasta el 1%.

En total, el gasto consolidado para 2023 se situará en la nada desdeñable cifra de 450 722 millones de euros. Teniendo en cuenta que los presupuestos que heredó Sánchez del gobierno Rajoy tras prosperar su moción de censura en junio de 2018 eran de 327 955 millones de euros, es decir, los presupuestos de este año son de 122 767 millones de euros más, lo que supone más de diez puntos de PIB.

Los ingresos crecerán en estos cinco años un 30% en relación al Presupuesto de 2018, mientras que los gastos subirán un 37,4%. La deuda pública, pues, volverá a elevarse haciendo así muchísimo más difícil la reducción del déficit público que, más pronto que tarde, la UE volverá a exigir a sus estados miembros y que, al final y como siempre, tendrán que pagar las siguientes generaciones de contribuyentes vía impuestos y exacciones.

La mitad el gasto previsto por el gobierno para 2023 recaerá en pensiones, paro y deuda. Y lo peor no es eso, sino que parte de esa deuda se convertirá en permanente (estructural, como dicen los economistas), ya que, al revalorizarse las pensiones en función del IPC, que este año será de un 8,5%, inevitablemente ese déficit se convertirá en permanente.

La única institución que verá congelado su presupuesto es la Casa del Rey, y por tercer año consecutivo. Por el contrario, el gobierno ha decidido que la subida salarial a los funcionarios sea de un 3,5%, mientras que el ejecutivo se sube a sí mismo un poco más, el 4%. Y, si de subidas presupuestarias ministeriales se trata, estas son las más llamativas: el presupuesto de Igualdad (Irene Montero) pasará de los 516 millones de que dispone este año, a 564,48 millones más para 2023, un 9,3 % más. El de Derechos Sociales (Ione Belarra), alcanzará el próximo año los 5 399 millones de euros, un 17,2% más. El de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (José Luis Escrivá), subirá un 5% (de 15 322 a 16 089 millones), transferencias a la Seguridad Social aparte. Y el Ministerio de la Presidencia (Félix Bolaños), dispondrá de una partida extra de 81 millones de euros solo para sufragar los actos de la Presidencia de turno de la UE en el segundo semestre de 2023. Y eso sin rubor alguno por la casual coincidencia con la campaña electoral.

Todas esas alegrías del sector público (nos olvidábamos de señalar que la partida de pensiones crece un 11,4% hasta superar los 190 600 millones), obviamente las pagará el sector privado, que ya está alertando de que posiblemente se traducirá en aumento del desempleo y en pérdida de bienestar. Pero todo este planteamiento es secundario para Sánchez, empeñado en revalidar su estancia en la Moncloa a costa de los sufridos contribuyentes. Y, en el peor de los casos para él, la herencia que dejaría a su sucesor será de tal calibre que raro sería que no cayese en el empeño de intentar reducirla.