Purgas y delitos de opinión

Visto lo visto, la cosa está más que clara: ni en Moncloa ni en Ferraz hay sitio para quienes no cultivan el culto al supremo líder pase lo que pase y caiga quién caiga. Este cuenta con la entrega ciega y desmedida de toda su cohorte de palmeros, de aplaudidores incondicionales de toda acción u omisión que salga de la divina voluntad de Pedro Sánchez.

No hay más que fijarse en dos o tres nombres que, en los últimos tiempos han saltado a la actualidad, aunque por razones bien distintas, y que están en la órbita del presidente en funciones y secretario general del PSOE. Me refiero, por un lado, al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, el ariete que el líder sacó al ring dialéctico del Congreso de los Diputados para contestar a la moderada propuesta de gobierno del candidato Alberto Núñez Feijóo (¿cabe mayor desprecio?, ¿hay mayor falta de cortesía parlamentaria..?). Por otro, el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Patxi López, exsecretario general del partido en el País Vasco, en aquellos años de plomo de ETA en los que tuvo que asistir al entierro de víctimas de la banda terrorista, incluídos algunos compañeros de filas del PSE y que ahora es una de las piezas clave del blanqueamiento de algunos de aquellos asesinos integrados en Bildu, y de todos sus seguidores (¡Vaya papelón!).

Ahora, mientras se expulsa del PSOE a uno de los más altos exponentes de la honestidad, la inteligencia y el arrojo del mejor socialismo como aviso a navegantes, paralelamente se trabaja para blanquear a tipos tan despreciables como Josu Ternera. Queda claro que el presidente se encuentra mucho más cómodo con personajes como Óscar Puente o Patxi López a su lado, fieles exponentes del “sí, boana”, que con aquellos otros como Nicolás Redondo Terreros, que siempre tiene un criterio propio, fundamentado y honesto a quién no le duelen prendas afirmar que el rey no está desnudo si no lo está, lo diga Agamenón o su porquero.

Y a cuenta de esa forzada amnistía que la cuadrilla de Sánchez busca denodadamente para obtener el favor de Puigdemont, haciendo nueva y descarada ostentación por enésima vez de que el presidente puede hacer afirmaciones en un sentido o en el contrario sin dejar de faltar nunca a la verdad (oficial, claro está…), ahora siguen saliéndole a Sánchez viejos compañeros de partido para afearle su conducta y recordarle que para llegar a Moncloa no vale todo. Es lo que vienen a decirle nuevas glorias, como García–Page, y viejas glorias de la talla de Felipe González o Alfonso Guerra, entre varias decenas más de exministros y exdiputados socialistas que hicieron posible la Transición y la aprobación de la Constitución de 1978 tras los pactos alcanzados con el resto de partidos parlamentarios de la época: desde el PCE de Carrillo hasta la AP de Fraga; desde la UCD de Adolfo Suárez al PSP de Tierno Galván o la democracia cristiana de Ruiz Giménez.

¿Se atreverá ahora Sánchez a purgar también del PSOE a los críticos Guerra o González? Quizás esa sea tarea que deje para después de pactar con Junts y con Esquerra para dar, incluso, carta de naturaleza a ese referéndum para la autodeterminación que las dos formaciones catalanas buscan ahora a sabiendas de que jamás volverán a tener mayor debilidad en un gobierno que está al albur de la voluntad, los intereses y los caprichos de 26 partidos de izquierda radical y nacionalistas que tendrán que sostenerlo, un equilibrio harto difícil para intentar acabar una legislatura, si es que antes no se le tuerce el carro a Sánchez y, en el camino para volver a la Moncloa no se ve obligado a convocar nuevas elecciones generales a principios de enero de 2024.

Esta es la España que tenemos, la de un presidente del gobierno secuestrado, que se esconde tras la pantalla del móvil mientras en la tribuna de oradores Feijóo lanza su programa de grandes pactos nacionales, al tiempo que trata de asegurar su investidura con un golpista fugado y mantiene sus acuerdos y generosas dádivas con otros golpistas indultados. Y mientras, si como dice Alfonso Guerra, “en democracia el delito de opinión no existe”, parece que en el seno del partido gobernante en funciones sí.