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Ruptura

viernes 18 de noviembre de 2022, 10:11h

Desde que Pedro Sánchez abrazó a Podemos muchos pensamos que su hoja de ruta no iba a diferir mucho de la que Chávez llevó a Venezuela a gobernar en favor de unos y en contra de otros. Maduro ha seguido y confirmado esa política que ha desembocado en que millones de venezolanos se hayan visto obligados a huir de su tierra para evitar males mayores. Muchos de ellos están hoy con nosotros y nos dicen lo mismo, que aquí no se gobierna pensando en todos los ciudadanos, sino en una parte.

Lo demuestran, al menos, tres cuestiones de estricta actualidad. La primera es la rebaja de los delitos de sedición, que no está motivada por la preocupación o la petición de una inmensa mayoría de la opinión pública española sino, únicamente, por los representantes políticos de ERC, un partido cuyos máximos líderes han sido condenados por el Tribunal Supremo tras su intentona golpista del 1 de octubre de 2017. Claro que se da la nada irrelevante circunstancia de que es de ellos de quien depende la permanencia de Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno, como bien se encarga de recordar Gabriel Rufián en el Congreso -con delectación evidente y tratando de esconder una sonrisa malévola-, cada dos por tres al presidente y al partido que teóricamente lo sostiene en el gobierno, el PSOE. Vamos, que está más que cantado que tendremos que tragar también con esas modificaciones “quirúrgicas” y a la carta para que Sánchez continúe hasta el final de la legislatura en Moncloa.

La segunda cuestión, afortunadamente todavía en estado de sugerencia, no de imposición, la apuntaba la portavoz del gobierno tras uno de los consejos de ministros reciente. Me refiero a la obligación que, a su juicio, habría de haber en todos los medios de comunicación españoles para incluir en sus minutos de emisión o en sus páginas electrónicas o de papel, de un apartado específico que recogiese el punto de vista gubernamental sobre los asuntos que este considerase. Se pondría así en el precipicio, si no de la legalidad, al menos en el de figurar en el punto de mira del gobierno a todo aquel medio que pusiese en evidencia que una cosa es predicar y otra dar trigo. En otras palabras, que una cosa es lo que el gobierno dice –generalmente a base de eslóganes y de superproyectos propagandísticos y rimbombantes que al final quedan en nada-, y que, acumulados día tras día, hacen que el ciudadano acabe por olvidar todos ellos. De seguir por ese camino, pues, volvería a resucitarse en el panorama de la comunicación española el NODO y el “Parte”, que es como se llamaba, respectivamente, a ese reportaje noticioso que se obligaba a ver a los espectadores de cine antes de comenzar cada película, y los diarios hablados de Radio Nacional de España en tiempos de Franco.

La tercera -no por haber adquirido ya solera ha dejado de practicarse, sino todo lo contrario-, es la mentira permanente y sistemática como forma de gobierno, que, al parecer, la gente acepta sin pedir responsabilidad alguna a quién la genera, la difunde y la sostiene. Comenzamos con la mentirijilla de la autoría de la tesis doctoral de Sánchez, las falsas promesas lanzadas en plena campaña electoral (no pactaré con Bildu, se lo repito una y mil veces, no pactaré con Bildu….; no podría dormir si tengo que gobernar con Pablo Iglesias…; no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas…), y, más recientemente, tratar de justificar la rebaja del delito de sedición en aras de una supuesta equiparación con los ordenamientos jurídicos de otras naciones europeas, a sabiendas de que esa es una falsa premisa que lo único que busca es minimizar el impacto electoral de una decisión como es la amnistía encubierta a los dirigentes condenados de ERC.

De la modificación del delito de malversación en el Código Penal, ya ni hablemos. He llegado , incluso, a oir por teóricas voces autorizadas que ese delito depende de la finalidad con que se llevara a cabo y del destino final de las cantidades malversadas, desvinculándolas así del mero hurto de fondos de la hacienda pública, es decir, de todos nosotros. Así se empieza y , al final, no se sabe muy bien dónde se podría terminar… Por ejemplo, justificando la malversación de “los nuestros” y culpando siempre la de los otros.

En definitiva, que parece que aquí todo vale para poder enterrar a Montesquieu y poner en práctica esa ruptura constitucional de facto aunque no se produzca a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución de 1978 -el bloque de izquierdas no es numéricamente suficiente para hacerlo-, sino soslayándola a través de mecanismos de dudosa constitucionalidad y de ataques permanentes a cuantas instituciones pretendan no doblegarse a las firmes e inequívocas pretensiones sanchistas de transformar la estructura política e institucional de España. La oposición en pleno, hasta el momento, no ha demostrado tener capacidad para impedirlo y Pedro Sánchez aún tiene un largo año por delante para seguir persiguiéndola.
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