El PSOE reclama una aplicación radical de las incompatibilidades en el Congreso para que se cumpla el principio de "dedicación absoluta al escaño". El partido socialista ha bloqueado la aprobación del primer informe de actividades de los diputados en esta legislatura, ya que, a su juicio, el Congreso lleva tiempo siendo "muy laxo" con los trabajos o ingresos de los diputados al margen del escaño. El PSOE quiere imponer incompatibilidades que afectarían a 39 diputados, de los que 20 pertenecen al PP, 11 a Unidos Podemos, 6 a Ciudadanos y 2 a ERC. Dos de estos diputados de Unidos Podemos son Juantxo López de Uralde y Rosa Martínez, de EQUO, por lo que esta formación ha remitido un comunicado en el que explica ambos casos y critica, en palabras de López de Uralde, la "hipocresía del PSOE" respecto a las incompatibilidades, ya que es el mismo partido "que ha alimentado las puertas giratorias y sus ex ministros se sientan en consejos de administración de empresas eléctricas".
La Comisión del Estatuto del Diputado, que preside el 'popular' Leopoldo Barreda, se reunió la pasada semana para cerrar ese informe de actividades de los diputados en esta legislatura, y todo hacía pensar que iba avalar las actividades extraparlamentarias de sus señorías siguiendo los criterios de pasadas legislaturas. Sin embargo, el PSOE rechazó dar su visto bueno e incluso avisó de que forzaría una votación personalizada en el Pleno del Congreso para obligar a la Cámara a pronunciarse caso por caso, lo que frenó la aprobación del dictamen y los grupos acordaron darse tiempo.
El portavoz socialista, Luis Carlos Sahuquillo, esgrime el artículo 157 de la Ley Electoral que exige "dedicación absoluta" y reclama una interpretación radical de ese principio, limitando al mínimo las actividades extraparlamentarias que pueden autorizarse excepcionalmente.
Ese artículo 157 de la Ley Electoral establece que:
1. El mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución y en la presente Ley.
2. En virtud de lo establecido en el apartado anterior, el mandato de los Diputados y Senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarias o cualquier otra forma. En caso de producirse el pase a la situación administrativa o laboral que corresponda en aquéllos, deberá garantizarse la reserva de puesto o plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación.
El régimen de dedicación absoluta y de incompatibilidades previsto en esta Ley será aplicable sin que en ningún caso se pueda optar por percepciones o remuneraciones correspondientes a puestos o cargos incompatibles.
3. En particular, la condición de Diputado y Senador es incompatible con el ejercicio de la función publica y con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio o en los presupuestos de los órganos constitucionales, de las Administraciones Públicas, sus Organismos y entes públicos, empresas con participación pública directa o indirecta, mayoritaria, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los mismos.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los parlamentarios que reúnan la condición de Profesores Universitarios podrán colaborar, en el seno de la propia Universidad, en actividades de docencia o investigación de carácter extraordinario, que no afecten a la dirección y control de los servicios, pudiendo sólo percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecida.
Mientras la actividad docente quedaría excluida del régimen de incompatibilidades, todas las actividades que supongan relación con la administración pública, o con entidades con "objeto fundamentalmente financiero y que hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito", son expresamente incompatibles con el escaño.
Ante las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación sobre la autorización de las actividades de los diputados, Equo ha aclarado los casos que afectan a López de Uralde y Martínez.
"En el caso de Juantxo López de Uralde al que define como “propietario de central solar fotovoltaica” queremos aclarar que la instalación a la que se refiere se trata de 2 placas solares de 9 piezas cada una, instaladas en 2003 destinada al autoconsumo y conectadas a la red. Al estar conectadas a la red y producir energía que vuelca a la red eléctrica las placas han generado ingresos por valor de 946 € en 2016; pero en ningún caso se trata de una central, sino de una instalación de 2,5 kw, que cubre las necesidades de una vivienda".
Equo recuerda que "la confusa legislación referente a las energías renovables en nuestro país hace que para dar de alta este tipo de instalación sea necesario hacerlo como actividad económica, incluso cuando el objetivo de la instalación sea el autoconsumo. Lo cual pone de manifiesto las trabas legales hacia las energías renovables y en concreto al autoconsumo".
Respecto a las informaciones que se refieren al cobro por participar en la actividad de medios de comunicación privados, Equo asegura que "Juantxo López de Uralde no ha cobrado nunca por asistir o colaborar cuando se le ha invitado, y manifiesta que así seguirá siendo".
"Me parece una hipocresía por parte del PSOE pretender que tener 2,5 kw de placas solares es incompatible con ser diputado, mientras ellos han alimentado las puertas giratorias y sus exministros se sientan en consejos de administración de empresas eléctricas. Este hecho demuestra una vez más las dificultades para ser autoconsumir energía solar, mientras las energías sucias tienen campo libre”, ha manifestado López de Uralde.
En el caso de la diputada, y también coportavoz, Rosa Martínez, "incluida por conferencias y cursos, percibiendo compensación de fundación privada, queremos incidir en que la conferencia se situaba en el contexto de un un curso universitario, y por lo tanto se considera como actividad docente. Igualmente, queremos aclarar que a la espera de autorización pertinente no ha percibido ninguna compensación".
"Nos atendremos a lo que dicte la Comisión del Estatuto, como no puede ser de otra manera. Pero me parece indigno que un ejercicio de transparencia como este se utilice como un ataque político" ha declarado Martínez.
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