Los 11 puntos del documento negociador de Rajoy que Ciudadanos ya está estudiando

Este documento incluye medidas urgentes para poner en marcha la legislatura, como el techo de gasto y los Presupuestos, y una decena de prioridades en materia de educación, financiación autonómica, pacto de Toledo, terrorismo, violencia de género, debate territorial o fortalecimiento institucional. Precisamente, en este último apartado el PP ve "necesario fortalecer las instituciones" y "reforzar el vínculo democrático" con reformas que contribuyan a "fortalecer la calidad de la democracia, la eficacia e independencia de la Justicia, la buena gestión en el sector público y la transparencia y la ejemplaridad".

Después de que Ciudadanos haya atacado duramente al PP por los casos de corrupción que han afectado a este partido, los 'populares' ven "posible alcanzar un amplio acuerdo por la regeneración" que refuerce los mecanismos de lucha contra la corrupción. También plantea regular la actuación de los lobbies, reducir los aforamientos o abrir una reflexión sobre el sistema electoral para favorecer la participación de los ciudadanos, especialmente los que viven fuera de España.

Los puntos clave del documento

Las prioridades que ha expuesto Mariano Rajoy en el documento que ha entregado esta mañana a Albert Rivera son las siguientes:

- Medidas urgentes para poner en marcha la Legislatura: Aprobación por el Parlamento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y el límite de gasto no financiero del Estado (el conocido como techo de gasto); Aprobación de los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria acordados con la UE, que incluirán la corrección de la normativa sobre pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades; y aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

- Medidas para mantener el pulso de la recuperación y favorecer la creación y la calidad del empleo. Plantea dialogar sobre el refuerzo de los mecanismos de inserción e intermediación laboral, la revisión de las políticas activas, la modernización de los servicios públicos de empleo, el refuerzo de la formación, y la lucha contra la dualidad, la precariedad y el fraude en el ámbito laboral. También habla de avanzar en la racionalización de horarios.

- Alcanzar un Pacto Nacional de Educación y por la Ciencia. El sistema educativo debe contar "con la necesaria estabilidad" para priorizar políticas que mejoren su calidad a todos los niveles. Ve también necesario el refuerzo y reconocimiento del papel de los docentes y extender ese pacto nacional a la modernización de la formación profesional y de las universidades. Igualmente ve "conveniente promover un gran acuerdo sobre la ciencia" para impulsar la inversión en I+D+i.

- Financiación autonómica y garantía de los servicios públicos:
La necesaria reforma del sistema de financiación autonómica es, según el PP, la ocasión de acordar un modelo que garantice un ritmo de crecimiento estable del gasto en los servicios básicos y la suficiencia en los ingresos, y asegure que todos los ciudadanos puedan acceder al mismo nivel y calidad de servicios, en todo el territorio nacional.

- Pacto Social para garantizar el Estado del Bienestar: Defiende adoptar medidas que contribuyan a mejorar la atención sanitaria, dialogar sobre la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia y asegurar el acceso a unos servicios sociales de calidad, en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. También plantea adoptar medidas frente a la exclusión social, reforzar los mecanismos de integración y atender a situaciones específicas como la pobreza energética.

- Pacto de Toledo: Para garantizar el futuro de las pensiones propone abrir un diálogo en el marco del Pacto de Toledo, de forma que se garantice tanto la suficiencia de las prestaciones como la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

- Acuerdo Nacional contra la Violencia de Género con la implicación de todas las fuerzas políticas, Administraciones Públicas, instituciones y entidades sociales, y la participación de toda la sociedad civil.

- Compromiso Europeo. La pertenencia a la UE exige el cumplimiento de compromisos como los derivados del procedimiento de déficit excesivo y la trasposición del derecho comunitario. Señala que hay que preservar y extender el consenso hasta ahora logrado para fijar una posición común en el debate europeo, en particular en lo que afecta a su diseño de futuro (negociaciones Brexit) o a los grandes temas abiertos en su seno (inmigración y refugio, planes de inversiones, unión bancaria y fiscal, agenda digital, unión energética, lucha contra el cambio climático o consecución de acuerdos comerciales con terceros, etc.).

- Lucha contra el terrorismo. Defensa del Pacto contra el terrorismo yihadista, manteniendo en todo caso la unidad de los demócratas frente al terrorismo.

- Marco de entendimiento ante el debate territorial. El PP cree que es "esencial" y "posible" promover un marco de entendimiento de los partidos constitucionalistas a la hora de dar respuesta a los retos que plantea el debate territorial.

- Fortalecimiento institucional. El PP considera "necesario fortalecer las instituciones" y "reforzar el vínculo democrático entre los ciudadanos y sus representantes", así como avanzar en el desarrollo de reformas que contribuyan a "fortalecer la calidad de la democracia, la eficacia e independencia de la Justicia, la buena gestión en el sector público y la transparencia y la ejemplaridad, como principios rectores de todas las instituciones".

Lucha contra la corrupción

"Consideramos que, desde esta convicción, es posible alcanzar un amplio Acuerdo por la Regeneración, que refuerce los mecanismos de lucha contra la corrupción y avance en nuevas áreas que precisan de un compromiso reforzado", añade.

Además, ve necesario regular, dentro de ese marco de acuerdo, la actuación de los lobbies o grupos de interés, reducir los aforamientos, garantizar la no concesión de indultos a los condenados por corrupción, avanzar en la "dinámica abierta" por la Ley de Transparencia, incrementar los controles en la contratación de las administraciones o en la concesión de subvenciones, reforzar los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal; y abrir una reflexión sobre el sistema electoral que favorezca la participación de los ciudadanos, especialmente los que residen fuera de España.