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acuerdo UE Turquía

> Entre 2015 y 2017, el Gobierno de Rajoy debía tramitar 19.449 solicitudes de asilo

Primera condena de un tribunal nacional europeo a un país por incumplimiento del acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía en 2015 como respuesta a la emergencia humanitaria de la crisis de refugiados. El Tribunal Supremo ha condenado al Estado español "por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados procedentes de Grecia y de Italia", de los que sólo llegaron el 12,8% hasta 2017. El Gobierno de Mariano Rajoy aceptó la cuota de acogida asignada por la Unión Europea, pero hasta marzo de este año, expirado ese plazo con creces, solo habían sido reubicadas 2.500 personas. El Supremo defiende que pese a haber concluido el plazo, se mantiene la obligación de acogida.

Este martes termina el plazo fijado por la Unión Europea para reubicar a 160.000 refugiados, pero la realidad no puede ser más desalentadora: apenas se ha llegado a un tercio de lo establecido aquel 26 de septiembre de 2015. La Unión Europea no ha cumplido, pero tampoco ha obligado a cumplir a sus estados miembros, de hecho España sólo ha recibido al 13,7% de los 17.337 refugiados que se comprometió a reubicar y reasentar. Ante esta situación, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos europeos que den un paso adelante y que acepten a personas con necesidades de protección que están en Italia y Grecia por otros medios, como visados de trabajo y procedimientos rápidos de reagrupación familiar.

> Turquía logrará el fin de los visados a más tardar en junio

La Declaración UE-Turquía estableció que, a partir del 20 de marzo, todos los nuevos migrantes irregulares y aquellos con solicitudes de asilo inadmisibles llegados a Grecia desde Turquía serían devueltos a cambio de un reasentamiento 1 por 1 desde este último país. Sin embargo, la UE está lejos de cumplir su compromiso, como pone de manifiesto el primer balance de la gestión de reubicación.

> Con este pacto, se les considera "inmigrantes sin papeles" y no demandantes de asilo político

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han logrado un principio de acuerdo con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a "todos los inmigrantes" -incluidos los demandantes de asilo sirios-, que lleguen a la UE a través de este país, a cambio de que los Estados miembros reubiquen a un número equivalente de refugiados asentados ya en Turquía.

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Los medios de comunicación no hablan de ello a diario, pero la crisis de refugiados que huyen del terror en Siria continúa, mientras la comunidad internacional sigue mirando a otro lado. Si las instituciones no están, ni mucho menos, a la altura de las circunstancias, la sociedad civil no ha parado de crear iniciativas y proyectos solidarios, de forma paralela al trabajo que realizan las ONG. Iniciativas como 'A coffee for refugees’, los bomberos 'G-Fire', redes locales y regionales de acogida, o recogidas de firmas para reclamar un trato digno para los refugiados, son sólo algunos ejemplos de la oleada de solidaridad ciudadana. 'Abriendo fronteras' es una organización que agrupa una veintena de colectivos de toda España, que iniciará este sábado la 'Caravana a Grecia', que pretende visibilizar la situación de los refugiados que llegan a la costa griega y denunciar la labor de los gobiernos europeos ante esta crisis humanitaria.

Las llegadas de inmigrantes y refugiados en embarcaciones a Grecia procedentes de Turquía parecen haberse reanudado, con unas 150 nuevas llegadas diarias, lo que indica que el "sellado hermético" de esta ruta parece haber terminado, ha señalado este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ante la polémica originada por el destino de los refugiados que entraban en el acuerdo firmado entre la UE y Turquía, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha afirmado ante el Pleno del Congreso que España actúa "con responsabilidad y solidaridad" en la crisis humanitaria en Europa y que "logró" que el acuerdo recogiese expresamente la prohibición de las devoluciones masivas de refugiados.