Algarrobico

La Junta andaluza ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que expida una "autorización de entrada" en los terrenos donde se levanta el hotel de Azata el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para "tomar posesión de la finca" y "dar, así, cumplimiento" al protocolo firmado en 2011 con el Ministerio de Medio Ambiente que contempla la demolición del inmueble y la recuperación de la playa.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha aclarado este miércoles que fue el Gobierno del PP en 2002, con José María Aznar como presidente y Rodrigo Rato como ministro de Economía, el que subvencionó el hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), con 2,8 millones de euros, y no la Junta de Andalucía, motivo por el que ha criticado "el cinismo" de los 'populares'.

La Junta de Andalucía va a proceder a la inscripción registral de varias fincas del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) sobre las que ejerció derecho de retracto en 2006 por 2,3 millones de euros, lo que supone que se "formaliza" la titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.

La licencia municipal de obras concedida en 2003 al Azata del Sol para construir el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Un centenar de activistas de Greenpeace han dado por finalizada la acción que desde este domingo iniciaron en el polémico hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), en el que han pintado sobre su fachada un gran punto negro de unos 8.000 metros cuadrados sobre el que se puede leer "hotel ilegal" a fin de llamar la atención sobre este espacio y exigir el desmantelamiento del inmueble promovido por Azata.

Los titulares de los inmuebles afectados por la Ley de Costas de 1988 podrán renovar su concesión por un plazo de 75 años que empezarán a contar cuando venza el permiso que tienen en vigor, pero para hacerlo, habrán de pagar un canon que se determinará reglamentariamente y que variará en función de si se trata de una vivienda familiar o de un establecimiento comercial.