Consejos consultivos autonómicos

Los Consejos Consultivos autonómicos son 'órganos auxiliares' que velan por el cumplimiento de la Constitución y las leyes y emiten resoluciones que no tienen carácter vinculante, su composición y el gasto que suponen para las arcas públicas desataron la polémica sobre la necesidad de contar con estos organismos en todas las comunidades, más aún cuando, la mayoría de sus puestos son ocupados por ex altos cargos públicos, lo que convierte a estas instituciones en 'cementerios de políticos'. La Comunidad de Madrid ya ha aprobado el proyecto de supresión de su Consejo, y ahora el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confirmado que el Consejo Consultivo de la región se "suspenderá" de sus funciones a partir del 1 de enero de 2016 "por razones no sólo económicas, sino de homogeneidad de las normas de un país en el que existen 17 comunidades autónomas".

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes el proyecto de supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y su remisión a la Asamblea regional, donde será tramitado por procedimiento de lectura única. La supresión de este organismo, que supondrá un ahorro de 2,3 millones de euros, atiende a un compromiso electoral del PP y supone también el cumplimiento del punto número 9 del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos, ha afirmado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

¿Qué son los consejos consultivos autonómicos?, ¿cuáles son realmente sus funciones? , ¿qué tipo de personas integran estos organismos?, ¿qué gasto suponen para el erario público? Estas son algunas de las preguntas que han comenzado a plantearse los ciudadanos de a pie a raíz de la reubicación del ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

Tras la rápida reubicación del ex ministro Gallardón en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, se ha puesto la mirada sobre esas instituciones semidesconocidos para el español medio, y cuya tarea principal ha de ser velar por la adecuación a la Constitución de los proyectos que impulse un Parlamento autonómico.

La autonomía de Cantabria con su Estatuto en vigor desde el 31 de enero de 1982 -el quinto de los aprobados por las Cortes Generales- discurre por unos niveles de racionalidad en el gasto que no se han salido "de madre" como en otras Comunidades Autónomas. Desde la definición de una autonomía funcional y práctica, aquí no hemos tenido excesos en cuanto a creación de estructuras. No hay Consejo Consultivo, ni Defensor del Pueblo, ni tampoco televisión autonómica. Se puede afirmar que estas instituciones o entes no están ni se esperan, ya que en su momento se acordó su no inclusión en el Estatuto y en su reforma de 1998. Sí se incluyó como institución el Consejo Económico y Social, que desapareció en los inicios de la presente legislatura autonómica. 

Cataluña no tiene un Consejo Consultivo al estilo del que ha dado cobijo a Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid. Pero eso no significa que la Generalitat no disponga de un amplio abanico de consejos, o chiringuitos, de dudosa o ninguna utilidad. Durante la etapa del segundo tripartito, José Montilla creó organismos de este tipo a mansalva. Y fue muy criticado por la prensa. Por eso, cuando Artur Mas llegó al poder y lo primero que hizo fue poner en marcha un nuevo consejo, el de la Transición Nacional, insistió por activa y por pasiva en que sus miembros no cobran. Están ahí por amor a la patria y, quizá, por alguna que otra prebenda que no tiene forma de salario público.

La reciente incorporación del ex ministro Alberto Ruiz Gallardón al Consejo Consultivo de Madrid, con sueldazo incluido, ha puesto el foco en estos órganos autonómicos creados en el inicio del Estado de las Autonomías como complemento territorial al Consejo de Estado. Pero en Castilla-La Mancha, el Consejo Consultivo no se ha convertido como ha ocurrido en otras Autonomías del país en un 'cementerio' de viejas glorias políticas. De este órgano, cuyo primer ejercicio data de 1996, la presidenta regional Dolores de Cospedal, dijo el pasado mes de junio que su labor "callada y constante" tiene por objeto "velar por la legalidad". Pero... ¿Para qué sirve y cuánto nos cuesta?

Ha sido gracias al caso polémico de la incorporación del dimisionario ministro Alberto Ruiz-Gallardón al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid el que ha destapado el interés por un auténtico despilfarro de dinero público en una serie de organismos consultivos que la práctica totalidad de las autonomías mantiene. Desnudamos el mapa nacional de los consejos consultivos.